La ineficacia y, sobre todo, los prejuicios ideológicos son las causas del problema al que se enfrenta Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y que se resume en el riesgo que corren más de un millón de funcionarios de quedarse sin la asistencia sanitaria que les atiende desde hace décadas.

De las tres compañías que prestaban el servicio a Muface, una, Adeslas, ya ha dicho que no va a suscribir el convenio que propone el gobierno; otra, DKV, se lo piensa, pero dirá que tampoco quiere seguir. Sólo Asisa (que tiene una red propia de hospitales) ha aceptado la oferta gubernamental, pero es dudoso que si las otras dos abandonan, termine quedándose con todos los asegurados. Entre Adeslas y DKV cubren el 65% de los mutualistas que forman parte de Muface.

La razón de este abandono (antaño ya se fueron de Muface compañías como Sanitas o Mapfre) es que los precios que paga el gobierno no cubren ni de lejos los costes que acarrea el servicio sanitario que se ofrece. Adeslas (detrás están los gigantes Mutua Madrileña y CaixaBank) ha dicho que, con la última oferta del gobierno, perdería 250 millones. Por su parte, DKV ha estimado sus pérdidas en 77 millones.

Un dato aclara el por qué de ese disloque económico. La sanidad pública gasta 1.700 euros por paciente al año como media. Lo que ofrece el gobierno a las compañías que dan el servicio a Muface supone estimar ese gasto en 1.000 euros al año por asegurado. Es decir, que el Estado se ahorra 700 euros al año por cada mutualista.

El último convenio se firmó hace tres años y ya las compañías advirtieron que estaban trabajando a pérdida. Desde hace meses, cuando ya se sabía que vencía el convenio suscrito en 2021, las compañías vienen reclamando al gobierno que, como mínimo, tenía que subir su presupuesto un 40% para que les compensara seguir adelante con el servicio. En principio, el gobierno ofreció un 17,12%, que después, ante la negativa en redondo de las compañías a aceptar, subió al 33,5%, distribuido en tres años y añadiendo nuevas prestaciones.

López no entiende por qué la inmensa mayoría de los funcionarios sigue eligiendo la sanidad privada

Total, que a poco más de quince días de que venza el convenio no hay acuerdo y esa incertidumbre la están sufriendo ya los mutualistas que ven como se anulan sus citas o las pruebas médicas que tenían programadas.

El anterior ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, antes de cambiar de destino para ser gobernador del Banco de España, tuvo algún contacto con las empresas que dan servicio a Muface y entendió que había que resolver el problema de manera permanente estableciendo unos criterios objetivos para la fijación de los precios. Pero luego vino el cambio.

Óscar López, recientemente ascendido a secretario general del PSM, se ha hecho cargo del lío de Muface tarde y mal. "Con lo que ya les hemos subido y encima se quejan", suele decir en privado el ministro cuando alguien le pregunta por este tema.

El drama (ideológico) para este gobierno es que más del 70% de los funcionarios, que podían elegir estar en la sanidad pública, eligen la privada; es decir, quieren seguir en Muface. ¿Cómo es posible? ¿Cómo encajar la contradicción entre un gobierno que defiende a capa y espada la sanidad pública y el hecho de que la inmensa mayoría de sus funcionarios esté en la privada?

Esto me recuerda a aquellos ministros que el domingo acuden a una manifestación en defensa de la enseñanza pública pero luego llevan a sus hijos a colegios privados.

No tengo que decirles lo que piensa de este asunto una ministra como Mónica García, titular de Sanidad y líder de Más Madrid. Tampoco ayuda que la ministra de Hacienda -que es el ministerio que tiene que aportar el dinero- sea María Jesús Montero, que ya tiene bastante con lo que va a perder por la eliminación del impuesto a las energéticas para que ahora le suban la factura de Muface.

En caso de no llegar a un acuerdo -alternativa que a día de hoy es la más probable-, los mutualistas de Muface acabarían en la sanidad pública, que depende de las comunidades autónomas. Para algunas autonomías esto será un drama. Otras, como Madrid, han visto en el fracaso del gobierno una oportunidad. Los mutualistas que echa Óscar López los recogerá con gusto Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha asegurado. Desde luego, para López, esa no es la mejor manera de afrontar una batalla electoral, aunque para eso quede todavía mucha tela que cortar.