He perdido la cuenta de las veces que durante este año me han dicho mal el nombre del Ministerio que dirijo o se han saltado alguna de sus partes: Inclusión, Seguridad Social o Migraciones, sin llegar a entender por qué está todo ahí junto, como si fuera un “revoltijo”, bajo el mismo paraguas. Pero tiene todo el sentido. Es más, tiene un significado considerablemente mayor si tenemos en cuenta el contexto mundial. 

España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero, o cerrado y pobre. Por suerte, hemos elegido lo primero, y me gustaría dar varios datos que explican muy bien la formulación de esta disyuntiva.

Este año hemos alcanzado por primera vez en la historia los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Una barrera psicológica que ha costado mucho traspasar y muy poco dar por asentada, puesto que en cuestión de pocos meses ya contamos 21,4 millones de trabajadores dados de alta. Pues bien, sin los afiliados extranjeros, estas cifras serían imposibles. Seguiríamos todavía en aquel sueño imposible de la crisis, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy anhelaba los 18 millones de afiliación como vía de escape a una situación de recesión dolorosa para todas las familias de este país. Son ya casi 3 millones de personas extranjeras trabajando, el 13,6% del total, que aporta el 10% de los beneficios a la Seguridad Social. Además, un 16% del total de autónomos en España son personas extranjeras, un indicador de su espíritu emprendedor y su contribución a nuestra economía. Una riqueza que no tendríamos si fuéramos un país cerrado. Un país más pobre. 

En un contexto de transformación del mercado laboral, los trabajadores extranjeros también cubren puestos vacantes en sectores esenciales que enfrentan escasez de mano de obra

Más allá de las cifras, en un contexto de transformación del mercado laboral, los trabajadores extranjeros también cubren puestos vacantes en sectores esenciales que enfrentan escasez de mano de obra. Profesiones muy dignas a las que este Gobierno está equiparando en dignidad salarial y en derechos a cualquier otro sector, gracias, entre otras cosas, a la reforma laboral o el aumento del salario mínimo interprofesional.

Y gracias al gran hito que acabamos de lanzar, el nuevo Reglamento de Extranjería, vamos a agilizado los trámites para que estas personas puedan incorporarse rápidamente al tejido productivo, facilitando también que quienes ya están aquí puedan regularizar su situación a través del empleo.

Esta perspectiva fortalece la competitividad de nuestras empresas y contribuye a la sostenibilidad de nuestro modelo económico. Apostar por la inclusión laboral es, en última instancia, apostar por el bienestar colectivo. Cada contrato firmado, cada trabajador que se integra, es una pieza más en el mosaico de una España más diversa, solidaria y próspera.

Por lo tanto, la simbiosis de las competencias de Seguridad Social y Migraciones en un único Ministerio no es casual: refleja la firme voluntad de abordar el fenómeno migratorio de manera responsable y con visión de futuro. Estoy segura de que la historia nos dará la razón. Al fin y al cabo, la inclusión no es solo un acto de justicia social, sino una inversión en el futuro de todos.

Elma Saiz - Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones