El género bucólico contemporáneo deberían protagonizarlo los ciudadanos que renuncian a informarse para entregarse a los placeres de la desconexión. Despierto algunas mañanas entre una plácida confusión, después de soñar que no leo ni escribo periódicos, ni mucho menos escucho tertulias radiofónicas ni veo a Broncano, por lo que sólo me preocupan la comida, la leña, la ciática y la muerte. Ninguna de las catástrofes que se anuncian en los legacy media suelen materializarse y los temas que se abordan se hacen entre falsedades, manipulaciones o ignorancia absoluta.

Analicemos lo que ha sucedido en las últimas horas. Este martes, Félix Bolaños aparecía en en la sala de prensa de Moncloa para anunciar la aprobación de un anteproyecto de ley orgánica sobre el derecho a la rectificación. El ministro que acuñó la expresión “industria de la mentira” para referirse a la prensa hostil con el Ejecutivo, presentó el texto como una innovadora herramienta para hacer frente a los bulos y a los pseudo-medios. Es decir, a las obras periodísticas que han inundado con fango el debate público, las cuales responden en ocasiones a los intereses de los ultras.

El Ejecutivo pudo optar por la reforma de la normativa vigente, que data de 1984, pero ha decidido presentar un nuevo texto para transmitir que su reforma es profunda, cuando no lo es. Así lo reconocen algunos de los abogados que más casos han llevado para los medios de comunicación españoles, que inciden en que la principal novedad que presenta la ley es la posibilidad de remitir un escrito de rectificación a los influencers con más de 100.000 seguidores en uno de sus canales -o 200.000 en total- para que lo publiquen del mismo modo que cualquier medio de comunicación. Esto ha generado críticas en personas como el coronel Baños, con una extraña capacidad para observar los intentos del poder para imponer "su verdad" tan sólo en la mitad del mundo.

El derecho a la rectificación

El caso es que el texto -añaden estos juristas- no modifica sustancialmente la normativa actual. Tampoco adopta alguna fórmula interesante, como la que reconoce el derecho alemán, por la cual los periodistas están obligados a recabar y transmitir las versiones de todos los aludidos en una noticia, mientras que los citados pierden el derecho a solicitar la rectificación en caso de no haber querido hacer comentarios al periodista antes de su publicación.

Esta novedad ayudaría a reducir dos malas prácticas que son comunes: la primera es que los periodistas difundan noticias sin contrastar con sus protagonistas. La segunda es la mala utilización de la rectificación (su abuso), dado que es un recurso que muchas veces se emplea para intentar colar un extenso argumentario de forma torticera con la excusa de corregir una inexactitud o desmentir una cita textual que ha sido mal atribuida. Hay medios que oponen resistencia ante estas prácticas, pero otros reproducen estos desmentidos de forma íntegra para evitar problemas y litigios arriesgados. La cosa no está para tirar cohetes.

La jurisprudencia española es amplia en este sentido y ya se pronunció en la década de los 90 sobre algunos casos controvertidos, como aquellos en los que los medios de comunicación no están obligados a publicar los desmentidos de forma íntegra. De este modo, se consideró que el derecho a la rectificación había sido satisfecho pese a haber eliminado del texto del burofax “descalificaciones” y párrafos innecesarios para matizar la información. Los abogados especialistas en la materia han aconsejado en múltiples ocasiones a este respecto a los periódicos para los que trabajan.

Por otra parte, desde hace más de un lustro la prensa digital acostumbra -por consejo de sus abogados generalmente- a enlazar la información original dentro de la rectificación para que el lector sea consciente de que uno de los protagonistas del artículo ha matizado su contenido. Algunos periódicos incluso incluyen un recuadro -un aparte o sumario- con el texto del burofax en la parte superior o inferior de la pieza enmendada.

Gatopardismo mentiroso

En vista de lo anterior, ¿por qué el Gobierno presenta esta norma como parte de un plan de regeneración democrática, si este derecho ya existía y los matices -y el de los influencers está bien- podrían introducirse mediante una modificación de la actual? La respuesta es evidente: porque Moncloa quiere vender su proyecto como un avance democrático; como una acción que ayuda a modernizar a España y a atajar de forma innovadora el problema de los bulos, que parece que sólo ha existido desde que ellos gobiernan, como parte de una conspiración reaccionaria, sino ultra, contra las medidas progresistas.

Hay fórmulas más innovadoras de luchar contra las mentiras. Por ejemplo, la que puso en marcha Elon Musk en Twitter (X) hace unos meses, cuando introdujo las ‘notas de la comunidad’ en esta red social, lo que permite a cualquier usuario señalar los bulos que allí se difunden. Con el tiempo, se ha demostrado que existe una proporción similar de patrañeros en la izquierda que en la derecha, así que, al verse cuestionados, algunos de los influencers y periodistas progresistas, decidieron emigrar hacia otra plataforma, Bluesky, con la excusa de que Musk promueve el fascismo en su empresa. ¿Debatir lo que consideran inadecuado? Eso implicaría el reconocimiento de que hay cierta verdad más allá de su ombligo.

La lucha de Pedro Sánchez y su Ejecutivo contra la mentira se basa en la misma premisa. Dicen que España es inundada a diario con fake news de la ultraderecha y que, por tanto, hay que tomar cartas en el asunto para frenar ese fenómeno. De momento, han aprobado ayudas por valor de 124,5 millones de euros para repartir entre la prensa (y la mayoría irán a parar a la prensa afín, probablemente) y un proyecto de ley orgánica que se anuncia como la herramienta definitiva contra la mentira, pero que, en realidad, tan sólo maquilla a la actual normativa. Ni siquiera habla de bulos en su articulado, sino de “inexactitudes”.

Eso la propaganda no lo destaca, al contrario que la novedad que incluye con respecto a los influencers. ¿Por qué? Evidentemente, porque el Ejecutivo pretende promover la autocensura entre los periodistas y analistas que operan en las plataformas y neutralizar las críticas. ¿Hay mentiras en el ámbito digital? Por supuesto. Muchas, por cierto, lanzadas por gente muy turbia que cobra en rublos. Ahora bien, ¿existen aquí más trolas y manipulaciones que en los legacy media?

El Ejecutivo pretende promover la autocensura entre los periodistas y analistas que operan en las plataformas y neutralizar las críticas.

Este miércoles, El País difundía una pieza que se titulaba: “El juez Peinado interroga a Begoña Gómez sobre dos delitos que las pruebas del sumario desmienten”. Justo debajo se ubicaba una entrevista a Baltasar Garzón en la que afirmaba: “Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español”. No se refería a los motivos contundentes que llevaron al Tribunal Supremo a inhabilitarle durante 11 años, por prevaricación, sino, como siempre, a ‘los otros’, los de la derecha, y a las sospechas que recaen sobre ellos. Las de Garzón, intachable, querido Emilio.

Obsérvese en todo esto que parece existir en Moncloa cierta pulsión por apropiarse de la verdad y arrimar el ascua a su sardina, lo cual convierte todo intento legislativo sobre la libertad de expresión en un ejercicio indecoroso. Dicho esto, quienes hayan escuchado las voces de alarma de los tertulianos conservadores este miércoles también se habrán informado mal: el anteproyecto de ley no modifica sustancialmente ‘lo actual’, por mucho que anuncie la propaganda.