En 2017 la economía española creció un 3% y se crearon casi medio millón de empleos. Para 2018 las perspectivas eran muy parecidas, pero Mariano Rajoy fue derrotado en una moción de censura el 31 de mayo porque el PNV, que unos días antes había apoyado los Presupuestos, decidió respaldar la iniciativa que llevaría a Pedro Sánchez a la Moncloa.

En su última comparecencia del año, Sánchez se apoyó en los datos económicos para avalar su continuidad al frente del Ejecutivo, recurriendo al argumento, como si de un axioma se tratase, de que ahora estamos mejor de lo que estábamos en 2018. Incluso ese dato es discutible, porque la situación económica es ahora muy similar a la que vivía España cuando todavía gobernaba el PP. Sin embargo, lo que determina la capacidad de un gobierno para seguir en el poder no es si el país está mejor o peor que en la etapa anterior, sino si goza de apoyos sólidos y suficientes como aguantar hasta el final de la legislatura. Esa y no otra es la gran duda que pende sobre Sánchez: ¿podrá aguantar hasta 2027?. Incluso: ¿aguantará en 2025?

No le pidan al presidente que les aclare cuál es su idea de España o cómo le gustaría que fuera; cuál el papel de nuestra nación en una Europa en la que las dos grandes potencias, Alemania y Francia, se encuentran en una crisis no sólo económica, sino política y moral. A eso les respondería con lugares comunes, con palabrería. Y no porque tenga menos capacidad que otros gobernantes -sin ser tampoco la lumbrera que él se cree-, sino porque a esos asuntos no les ha dedicado ni cinco minutos. En lo que Sánchez es experto, y no me cansaré de repetir que el título de su autobiografía Manual de resistencia es toda una declaración de principios, es en amarrarse al poder. Es un hombre de poder y eso le define más que cualquier otra cosa como político.

Pero vamos sin dilación al meollo de la cuestión. Sánchez es consciente de que 2025 vendrá marcado por causas judiciales (fundamentalmente tres: las que afectan a su esposa; la que afecta a su ex ministro de Transportes, y la que tiene en vilo al Fiscal General del Estado), que contribuirán a mantener la tensión política en el máximo nivel. Combinadas, su efecto expansivo será mucho mayor del que provocó el caso Gürtel para Mariano Rajoy. Al final, el PP sólo fue condenado "a título lucrativo". Imagínense lo que supondría la condena para Begoña Gómez, para José Luis Ábalos o para Álvaro García Ortiz. A lo mejor tiene suerte y sale bien parado de alguna de las tres causas.

Con ese panorama, es esencial para él mantener prietas las filas del llamado 'bloque de investidura', cuya solidez se ha visto mermada por la derrota del Gobierno en el mantenimiento del impuesto a las empresas energéticas. Aunque el PNV ha estado entre los díscolos, el que más le preocupa a Sánchez es Junts. Evidentemente.

Carles Puigdemont ha hecho saber al número tres del PSOE, Santos Cerdán, en su última reunión en Waterloo, que las cosas no van bien, que no se fía de Sánchez. El líder independentista ha puesto sobre la mesa el anzuelo de la cuestión de confianza y el gobierno, usando sus tentáculos en la Mesa del Congreso, ha dado una patada hacia adelante sobre ese tema, a la espera de que el clima mejore y la idea decaiga.

La decisión del Constitucional está condicionada por lo que diga el TJUE sobre el delito de malversación

Puigdemont necesita hacer algo. No ganó las elecciones en Cataluña y a su derecha le ha salido un competidor peligroso, la xenófoba Aliança Catalana de Silvia Orriols. La sociedad catalana ha ido girando poco a poco hacia posiciones más templadas, que explican la victoria de Salvador Illa, y está un poco harta de las proclamas que la incitan a repetir lo que sucedió en 2017. El dato excepcionalmente bajo de audiencia que tuvo la entrevista en TV3 al ex president (219.000 espectadores) es un reflejo de ese hartazgo. ¡Hasta Broncano le ganó en Cataluña!

Ese enfriamiento del procés ha llevado a Puigdemont a buscar las raíces de su partido, la antigua Convergencia. Se reúne con empresarios e incluso se permite el lujo de coquetear con el PP. Al fin y a la postre, en algunas cosas hay más coincidencia de Junts con los populares que con los socialistas.

Sánchez tiene el Presupuesto en el aire y, lo más probable, a día de hoy, es que renuncie a presentarlo ante la perspectiva de una derrota. Por eso necesita a Junts más que nunca.

¿Cuál es la única cosa que podría recomponer la situación para volver a darle al presidente la solidez que necesita para atravesar el calvario que le espera en 2025? ¿Una visita a Waterloo? ¿La humillación de sentarse con una persona que no puede visitar España porque sería detenido -suponiendo que las fuerzas de seguridad hicieran bien su trabajo-?

No. El premio gordo es la amnistía. Lo que Sánchez le prometió a Puigdemont en 2023 para que este apoyara su investidura y que todavía, por mor de la Justicia, no ha sido posible y que le ha impedido volver a España. Perdón, a Cataluña.

La pelota, como todos ustedes saben, está en el tejado del Tribunal Constitucional, en el que los llamados progresistas, capitaneados por su presidente, Cándido Conde Pumpido, tienen mayoría.

El presidente Sánchez da por hecho que habrá ningún problema. Una vez resuelta la recusación de José Mario Macías (que se abordará en el segundo Pleno del mes de enero: no deja de ser curioso que la instructora de su caso sea Laura Díez, cuyo empleo anterior fue a las órdenes de Félix Bolaños), la alineación definitiva estará cerrada. Diez magistrados decidirán sobre uno de los temas más candentes, y han sido ya muchos, de los que han recalado en el Constitucional. Seis progresistas, cuatro conservadores. Partido ganado sin bajar del autobús... En principio.

Porque antes de que el TC dé su visto bueno a la ley de Amnistía, lo que permitiría la vuelta a España de Puigdemont, tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La duda de ambos tribunales es si el delito de malversación -una vez modificado- puede ser amnistiado. El Tribunal Supremo confirmó el pasado 30 de septiembre, al rechazar los recursos de súplica de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que no es de aplicación la amnistía a los delitos de malversación de los condenados en la causa del procés.

Sobre esa cuestión aún no se ha pronunciados el TJUE, cuyo criterio tiene primacía en los países de la Unión Europea y obligaría al TC a dictaminar en consecuencia.

No hay un plazo establecido para que el TJUE emita su veredicto, que viene precedido por el dictamen del Abogado General. Aceptar el criterio que mantienen en España la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en el sentido de que la modificación del delito de malversación que se aprobó en enero de 2023 permitiría aplicar la amnistía a los condenados por el procés, sería tanto como dar un varapalo al Tribunal Supremo. Eso son palabras mayores.

En todo caso, y aunque el TJUE le diera la razón al gobierno, la decisión sobre la ley de Amnistía no sería factible hasta después del verano de 2025, según confirman fuentes del TC.

¿Aguantará Puigdemont otros seis meses -como mínimo- sin la amnistía y aceptando todo lo que le vaya pidiendo el presidente del gobierno? Permítanme que lo dude.

La pregunta, decía al principio, es si el bloque que respalda al presidente es ahora más o menos sólido de lo que era en el verano de 2023. No hace falta ser muy avispado para comprobar que no. La cuestión está en saber si Puigdemont se atreverá a ser para Sánchez lo que Ortuzar fue para Rajoy. También en esto tengo mis dudas.