El Baudó es uno de los ríos en los que las comunidades ancestrales resisten en medio de la guerra y el abandono estatal. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputa con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la subregión del Pacífico Sur el control de importantes corredores de movilidad, abastecimiento y repliegue que comunican la subregión del San Juan, el Valle del Cauca y la costa Pacífica chocoana, en las proximidades de Panamá.

El pasado mes de agosto una caravana humanitaria en la que participaron organizaciones nacionales colombianas e internacionales recorrieron diferentes regiones de Colombia que se encuentran en crisis humanitaria por los efectos del conflicto armado y, entre ellas, pudieron visitar algunas comunidades del río Baudó, como el Consejo Comunitario Independiente de Cugucho.

Colombia es un país lleno de contrastes y con una gran diversidad cultural y medioambiental. Algunos autores lo definen, en clave geopolítica, como un país insular por limitar al norte con el mar Caribe, al occidente con el Pacífico, al sur con el río Amazonas y al oriente con el río Orinoco. En el siglo XVI, los españoles comenzaron a utilizar el río Magdalena como vía de penetración y comercio para la colonización y desarrollo de la región interior de Colombia. Se quedaron en las zonas de climatología más benigna y parecida a la de España como el altiplano cundiboyacense, donde en 1538 fundaron la villa de Santafé de Bogotá, hoy capital del Estado.

Desde hace años los combates se libran entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo

En cambio, evitaron los grandes asentamientos en el litoral del Pacífico y Caribe donde vive menos del 15% de la población del país por los rigores y dureza de su entorno. El Chocó, departamento del litoral Pacífico, es un ejemplo de un territorio que arrastra y lidera los índices de pobreza económica del país; a pesar de su riqueza en recursos naturales, el carácter accidentado, remoto y aislado de su geografía y más de cinco siglos de esclavismo y colonialismo determina su histórico atraso económico. La región se caracteriza por su gran pluviosidad, biodiversidad ecológica y una geografía en la que los ríos como el San Juan, Atrato y Baudó, cumplen un papel fundamental por ser el habitat de especies de flora y fauna y de los que dependen las comunidades locales para la pesca, el transporte, especialmente por la falta de acceso por carretera.

El río Baudó en el Chocó nace en la serranía del Baudó, en las proximidades de Panamá de cuyo itsmo esta coordillera es una extensión, y desemboca en el Pacífico colombiano, cerca de Buenaventura, el puerto comercial más importante de Colombia. El río es un corredor geostratégico, además de la salida al Pacífico, tiene conexiones con el Puerto de Buenaventura, río Atrato y río San Juan, y a su vez por estos ríos y trochas se puede llegar a Panamá. El interés que despierta para economías legales e ilegales determina que distintos grupos se hayan disputado su control mediante combates que afectan a la población compuesta principalmente por indígenas y afrodescendientes que, además, sufren el histórico y tradicional abandono institucional del Estado hacia este departamento. Desde hace años los combates se libran entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo; además, en dichos enfrentamientos interviene ocasionalmente la Fuerza Pública. En medio del conflicto, atrapada, se encuentra la población civil que tiene que lidiar con estos grupos para no ser acusada de favorecer a ninguno de ellos por el otro.

Comunidad del río Baudó en Colombia. | Caravana

Desde 2017 hasta la actualidad, los informes de la Defensoría del Pueblo describen la evolución del conflicto en esta subregión del Pacífico Sur. La guerrilla del ELN, a través del Frente de Resistencia Cimarrón, desde finales del siglo XX, utilizaba esta región selvática como corredor estratégico de movilidad, centro de abastecimiento de tropas y lugar de repliegue. Durante los últimos años se ha dado una fuerte expansión de los paramilitares de las AGC en el río Baudó, desde Puerto Meluk, con el propósito de controlar las vías fluviales y los corredores selváticos que comunican con el océano Pacífico y que articula las zonas de cultivos de coca con aquellas de procesamiento, además de garantizar las rutas de comercialización con mercados centroamericanos a través del control de la cuenca de este río. La disputa territorial entre las AGC y el ELN se ha traducido en enfrentamientos entre ambos grupos en toda la cuenca del río Baudó. Las AGC, desde finales de 2019, han fortalecido su presencia en la región mediante incursiones armadas, combates y copamiento de territorios que estaban bajo el dominio del ELN. “En el municipio del Medio Baudó, las AGC han logrado imponer un control hegemónico desde donde se coordinan incursiones armadas hacia el Alto y Bajo Baudó, en su interés estratégico de controlar los corredores del narcotráfico que van desde la subregión del San Juan hasta el Océano Pacífico, y desde el Medio Atrato al igual que el suroeste antioqueño, pasando así por la subregión del Pacífico Sur hasta llegar a municipios del andén Pacífico como Nuquí, para sacar la cocaína sin ninguna limitación hacia mercados internacionales”.

