Es lo de siempre. La palabra de Vox fue clave esta semana para que las Cortes de Castilla y León tomaran en consideración una proposición que ha sido definida como la 'ley anti-bulos'. La ha planteado Podemos y pretende abrir un debate sobre la necesidad de destinar publicidad institucional a libelos, chiringuitos periodísticos y panfletos que inyectan el odio y la desinformación a los ciudadanos día y noche. Es evidente que la formación morada no busca señalar a los suyos con esta propuesta, sino a la ultraderecha, en la que encuadra al partido liderado de Santiago Abascal, pero también a todos aquellos que disienten con alguno de los puntos del catecismo de las causas justas, ergo simpatizan con el fascismo.

Los socialistas y los regionalistas apoyaron esta iniciativa parlamentaria, el PP votó en contra y Vox se abstuvo. Así lo hizo esta última formación porque considera que se debe promover un debate serio sobre el reparto de la publicidad institucional en la región, ante la sospecha de que se gasta mucho dinero público para premiar a amigos. Acierta en este último punto, dado que allí, en aquella autonomía, Sicilia sumergida, páramo de aires rancios, los constructores Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri han obtenido decenas de millones de euros en la última década para prestar el cuestionable y nefasto servicio público de televisión castellana y leonesa.

Lo que sucede es que Vox peca de irreflexivo en este punto y no es novedad. La nueva política trajo aparejado un fenómeno nefasto y es el que impulsa a tomar decisiones con la vista puesta en la reacción que pueden generar en las tertulias televisivas y en las redes sociales. Se busca el impacto y la sensación. El chascarrillo, el meme y la frase de tribuna que haga “arder las redes”. Así murió Ciudadanos -con el sobrevalorado Rivera oliendo cachorros de perro- y así se cometen algunos de los actos insensatos más desesperanzadores. Porque provocan aplauso, cuando no son más que ocurrencias de tardo-adolescentes con afán de que les escuchen una y otra vez.

La Ley anti-bulos

A lo mejor considera Juan García Gallardo que facilitar el debate sobre la 'ley anti-bulos' le permitirá ilustrar a los ciudadanos sobre el dinero público que ingresan los medios de comunicación -que por supuesto es excesivo- desde la Junta de Castilla y León, que siempre sirve para que los retratos de Alfonso Fernández Mañueco se pinten con generosidad y erotismo. Quizás si el portavoz de Vox cita a Prisa o a El Plural recibe el aplauso en redes sociales e incluso algún que otro compromiso de voto. Lo que sucede es que el coloquio parlamentario no irá de eso. De hecho, no hace falta ser muy espabilado para adivinar que será una continuación de la campaña gubernamental que impulsaron hace unos meses desde Moncloa, con el apoyo de sus aliados y vendidos mediáticos. O sea, servirá para que vuelva a lanzarse el mensaje de que existe una prensa que miente -que casualmente es crítica- y otra que informa.

Gargía Gallardo no entiende las consecuencias de que el término 'bulo' se haya convertido en el más popular del año. En un vocablo habitual y en el motivo de inicio y resolución de discusiones diarias. Sobre todo, desde que los propagandistas del Estado emprendieron una campaña gran escala que pretende que se hable de los medios de comunicación para orillar del debate una realidad lacerante: que el Gobierno es débil en lo parlamentario y sucio por las corruptelas que le investigan, tanto dentro de las fronteras de España como allende los mares, en territorios tan hediondos como República Dominicana, México y Venezuela.

Han utilizado todo tipo de recursos en los últimos meses para amedrentar a los críticos. Han señalado a periodistas, les han lanzado a sus perros y les han amenazado con demandas individuales y colectivas

Han utilizado todo tipo de recursos en los últimos meses para amedrentar a los críticos. Han señalado a periodistas, les han lanzado a sus perros, les han amenazado con demandas individuales y colectivas; les han presentado proposiciones de ley que buscan amordazarlos; e incluso han conformado una Gestapillo en Ferraz para rastrear entre su basura. El objetivo era el de conseguir su autocensura. Es decir, que ante cualquier información perjudicial para el Gobierno que les llegara, se plantearan la pregunta más peligrosa que sobrevuela siempre las redacciones: “¿Merece la pena publicar esto o me voy a meter en un lío?”.

Trampa para incautos

Busca el Ejecutivo reivindicarse ante los españoles y para ello ataca desde hace meses a periodistas y a jueces con artes lamentables. Su hostilidad contra los contrapoderes es tal -y tan ingeniosa- que incluso ha conformado recientemente un Comité Científico que -asegura- ayudará a los diferentes ministerios en la toma de decisiones. En otras palabras: este órgano buscará que quien cuestione las decisiones de Moncloa sea tildado de anti-científico, anti-intelectual o negacionista. Es pura propaganda. Falsedad, falacia y caradura.

Tan sólo hace falta una breve reflexión para adivinar sus intenciones, pero ello implica pararse a pensar. Es lo que no han hecho en Vox, una vez más, al propiciar que en una Cámara autonómica vaya a escenificarse, de nuevo, el debate contra los bulos... que transmitirán las televisiones pro-gubernamentales, cacarearán las señoras en el supermercado y contribuirá un poco más a esquinar a quienes se esfuerzan cada día en arrinconar a un Gobierno asediado por corruptelas, favores obscenos a socios parlamentarios y nepotismo creciente.

A lo mejor es que los de Abascal sirven sólo para esto en estos días. Pura agitación facilona y desacierto. Aquí, lo han vuelto a demostrar. Debe estar Pedro Sánchez encantado con esta gente.