"¿Quien va a pedir ahora disculpas?", se preguntó retóricamente el presidente del Gobierno en una comparecencia en Bruselas el pasado jueves. Salía Pedro Sánchez, de forma un tanto teatral, en defensa del honor del Fiscal General del Estado, horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hubiera hecho público un informe en el que trasladaba al juez del Supremo que había encontrado "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024".

Para el presidente, ese párrafo de la UCO era suficiente como para archivar la causa contra Álvaro García Ortiz. Era un punto y final. Sin embargo, para los investigadores es un "claro indicio incriminatorio".

Sólo hay una explicación para el hecho de que todos los mensajes de García Ortiz, todos sus WhatsApps, incluso los que envió a la Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, y de los que hay constancia en el sumario, hayan sido borrados justamente durante el periodo que investiga el juez Ángel Hurtado para determinar si hubo o no un delito de revelación de secretos. Que durante ese lapso de tiempo se produjeran conversaciones que García Ortiz quiere ocultar.

El borrado, que, según fuentes solventes, se ha hecho de forma profesional, dificulta en efecto la comprobación de si el Fiscal General fue responsable último de la filtración del correo entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso por un presunto delito fiscal. Complica, pero no impide que la investigación siga adelante.

Saber lo que había en los WhatsApps borrados es prácticamente imposible, ya que la única empresa que tiene esa información es Meta (la propietaria de WhatsApp), y es más que dudoso la multinacional de Mark Zuckerberg acceda a revelar esos contenidos, aunque sea a requerimiento de un juez.

Sin embargo, lo que sí se puede rastrear es el tráfico de llamadas del teléfono de García Ortiz durante la semana en la que todo ha sido borrado. Vodafone, la compañía que da servicio a los funcionarios de la Fiscalía, tiene la obligación legal de guardar los datos de tráfico durante un periodo se seis meses a un año, en función de qué tipo de información se trate. El juez Hurtado puede solicitar a Vodafone que le remita el tráfico de llamadas y mensajes del Fiscal General durante ese periodo. Por otro lado, el juez puede instar a la unidad especializada de la Guardia Civil para que rastree lo que ocurrió durante ese lapso de tiempo.

El juez Hurtado puede ordenar la investigación del tráfico de llamadas durante la semana en la que los mensajes del móvil de García Ortiz fueron borrados

En todo caso, el tráfico de llamadas puede aportar una información crucial para ahondar en la investigación.

El tráfico de llamadas, por ejemplo, fue una prueba de cargo fundamental para condenar en 2013 a Enrique Pamies (ex jefe Superior de Policía del País Vasco), y a José María Ballesteros (inspector del CNP) por revelación de secretos en el conocido como 'caso Faisán'. En plena negociación con ETA, pero cuando todavía seguía operando, los condenados facilitaron a un miembro del aparato de extorsión de la banda información sobre una operación policial que trataba de desmantelar dicho aparato. Las llamadas entre los condenados y el director general de la Policía (Víctor García Hidalgo) fueron la prueba que les situó en el momento y en el lugar donde se produjo el chivatazo. Por cierto, que el secretario de Estado de Interior en la época del chivatazo era Antonio Camacho (ahora abogado de Begoña Gómez).

La sospecha de que se ha podido producir un delito de destrucción de pruebas está sobre la mesa. Se trata de un delito grave penado con hasta cuatro años de cárcel. Y no olvidemos que estamos hablando del Fiscal General del Estado.

En su sobreactuada comparecencia en Bruselas, el presidente del Gobierno no hizo mención al otro informe de la UCO que también se dio a conocer el pasado jueves. En él se pone de manifiesto una operación conjunta entre la dirección del partido (con Santos Cerdán a la cabeza), y de Moncloa (con el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, como coordinador) para tratar de forzar a Juan Lobato (entonces secretario general del PSM) a que difundiera un documento que aún no se había publicado en ningún medio y que sólo podía provenir de la Fiscalía General del Estado.

De hecho, a García Ortiz se le investiga en el Supremo porque la UCO le atribuye un papel relevante en ese posible delito de revelación de secreto.

Parece lógico pensar que, si su papel fue el que la atribuye la UCO, García Ortiz informara a su superior, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Por tanto, durante el periodo investigado tendría que haber conversaciones con el ministro, que también lo es de Presidencia de Gobierno.

Pero ¿cabe pensar que de un asunto que implicaba directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid y que movilizó al aparato de comunicación de Moncloa, a la Fiscalía General y a la cúpula del PSOE no estuviera al tanto el propio presidente del Gobierno?

Esa es una hipótesis que no hay que descartar. Porque es más que probable que exista, durante esa semana clave, algún contacto entre Pedro Sánchez y García Ortiz.

Sólo un tema que afecte al presidente del Gobierno de manera directa justificaría el riesgo que conlleva la destrucción de pruebas.

Por el momento, esta es sólo una hipótesis. Pero es la que pone más nervioso a un gobierno que quiere archivar el caso como sea.