Para conocer de primera mano las necesidades y situación de las comunidades locales, la Caravana se dirigió por vía terrestre desde Itsmina, junto al río San Juan, hasta Puerto Meluk, donde se encuentra el principal puerto fluvial por el que se accede al medio y alto Baudó. Aunque el inicio del recorrido coincidió con un paro armado del ELN en el río San Juan, durante el recorrido el único actor que se hizo visible fueron las AGC. En la vía de Itsmina a Puerto Meluk las pintadas de este grupo anunciaban su presencia. En Puerto Meluk, los grafitis eran más que notorios en la zona del puerto y esta propaganda se encontraba a la vista de las autoridades como la Policía quien, lejos de eliminarla, permite que la población civil se exponga a estas amenazas y asuma como normal lo que hace parte de las estrategias de expansión y dominio territorial. Los informes oficiales de Defensoría dejan claro que quien manda en Puerto Meluk son los paramilitares y que este es el centro de operaciones “en la región desde donde se coordinaban incursiones armadas, se efectuaban los pagos a los combatientes y se coordinaba el transporte de cocaína”. Así, el control de las actividades comerciales y embarcaciones que se desplazan por el río empieza en el embarcadero donde los paramilitares controlan el precio de la gasolina, cobran a los transportistas que van a Itsmina por vía terrestre, se prolonga mediante retenes situados en puntos estratégicos del cauce, porque desconfían incluso de que las remesas de comida entrante vaya destinadas a grupos rivales y la población puede ser acusada de colaborar con los diferentes grupos, e incluye el control horario para poder viajar en el río.

Desde Puerto Meluk, los caravanistas distribuidos en botes y lanchas subieron por el río Baudó, cuyo cauce está flanqueado por una barrera de exuberante selva verde, hasta los resguardos indígenas de Catrú y Miácora y el consejo comunitario independiente de Cugucho. Estas comunidades se encuentran aisladas dentro de un departamento escindido del resto del país y la única manera de llegar a ellas es mediante largos trayectos en transporte fluvial, para ello hay que protegerse de una climatología que suele alternar -en el mismo día- un intenso sol que abrasa a los viajeros y las intensas precipitaciones que hacen de la región uno de los lugares más húmedos del mundo. Estos desplazamientos en río son especialmente caros por el coste del combustible, cuyo precio controlan los paramilitares, lo que incrementa los precios de los productos y hace especialmente difícil vender fuera la producción agrícola como el plátano. Después, los vecinos nos contarán que las raciones de plátano, principal alimento que se produce en la región, compuestas por 64 plátanos, se venden entre 15000 y 20.000 pesos (3,5-4,3 €) en el puerto y que comprar una libra de queso cuesta 16.000 pesos; en ocasiones los intermediarios al llegar al puerto con la carga les dicen que si no les interesa el precio tiren los plátanos al río o se regresen con ellos y es que su precio se encuentra afectado igualmente por la “vacuna” (extorsión) que los paramilitares imponen en el precio del transporte terrestre desde el puerto.

Piden una mayor intervención y gasto social, que incluya la mejora de la salud, incluida la mental, gravemente afectada por el conflicto y que conlleva altas tasas de suicidio

En las comunidades visitadas se pudieron desarrollar actividades de asistencia médica, culturales y encuentros con sus pobladores. En San Francisco de Cugucho pudimos conocer la situación de sus aproximadamente 800 habitantes, entre 95 y 100 familias, principalmente afrodescendientes que se sostienen con cultivos de pancoger, caza y pesca, aunque esta economía se encuentra gravemente afectada por el miedo a “ir al monte” que se encuentra minado por los grupos armados y los bajos precios que reciben después. Al contrario de otras zonas del Chocó, este río no se ha visto afectado por la minería ilegal de oro y, en estos momentos, no hay cultivos de coca lo que favorece la conservación del cauce y su entorno natural. Para acceder a las casas de madera hay que subir desde la playa, en la que se amarran las embarcaciones, una empinada ladera donde la comunidad nos esperaba para compartir varias jornadas de convivencia. Durante la estancia pudimos constatar la ausencia total de presencia institucional, como recuerdan los vecinos aquí “los políticos sólo llegan al territorio cuando están en política y cuando pasan las elecciones es un abandono para el territorio”.

