El juez Santiago Pedraz decidió ayer rechazar la querella presentada por el PP por presunta financiación ilegal contra el PSOE, basándose en una información periodística que narraba la confesión de un trabajador de la trama Koldo, sin identificar, que admitía haber llevado 90.000 euros en dos entregas a la sede el Partido Socialista de la calle Ferraz.

No creo que la noticia haya sorprendido a nadie, excepto tal vez a quienes la impulsaron. En estas páginas ya mostré mis dudas sobre el recorrido de la querella, toda vez que no aportaba nada más que la noticia ofrecida en exclusiva por The Objective. Preguntado por un amigo escéptico, Borja Sémper, que fue el que físicamente llevó el escrito a la Audiencia Nacional, sobre las posibilidades que tenía de prosperar, el portavoz del PP respondió con rotundidad que "en esta piscina hay agua". Pues bien, no había agua.

El PP ha cometido un grave error. Primero porque ha desviado la atención de un caso que ya de por sí tiene suficiente calado. El informe de la UCO sobre la trama en la que aparece el ex ministro Ábalos como "jefe" incorpora suficientes datos como para evidenciar un complot de corrupción en las más altas esferas del PSOE y del Gobierno, que, de hecho, ya se está investigando. En segundo lugar, porque era dar un paso más -innecesario- en la judicialización de la política, o, lo que es lo mismo, en la tentación de algunos políticos de descargar su responsabilidad en los jueces. Y, en tercer lugar, porque de hacerse tiene que hacerse bien, y en este caso se ha demostrado que no había base real para iniciar una acción penal.

El trabajo periodístico y la acción penal son cosas bien distintas. Una información puede ser la base para interponer una querella, pero necesita de un sustento probatorio que esta no tenía. En todo caso, el PP no puede comportarse como un sucedáneo de Manos Limpias.

El PP no puede comportarse como si fuera el sucedáneo de Manos Limpias

El juez Pedraz ha rechazado la querella por la sencilla razón de que no añadía nada a lo ya publicado. Se basa el instructor del Juzgado cinco de la Audiencia Nacional en la doctrina del Tribunal Supremo. Cita Pedraz un auto del 15 de febrero de 2021 de la Sala Segunda, cuyo ponente es Manuel Marchena. El citado auto versa sobre una querella nada más y nada menos que contra el rey don Juan Carlos. Los querellantes eran, entre otros, el Partido Comunista y Òmnium Cultural. Estos acusaban al emérito de haberse apropiado del dinero obtenido de forma ilícita de las fundaciones Zagatka y Lucum, que, además, se ocultó a Hacienda.

Los querellantes aportaban una retahíla de artículos publicados en esas fechas. La Sala Segunda acordó el archivo de las actuaciones porque "con carácter general una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes de la acción penal". Y remata el auto del Supremo: "La acción popular no puede denigrar el papel relevante que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas penales".

En efecto, en este caso también, se ha "denigrado" el papel de acción popular y, lo que es peor, el PP ha dado la imagen de que con tal de atacar al PSOE vale todo. Una equivocación garrafal en un momento procesal poco oportuno.