Cada corruptela es un atentado contra el contribuyente, quien, sudoroso y atribulado, paga al Estado al final de la jornada una parte de lo que gana. Que a nadie se le olvide esto, dado que, entonces, no entenderá en su plenitud la gravedad de estos hechos.
Las corruptelas pueden ser pequeñas, de las que se realizan con una pistola de perdigones; o grandes, que equivalen a dispararle con un cañón. Son igual de graves en todos los casos porque suponen un robo. Un trinque. Choriceo al por menor o al por mayor. En Radiotelevisión Española las hay de varios tipos y nadie dentro lo puede negar. Existen las mínimas, como puede ser la de compartir vehículo con otras tres personas en una Vuelta Ciclista a España; y que cada uno de los ocupantes reclame kilometraje a la empresa...; y también se producen las más graves, como son las que realizan los partidos políticos, que maniobran y conspiran sin miramientos para apropiarse de un servicio público que cuesta 1.200 millones de euros anuales.
Luego están las chanchulleras. Las de siempre. La del hijo de líder sindical que se presentó a un proceso de oposición hace unas semanas y obtuvo 73,75 puntos, es decir, la tercera calificación más alta, empatada con la cuarta. Dado que la corrupción empieza desde la 'bolsa de empleo', son muchos los que han entrado a dedo en los últimos años y han sumado una serie de méritos que les hacen partir con cierta ventaja en los exámenes que se celebran estos días para entrar en RTVE. Si a eso le sumamos que se ha detectado un intento de amaño, que podría no ser el único, podemos concluir que la corporación es una ciénaga de unas dimensiones considerables. Y el barro lo asumen los pagadores de impuestos... esos que se destinan a la sanidad, a la educación..., pero también a agrandar la panza de los mafiosillos sindicales.
Alto, policía
Echaba un vistazo estos días a la denuncia que presentó Radiotelevisión Española en comisaría tras la filtración masiva de preguntas del examen de 'informador' y nada resultaba sorprendente, dado que hay algunos sindicatos mayoritarios que han intentado dirigir este proceso desde que comenzó a gestarse, cosa que sucedió hace más de tres años. De hecho, las presiones que ejercieron para intentar privilegiar a los interinos -enchufados muchos- provocaron que el asunto terminara en manos de la Audiencia Nacional. Todo, por cierto, con el consentimiento cómplice de algunos directivos.
La policía registró la denuncia por el pufo del pasado domingo a las 14.51 horas. La presentó Ernesto Millán, el director de los Servicios Jurídicos de la corporación, después de haber sido informado por una de la vocales del Tribunal -que fue Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas, como adelantó El Mundo- de que se habían filtrado casi todas las preguntas de la prueba.
RTVE no descarta que esas preguntas circularan por otras vías y así lo investiga estos días (cómplices son todos los que recibieron la información y no denunciaron), pero en la citada demanda se hace referencia a un documento de dos páginas, manuscrito, del que tuvo constancia a las 23.06 del sábado la persona que dio la voz de alarma, que llamó a otro de los miembros del tribunal, Esteve Crespo, antiguo director de Informativos y quien también había sido elegido por la empresa para el jurado.
A las 23.16 se reunieron junto a Ónega y otros dos vocales para tomar consciencia del alcance de la 'avería' y comprobaron que en algunos casos se habían filtrado enunciados y respuestas; y, en otros, tan sólo un esbozo de las preguntas. Es decir, quien ideó aquello, lo hizo de memoria. De forma bastante cutre y de fácil detección, dado que quien investigue estos hechos podría adivinar quién fue mediante una prueba caligráfica.
La persona de la que sospecha todo el mundo en RTVE trabaja en el norte de España, pero anteriormente lo hizo en una delegación del sur. Hubo un conocido suyo de este centro de trabajo que recibió este documento -aparentemente, de la principal persona sospechosa- y se lo comunicó a su superior, quien, por cierto, es como el militar que espera frustrado el cambio de plaza, que no llega y que le mantiene enfadado y agobiado. De esa persona surgió la llamada a Torrespaña, que fue la que desencadenó el proceso. El chivatazo definitivo.
Cuatro años de cárcel
¿Qué le puede ocurrir al filtrador? Es difícil de saber. Un sindicato estima que el fiscal podría solicitar hasta cuatro años de cárcel por estos hechos, en caso de que se demostrara su autoría. ¿Se puede dar esta pista por definitiva? Conviene ser prudentes y evitar caer en la trampa de las guerras sindicales, pero fuentes de Prado del Rey -altos directivos- inciden en que existen indicios muy claros sobre lo que sucedió.
Entre medias, el pasado miércoles, varios representantes del Comité Intercentros se reunieron para abordar este asunto, así como para debatir sobre las medidas que se pondrán en marcha para evitar la fuga de datos en la nueva convocatoria del examen, fijada para el 2 de noviembre.
Durante el encuentro, un representante de CGT distribuyó una hoja entre los presentes para emplazar a asumir un compromiso. Es el de abonar los gastos económicos derivados de la suspensión del examen en caso de que se demuestre que la filtración de las preguntas fue cosa de uno de sus miembros en el tribunal. Los representantes de UGT y del Sindicato Independiente se negaron a firmar.
Tanto CGT como USO se han cansado en estos años de denunciar los chanchullos de los sindicatos mayoritarios. Lo han hecho en ocasiones como, por ejemplo, cuando este periodista publicó que, entre 2015 y 2018, cada liberado sindical de RTVE generó gastos en manutención, dietas y alojamientos de 850 euros mensuales. Durante la pandemia, gastaron un total de 400.000 euros.
Los reyes del mambo
Cualquier directivo de la casa es consciente de la capacidad de presión de la que disponen en la corporación los representantes de los trabajadores más conocidos. Son como reyezuelos que controlan marcas y plazas; y que son capaces de amenazar (y testimonios tengo) a quien, por ejemplo, se presenta a un concurso de traslados y puede arrebatar la plaza a 'su hombre'. Hay quien en los últimos tiempos se ha afiliado a alguna de estas fuerzas para tener más opciones de conseguir plaza en las oposiciones. Es un secreto a voces en RTVE. También el hecho de que existen academias que han formado a los opositores y que no están desligadas de algunos de los sospechosos más habituales en la corporación.
Sería una pérdida de tiempo preguntarse si esto sucede en otras empresas públicas porque la respuesta es evidente. Sería más útil -y frustrante- recordar quién paga los trinques de esta gente e incluso plantearse si los gobernantes están al tanto de todo esto.
Porque hay un episodio que suele pasar desapercibido, pero tiene más importancia de la que parece. En abril de 2019, Pedro Sánchez intentó librarse del debate que estaba previsto emitir en Atresmedia mediante una triquiñuela lamentable. Exigió a Rosa María Mateo -entonces administradora única de RTVE- que cambiara de fecha el debate que se iba a celebrar en La 1 para hacerlo coincidir con el de Antena 3, dado que sólo quería comparecer un día, ante el riesgo de tropiezo que intuían sus asesores.
A la vista de ese intento de manipulación, la entonces jefa de Informativos de TVE, Begoña Alegría, y algunos otros rostros visibles de Torrespaña pusieron el grito en el cielo, lo que generó un escándalo que, en realidad, fue el que más afectó a aquella campaña electoral, previa a las generales. Se dieron cuenta entonces en Moncloa de que el color morado tenía mucho peso en la televisión pública y que había que actuar para sustituirlo por el rojo. Al poco tiempo, aterrizó Enric Hernández por allí, como jefe de Informativos, mientras voces como las de José Miguel Contreras ganaban peso de forma directa o indirecta; y mientras se aprovechaban las prejubilaciones y jubilaciones para sustituir a los de antes por otros. Muchas veces, apadrinados por el mismo sindicato.
Y ahora... se celebran exámenes de oposición y se han descubierto cosas que no gustan a nadie. A nadie, salvo a quienes han consentido durante este tiempo, se supone.
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hace 3 meses
Ojalá se llegue a practicar la prueba caligráfica y su resultado sea inequívoco