En este contexto de abandono, pobreza y guerra el pliego de peticiones que nos trasladaron es extenso. Piden una mayor intervención y gasto social, que incluya la mejora de la salud, incluida la mental, gravemente afectada por el conflicto y que conlleva altas tasas de suicidio, especialmente entre mujeres; también la construcción de tres nuevas aulas del colegio para que sus hijos eviten el reclutamiento forzado y, además, no vayan a estudiar el bachillerato fuera de su pueblo a lugares como la capital del departamento, Quibdó, ya que, además de separarse de los hijos y el alto coste económico, hace que los estudiantes se vean inmersos en la violencia urbana de esta ciudad donde se han dado casos de violencia sexual contra los estudiantes allí desplazados. También solicitan que se resuelvan definitivamente cuestiones administrativas que se encuentran enquistadas y pendientes desde hace años como la inscripción del Consejo Comunitario por parte del Ministerio del Interior lo que supondría su pleno reconocimiento oficial como autoridad étnica encargada de administrar el territorio y una mayor autonomía y capacidad de gestión de los intereses de esta comunidad.

La cuestión medioambiental es otra de las grandes preocupaciones. A pesar de vivir a orillas del río y estar en una de las zonas con más lluvias del planeta carecen de agua potable; las fumigaciones que se realizaron en el pasado con glifosato para erradicar cultivos de coca acabaron con plantas y alimentos como el maíz y aun ocasionan problemas médicos; los megaproyectos, como los del puerto interoceánico o multipropósito de Tribugá, en Nuquí y otros en estudio como los del ferrocarril del Darién y la vía Las Ánimas-Nuquí generan alarmas e inquietud y se conciben al margen de los intereses de las comunidades locales y desconociendo la autonomía de las comunidades sobre los territorios colectivos y ancestrales.

Pero la mayor preocupación en Cugucho resulta de estar situada en el epicentro del conflicto armado y que a sus pobladores se les estigmatice de ser guerrilleros por que algunos de sus habitantes pasaron a integrar las filas del ELN. Precisamente, la cuestión del reclutamiento por parte de los diferentes grupos es una de las que más ha dividido a la comunidad y afectado a la convivencia al darse casos incluso en los que dentro de una familia sus integrantes están en grupos contrarios. Estos señalamientos acarrean graves consecuencias como el asesinato del líder Luis Antonio Perea en el 2002. Este era el profesor y representante de la comunidad de Cugucho y fue asesinado por los paramilitares de las AUC en la vía que conduce de las Ánimas a Istmina, acusado de ser integrante del ELN. Su muerte desactivó el proceso organizativo de Cugucho por más de cinco años y sumió en el miedo al resto de liderazgos de la comunidad.

Según los informes elaborados por Corporación Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano -REDDHHPAC-: “Este asunto no es un hecho aislado pues la Caravana pudo dar cuenta de por lo menos 3 líderes más asesinados por ser señalados de hacer parte o colaborar con esta guerrilla, asunto que ha derivado en la desestructuración de los procesos organizativos de las comunidades y el miedo para ejercer y cumplir los mandatos comunitarios. Tema que se aumentó con la presencia continuada y mucho más beligerante del Clan del Golfo - AGC desde el 2017”.

La determinación de los habitantes de Cugucho para permanecer en su territorio, a pesar de las dificultades de la guerra, los señalamientos, necesidades insatisfechas y el abandono estatal, es característica de la población chocoana y responde a siglos de resistencia contra un sistema esclavista, racista y explotador; una determinación que quedó demostrada en el pasado en las dos ocasiones que reconstruyeron el pueblo, después de incendios que lo destruyeron parcialmente, como consecuencia de combates entre grupos armados. Estas comunidades ancestrales están decididas a seguir viviendo en unos territorios colectivos que históricamente nacieron como refugio y resistencia al maltrato que los colonizadores daban a los indios y negros y donde se respeten las formas de organización tradicional, de manera libre y autónoma.

Luis Mangrané es miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.