Ayer se produjo la confluencia de dos hechos que explican a la perfección cómo funciona la política en España. Los dos encajan como las piezas de un puzle.

Por un lado, ABC informó de que la jefa de Gabinete (Pilar Sánchez Acera) del entonces jefe de Gabinete (Oscar López) del presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) filtró al líder del PSOE en Madrid (Juan Lobato) documentación confidencial que afectaba al novio de Díaz Ayuso (Alberto González Amador) para que la utilizara esa misma mañana en el pleno de la Asamblea madrileña contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al Tribunal Supremo (que investiga la causa contra el Fiscal General del Estado por presunta revelación de secretos) en el que considera que Álvaro García Ortiz tuvo una "participación preeminente" en la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso y su abogado.

En la segunda semana del pasado mes de marzo, cuando ya habían salido a la luz las primeras informaciones sobre las actividades empresariales de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la Fiscalía de Madrid remitió a la Secretaria Técnica de la Fiscalía General la información sobre el procedimiento contra González Amador. ¡Eureka! No habían pasado cuatro días desde el aterrizaje de dicha información en la pista de la Fiscalía General cuando la noticia se filtró a un medio amigo: elDiario.es. Naturalmente, antes que en el citado medio, recaló en Moncloa. El presidente, ¡por fin!, tenía algo bueno que llevarse a la boca. Una bomba con la que opacar las informaciones sobre su esposa.

Vemos, en el relato de los hechos, una pinza perfecta. Moncloa y la Fiscalía General actúan de manera coordinada para machacar al novio de Díaz Ayuso, presunto defraudador de Hacienda.

Una vez que la bomba estalló, inmediatamente, una retahíla de ministros acudió a atizar el fuego. Destacó por lo imprudente de sus declaraciones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La Fiscalía General y Moncloa actuaron de forma coordinada para machacar a Díaz Ayuso

Detengámonos por un momento en dos aspectos que ponen de manifiesto lo intoxicado políticamente que está nuestro Estado de Derecho.

Primero, el Fiscal General se pone al servicio del presidente para airear los trapos sucios de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyas simpatías por Sánchez son de todos conocidas. No es García Ortiz el defensor de los intereses del Estado, sino el servil servidor del presidente del Gobierno.

En segundo lugar, y no menos importante, una funcionaria de Moncloa descuelga el teléfono y le dice al líder del PSOE de Madrid lo que tiene que decir en la sede de la Asamblea. Lo que Lobato hizo de manera obediente. ¡A esto se le llama independencia de criterio!

Dejemos para el Supremo la decisión sobre si la jefa de Gabinete del jefe de Gabinete filtró un documento secreto que había sido previamente remitido por la Fiscalía General a Moncloa. Que es lo que parece que fue.

Lo que está claro, en función del informe de la UCO y de la información revelada por ABC, es que Moncloa y la Fiscalía General actuaron de manera coordinada para machacar a Díaz Ayuso. Todo ello con la finalidad de desviar la atención sobre la tormenta que comenzaba a cernirse sobre la mujer del presidente.

Esto sería propio de un país autoritario o bananero. La apropiación de los resortes del Estado por un Gobierno en su propio beneficio. Pero estamos en España. Por ello, esta historia no ha terminado. Este bochornoso espectáculo se llevará a dos de sus protagonistas por delante: García Ortiz y Lobato. Dos por el precio de uno.