Lo que ha caracterizado sobre todas las cosas la actuación de Álvaro García Ortiz desde su nombramiento como fiscal general del Estado en agosto de 2022 ha sido su fidelidad al Gobierno, y a la persona que le propuso para el cargo, su anterior jefa, Dolores Delgado.

En la mañana del 16 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha comunicado su decisión de abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. La imputación se ha acordado por unanimidad de los cinco magistrados que componían la sala (Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo –ponente– y Carmen Lamela). No ha habido fisuras, pues, a la hora de dar un paso que cabe calificar de histórico, por cuanto nunca antes un fiscal general había sido investigado por el Supremo.

La Sala Segunda estima que hay suficientes indicios como para estimar que el fiscal general vulneró el derecho de defensa de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso), al hacerse públicos por orden suya los correos entre el abogado de este, Carlos Neira, y el fiscal que llevaba el caso, Julián Salto.

Lo hechos sucedieron en el mes de marzo de este año. La nota de prensa, a instancias del fiscal general, se hizo pública el día 14 de ese mes, y era la respuesta a una noticia publicada por El Mundo unas horas antes, en la que se daba cuenta de un posible acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el presunto defraudador.

La fecha es importante porque enmarca lo sucedido en un contexto político complicado para el Gobierno. El 14 de febrero se aprobó en el Congreso la ley de amnistía, que no sólo concitó el voto en contra del PP y de Vox, sino el rechazo de la mayoría de los ciudadanos, incluidos los votantes del PSOE. El día 21 de febrero se produjo la detención de Koldo García, el hiperactivo asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y, tal vez lo más importante, el 29 de febrero El Confidencial comenzó a publicar informaciones que afectaban directamente a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Viendo su trayectoria, no extraña que García Ortiz se empleara con tanto afán en "ganar la batalla del relato" a favor de Pedro Sánchez

En ese contexto, la investigación de Hacienda al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "la jefa", como la califica Pedro Sánchez, cobraba un valor extraordinario. Por ello, la Fiscalía filtró de manera inmediata la noticia que, previamente, García Ortiz había transmitido al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En efecto, el 12 de marzo elDiario.es publicaba en exclusiva que el novio de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid "por defraudar a Hacienda 350.000 euros" a través de una de sus empresas, que se dedicaba a intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. ¡Lo que salió de la boquita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero!

Un día después, el 13 de marzo, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso "un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras se judicializa el caso".

Esa exclusiva neutralizaba en gran medida los efectos de la bomba lanzada por elDiario.es. Ante esa situación, el fiscal general del Estado desplegó toda su capacidad de influencia y de mando para que la Fiscalía "ganara el relato". Es decir, para convertir a González Amador en un defraudador confeso que pedía clemencia a la Fiscalía para no ingresar en prisión.

La difusión de la nota de prensa para "ganar el relato" se hizo contra el criterio de la Fiscalía de Madrid, y en ella se transcribieron entrecomillados de los correos entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador.

¿Quién ganó la "batalla del relato"? No se sabe muy bien. Pero lo que ha quedado claro es que el fiscal general del Estado bordeó –como mínimo– la legalidad con tal de que en la opinión pública se hablara tanto de los trapicheos del novio de Díaz Ayuso como de las tropelías de Ábalos o los negocios de la esposa del presidente.

Viendo la trayectoria de García Ortiz no sorprende su disposición a poner la Fiscalía General al servicio de los intereses del presidente del Gobierno.

El 19 de junio de 2024, García Ortiz logró con su voto y el de su patrocinadora, Dolores Delgado, sacar adelante una votación en la Junta de Fiscales de Sala sobre la amnistía (19 votos a favor, 17 en contra).

El 6 de mayo de 2024, el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ya el 21 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo había anulado también el ascenso –a propuesta suya– de Dolores Delgado como fiscal de sala. Una sentencia en la que el Supremo acusó a García Ortiz de "desviación de poder". Fue esa sentencia la que llevó al pleno del Consejo General del Poder Judicial (30-11-2023) a declarar "no idóneo" su nombramiento al frente del Ministerio Público.

En fin. Este este es el perfil del hombre que está en la cúpula de la Fiscalía, que, en teoría, debe defender con independencia los intereses públicos. García Ortiz ya ha dicho que quiere seguir. ¡Faltaría más! Y el Gobierno ha dicho que respalda plenamente su decisión. ¿Dónde va a encontrar Pedro Sánchez un funcionario tan servil a sus intereses?