Ni el cambio climático ni la famosa DANA del pasado día 29 de octubre, han sido los responsables de las catastróficas inundaciones en L´Horta Sud de Valencia, sino la creación humana de un espacio emblemático de insostenibilidad territorial, denunciado desde las instancias técnicas pero ignorado por las administraciones implicadas. No se trata por tanto de un desastre natural sino provocado por el hombre.

Entristece observar la fuerte polémica generada sobre la gestión de las autoridades, y su responsabilidad en el desastre, el cual podría entenderse como el retroimpacto que responde al impacto de ocupación territorial producido. Sin embargo, habría que buscar la responsabilidad más atrás, en quienes han permitido la ocupación de tales suelos sin prever sus consecuencias, los tres niveles de la administración: la local, responsable del planeamiento urbanístico; la autonómica, responsable de la ordenación territorial; y la central. responsable de la gestión de las cuencas hidrográficas, más atenta a controlar autoritariamente lo que hacen quienes viven allí que a tomar las medidas adecuadas a la grave situación de riesgo ya creada.

Tal situación de insostenibilidad se debe a la concurrencia de cuatro factores sobre un extenso y heterogéneo espacio hidrológicamente conectado. Son estos:

Uno, el déficit clamoroso de ordenación territorial en ese espacio, que ha permitido la utilización urbana de unos terrenos de nula capacidad de acogida para el desarrollo urbanístico, por su condición de inundables, es decir inservibles para acoger usos del suelo y actividades altamente vulnerables a la inundación.

Otro, la carencia de medidas de retención y regulación del flujo de agua en las partes altas, repetidamente reclamadas por la ciudadanía, pero ignoradas por la administración o administraciones responsables. Porque lo acontecido no es una inundación más o menos convencional, sino una tremenda riada procedente de zonas altas de las cuencas vertientes de las Ramblas de Algemesí (o río Magro) y del Poyo, donde cayó la inmensidad del agua que luego “arrambló” con todo; porque inexorablemente “las ramblas, arramblan”.

Un tercer factor es lo que se podría denominar “efecto ola”. La presencia de gran cantidad de biomasa viva o muerta en las ramblas y en los terrenos aledaños cuya escorrentía las alimenta de agua, es responsable de la retención de una inmensa masa de cañas, matorrales, materiales de desecho, etc. arrastrada por las aguas; progresivamente esta masa forma un presa precaria, pero presa al fin y al cabo, que impide el paso del agua bajo los puentes, y se acumula aguas arriba en un improvisado embalse, mientras aguas abajo todo parece calmado.

El “efecto ola” se produce por la ruptura de la presa y del puente (no diseñado para aguantar esfuerzos laterales) y la salida brusca del agua embalsada, que explica la rapidez del anegamiento de garajes y plantas bajas y los consiguientes daños personales sin tiempo material para escapar de esa maldita trampa. Los vecinos y alcaldes de la zona afectada narran crecidas de 1-1,5 m. en menos de 5 minutos, precedidas por un espacio de tiempo en el que la rambla del Poyo parecía tranquila; son datos que parecen señalar al fenómeno descrito. Se conocen centenares de casos de este efecto: rotura del puente de Picaña en Paiporta; en Aldea del Fresno, 2023; en Granada, carretera A-4200, 2019 y 2024; en Ayelo de Malferit, Valencia, 2019; en Badajoz, 2022; en Saldaña, Palencia, 2020. La prensa aragonesa informó el pasado 15 de noviembre del precario represamiento producido en la carretera CM 2122 con alturas hasta de cuatro metros cuyo colapso produjo una ola de 6 metros en las hoces del río Piedra; etc.

Se trata de un fenómeno que se viene repitiendo de forma recurrente y que inevitablemente se volverá a producir, el cual hace temer una mayor frecuencia y una mayor violencia

El cuarto factor tiene que ver con la inexistente o insuficiente adaptación física de los terrenos directamente inundables, de la preparación de las personas que los ocupan y de la gobernanza multisectorial y multinivel de las autoridades. Aspectos concurrentes en un espacio que requiere la colaboración leal de todos.

En suma, cuatro factores que exigen otros tantos tipos de medidas de adaptación a un fenómeno que se viene repitiendo de forma recurrente, y que inevitablemente se volverá a producir, máxime en la situación de cambio climático, que hace temer una mayor frecuencia y una mayor violencia, siendo ésta y el momento en que se producirá la única incertidumbre. Dada la imposibilidad de devolver el terreno a lo que fue -un espacio abierto de fértiles huertas cuya vulnerabilidad a la inundación no es comparable con la situación actual, así como de actuar a tiempo sobre la prevención del cambio climático-, la opción más razonable (seguramente, no hay otra) es la adaptación, que, a su vez, implica prevención frente a futuros episodios, orientada en dos direcciones estratégicas: una, reducir la peligrosidad de la amenaza actuando sobre la cuenca vertiente entendida como un sistema territorial en el que confluyen naturaleza, población y poblamiento; otra, reducir la vulnerabilidad actuando sobre el espacio amenazado: la zona inundable.

Tales medidas se pueden encuadrar en estos cuatro tipos, cuya aplicación exige criterios técnicos, libres de ideologías e intereses: medidas duras de carácter hidráulico en las partes altas de las cuencas implicadas, no solo embalses de regulación sino diques de retención y derivaciones hacia el exterior, todo ello gestionado por personas bien formadas en el manejo de compuertas, etc.; medidas semiduras, en los tramos intermedios de las cuencas, de limpieza y evacuación, ancestralmente practicadas, por ejemplo, en la provincia de Alicante donde las aguas, cuando las hay (localmente llamadas “las turbias”), de las ramblas cargadas de materiales, se evacuan mediante las conocidas “bocanas” hacia terrenos aledaños particularmente agrícolas, a los que de paso fertilizan; medidas semiblandas orientadas a reducir la vulnerabilidad de los terrenos inundables mediante todo tipo de intervenciones físicas, bien conocidas por los técnicos en la materia; y, por fin, medidas blandas de preparación de la población y de las autoridades sobre cómo actuar de forma coordinada y colaborativa en este tipo de emergencias.

Domingo Gómez Orea. Catedrático Universidad Politécnica de Madrid, perfil Medio ambiente y Territorio.