Manuel Marchena (Las Palmas,1 de marzo de 1959), que ha presidido la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde octubre de 2014, deja su puesto este 5 de diciembre. Durante estos diez años, la Sala Penal del Alto Tribunal ha adquirido un protagonismo en la vida pública nunca antes visto. Seguramente, muy a pesar de los magistrados que la componen. Sus miembros, sean progresistas o conservadores, no tienen nada que ver con los jueces estrella, entre los que brilló con luz propia Baltasar Garzón, a quien, por cierto, la Sala Segunda condenó en 2012 por prevaricación. Marchena ya formaba parte de esa Sala.

Para muchos españoles, el Tribunal Supremo se ha convertido en el último reducto del Estado de Derecho. Sobre todo, desde que Pedro Sánchez llegó al poder y puso en marcha la maquinaria para concentrar en sus manos los tres poderes del Estado.

Por mucho que la extrema izquierda le tenga considerado, como a otros miembros del Supremo o de la Audiencia Nacional, como “un facha con toda”, su perfil se corresponde con el de un hombre moderado y de consenso. Hasta tal punto que en 2018 estuvo a punto de ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, con aval del PP y del mismísimo Pedro Sánchez. Aquel acuerdo se vino abajo por la estulticia del ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quien dijo en un grupo de WhatsApp que su partido, con el nombramiento de Marchena, controlaría “desde atrás” el Tribunal Supremo. Por supuesto, el magistrado rechazó esos cargos y se rebeló contra la insinuación de Cosidó en un duro comunicado: “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política”.

Marchena es respetado por sus colegas como uno de los jueces mejor preparados jurídicamente y, sobre todo, con mayor capacidad para generar acuerdos. Su capacidad de convicción, y de liderazgo, ha propiciado que juicios tan polémicos como el del procés, concluyeran con una sentencia por unanimidad.

Fue el presidente del tribunal que juzgó a los independentistas que pusieron en jaque al Estado en 2017. Sabía que ese iba a ser un juicio de enorme trascendencia política, muy mediático; que tendría repercusión no sólo en España, sino a nivel internacional, y por ello decidió que las sesiones se pudieran seguir en directo. Todos pudimos ver cómo la Fiscalía desmontaba uno por uno los argumentos de los procesados y cómo Marchena dirigía cada jornada con autoridad y demostrando un conocimiento exhaustivo de los hechos.

La sentencia del procés, cuestionada tanto por los condenados como por la Fiscalía, que reclamó una condena por rebelión y no por sedición, como concluyó la Sala, es la pieza maestra que desmontó la base argumental de la defensa de los independentistas. No era el ejercicio de un derecho (el derecho a decidir) lo que provocó su procesamiento, sino la vulneración de la ley, su falta de respeto a los derechos de los demás españoles, lo que les sentó en el banquillo.

Fue una condena justa y, a partir de la sentencia, nadie, a excepción de los radicales, pudo cuestionar que la Sala Segunda actuó en base a criterios estrictamente jurídicos.

Mucho se habla de cómo los independentistas han perdido apoyos en la sociedad catalana. Que la independencia ya no tiene el respaldo que tuvo en 2017 es algo incuestionable. Como lo es que la Sentencia del Supremo, la condena de los sediciosos, ha sido el mejor desactivador para nuevas intentonas.

El Gobierno pactó con ERC en junio de 2021 los indultos de los nueve condenados para ganarse el apoyo de los republicanos en el Congreso. La excusa para el perdón fue que, de esa forma, se “desinflamaba” la situación en Cataluña. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, buen amigo de Marchena, no tenía muy claro los beneficios “desinflamatorios” de los indultos, a los que el Tribunal Supremo se opuso porque entendió que los condenados no habían expresado ni el más mínimo de arrepentimiento. Campo, que tampoco estuvo de acuerdo con la llamada ley del Sólo sí es sí, terminó saliendo del Gobierno en julio de 2021, aunque luego Sánchez le repescó para el Tribunal Constitucional.

Pero los indultos no fueron suficientes. Tras las elecciones del 23-J de 2023, el PSOE necesitó de forma perentoria los apoyos de Junts, partido liderado por el fugado Carles Puigdemont. La moneda a cambio del respaldo de los siete votos de Junts en el Congreso fue la amnistía, medida que no cabe en la Constitución, y que el Supremo consideró como una enmienda a la totalidad de la sentencia dictada el 19 de octubre de 2019.

Uno de los despachos de abogados más importantes de España le ha ofrecido ser socio con un salario de seis cifras, pero él ha declinado para seguir en la Sala Segunda

Estas concesiones en función de intereses políticos puntuales y a costa de vaciar una sentencia del Tribunal Supremo evidencian cuál es la visión de este Gobierno. Desprestigia a la Justicia cuando tiene ocasión, cuestiona a los jueces que instruyen casos que le afectan, pero no tiene inconveniente en revisar sentencias si eso le viene bien. No es que la Justicia esté politizada -que en cierta medida lo está-, sino que la política quiere tener una Justicia a su medida, a su dictado. Pues bien, a eso es a lo que siempre se ha negado Marchena.

Durante meses, e incluso años, Marchena fue considerado por Sánchez como la única persona que podía desatascar la renovación del CGPJ. A sabiendas de su buen cartel en la carrera y de su fluida relación con la dirección del PP, en julio de 2020 le volvió a ofrecer -después del chasco protagonizado por Cosidó- la presidencia del Supremo y del CGPJ. Pero Marchena se negó en redondo. Escaldado de la anterior experiencia, prefirió seguir en su puesto como presidente de la Sala Segunda.

Hace unos meses, cuando ya era público que dejaría la presidencia de la Sala Segunda este mes de diciembre, al menos uno de los despachos de abogados más importantes de España le hizo llegar una oferta tentadora que suponía ingresar un salario de más de seis cifras. Amablemente, Marchena rechazó el ofrecimiento.

La intención del juez es seguir en la Sala Segunda hasta su jubilación, para la que le quedan otros siete años. A la Sala Penal -como también se la conoce- llegan todos los asuntos que tienen como imputados a cargos políticos. En los próximos días tendrá que declarar, por ejemplo, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el curso de la investigación sobre la trama de las mascarillas. También esa Sala será la encargada de dictaminar sobre los posibles delitos cometidos por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. O sea, dinamita para los pollos.

Marchena seguirá ocupando su puesto, aunque ya no como presidente. Y seguirá ejerciendo una enorme influencia sobre sus compañeros, conservadores o progresistas. Porque la auctoritas no tiene que ver con la ideología, ni con el cargo, sino con la capacidad profesional y moral, valores que posee Marchena y que no se esfuman a partir de mañana.