Vivimos en una sociedad que tiende a mirar hacia otro lado ante los trastornos mentales graves (TMG). Sin ir más lejos, en España, uno de cada cuatro ciudadanos sufrirá problemas de salud mental a lo largo de su vida, y más de la mitad de quienes necesitan tratamiento no lo reciben. Este panorama convierte a los problemas de salud mental en la principal causa de discapacidad en el país y evidencia la urgencia de un cambio en nuestra forma de abordar y entender la salud mental. 

La doble amenaza: trastorno y estigma

Las personas que padecen trastornos mentales graves, que incluyen patologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastorno de depresión mayor, no solo se caracterizan por sus síntomas, sino que también se enfrentan a una implacable carga adicional: el estigma social. Los hombres o mujeres con esquizofrenia, por ejemplo, a menudo son vistos como amenazantes o peligrosos, cuando, en realidad, son más propensos a ser víctimas de violencia debido a su situación de vulnerabilidad. Esta percepción errónea agrava el aislamiento social y obstaculiza los procesos de recuperación, perpetuando un ciclo de marginación y, en ocasiones, de desamparo. 

El impacto de esta doble amenaza no solo se percibe en las relaciones interpersonales, sino también en la incapacidad para llevar una vida plena, mantener un empleo o desarrollarse académicamente. La combinación de la estigmatización y la falta de autonomía es especialmente peligrosa: entre el 40% y el 79% de las personas con esquizofrenia han experimentado pensamientos suicidas, mientras que el riesgo de suicidio en aquellos con trastorno de depresión mayor es veinte veces superior al de la población general.

Para reducir el estigma y contribuir a la mejora de la calidad de vida de estas personas, es necesaria la promoción de una mayor concienciación sobre los TMG para que la sociedad en su conjunto asuma su corresponsabilidad. La sensibilización y el entendimiento no solo contribuyen a la desestigmatización, sino que también permiten que las personas afectadas encuentren un entorno más favorable para su recuperación plena y desarrollo.

Si analizamos cómo influyen los determinantes sociales en los TMG, vemos, por ejemplo, que los problemas de salud mental graves son más prevalentes a medida que disminuye el nivel de rentas. En el entorno rural, la falta de recursos y la menor conciencia sobre estas cuestiones agravan la situación, reduciendo la posibilidad de recibir ayuda adecuada y aumentando el riesgo de aislamiento. En cuanto al género, la carga recae principalmente sobre las mujeres, quienes representan dos tercios de los cuidadores de personas con TMG, lo que aboca a muchas de ellas al desarrollo de enfermedades crónicas y situaciones de desempleo. La desigualdad en el cuidado y en el acceso a recursos es un desafío importante que requiere soluciones sistémicas.

Estas observaciones confirman que la salud mental no puede abordarse solo desde la perspectiva sanitaria. Necesitamos políticas intersectoriales y una coordinación efectiva entre distintos departamentos que aborden los determinantes sociales y creen un entorno más inclusivo y solidario para todos.

Necesidad de políticas y financiación

El movimiento colaborativo y de concienciación "MaravillosaMente", que agrupa a diferentes agentes de la sociedad para posicionar los trastornos mentales graves como una prioridad política y social, ha elaborado un Decálogo en el que establece propuestas concretas que, de adoptarse, supondrían un cambio significativo en la vida de las personas con TMG y de sus cuidadores y familias. Una de las medidas más urgentes es la incorporación de los TMG como ámbito prioritario dentro de un futuro Pacto de Estado por la Salud Mental o de la actualización del Plan de Acción 2025-27. Esto no solo garantizaría un acceso más equitativo y homogéneo a la atención, sino que también impulsaría la inversión necesaria en los servicios públicos para que estos trastornos se aborden de forma adecuada y coordinada en todo el territorio.

Otro punto crucial es la necesidad de mejorar la prevención y detección temprana. Llama la atención saber que muchos de estos trastornos comienzan en la niñez y adolescencia, y que la falta de intervención oportuna puede llevar a una cronicidad que afecta profundamente el desarrollo y la vida de los jóvenes. Por ello, es esencial avanzar en destinar recursos específicos a programas de prevención primaria, secundaria y terciaria, que aborden no solo la aparición de los TMG, sino también su tratamiento temprano y la promoción de la autonomía.

Si bien el acceso a una atención sanitaria de calidad es indispensable, no es suficiente. La inclusión social y laboral de las personas con TMG debe ser parte integral de cualquier estrategia de salud mental. Las personas con este tipo de trastornos enfrentan una tasa de desempleo significativamente alta, y aquellos que logran integrarse en el mercado laboral suelen hacerlo en condiciones precarias. Adaptar los modelos de inclusión sociolaboral existentes para que estas personas puedan recuperar su autonomía es crucial para fomentar una sociedad más justa y equitativa.

La implementación de estas políticas no solo beneficiaría a las personas con TMG, sino a toda la sociedad. Un país que garantiza el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas más vulnerables es un país que avanza hacia una verdadera cohesión social. 

Sin embargo, para que estos cambios sean posibles, es necesario un compromiso real por parte de las autoridades y la sociedad en general. No se trata solo de asignar presupuesto, sino de transformar la manera en la que entendemos y respondemos a los desafíos y necesidades en salud mental. 

Los trastornos mentales graves no son un problema aislado, sino una realidad social que requiere una respuesta colectiva y coordinada. Estos trastornos afectan a miles de personas, pero también a sus familias, amigos y comunidades. Es hora de romper el silencio, de derribar las barreras del estigma y de construir un futuro en el que la salud mental sea una prioridad genuina en nuestras políticas y en nuestra cultura.