Durante los días 5 y 6 del presente mes de diciembre se celebró en la wilaya de Auserd (campamentos de refugiados saharauis en Tinduf) el Encuentro Internacional de Juristas (EIJ). Este evento, el primero en su género en los casi 50 años de existencia del conflicto del Sáhara Occidental, fue organizado de forma conjunta por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Unión de Juristas Saharauis (UJS), la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) y la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), además del apoyo logístico proporcionado por las autoridades saharauis.

El Encuentro, celebrado bajo el lema “El estatus jurídico del Sáhara Occidental y la cuestión de la explotación de los recursos naturales”, reunió a más de un centenar de participantes. Entre ellos, un elenco estelar de expertos con una dilatada experiencia y reconocida fama internacional, que presentaron sus ponencias magistrales, conforme al programa establecido, ante juezas y jueces, fiscales, responsables políticos, activistas e intérpretes.

El objetivo del EIJ era analizar, desde diferentes enfoques, la importancia de las tres sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el 4 de octubre de 2024, que declaran nulos los acuerdos de pesca y agricultura suscritos entre la UE y Marruecos, por vulnerar la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, ignorar su consentimiento, violar su derecho inalienable a la autodeterminación y el principio del efecto relativo de los tratados. Además se consideraron también aspectos tales como la omisión del etiquetado de los productos originarios del Sáhara Occidental, sus implicaciones en el tratamiento del conflicto y la posibilidad de que se recurra a ciertas argucias jurídicas para eludir el acatamiento escrupuloso de las sentencias por parte de los Estados Miembros de la UE y/o del Ejecutivo comunitario.

El colonialismo se desmonta, no se negocia

Las citadas sentencias del TJUE incorporan una distinción fundamental para la causa saharaui: por una parte, el pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación; y por otra, la población asentada en el territorio tras la ocupación marroquí. Es el primero quien debe prestar su consentimiento a los tratados que le afecten, no así la segunda. Y aquellas aceptan explícitamente la tesis del Frente POLISARIO según la cual el pueblo saharaui se ubica actualmente de la siguiente forma: una cuarta parte en el S.O., un 50 por ciento en los campamentos aledaños a Tinduf, y otro 25 por ciento en terceros países.

Estas sentencias históricas, cuyos términos son meridianamente claros, llegan después de varias apelaciones fallidas por parte de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y algunos Estados Miembros de la UE, como España y Francia, entre otros. Y afectan directamente a los acuerdos de pesca y agricultura firmados en 2019, que incorporaraban productos originarios del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por Marruecos y pendiente de descolonización.

Huelga recordar que estas sentencias son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la UE, de obligada aplicación para los tribunales de todos los países comunitarios, sin que quepan interpretaciones interesadas.

El Frente POLISARIO, representante legítimo del pueblo saharaui, ha acogido con satisfacción las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y está dispuesto a entablar negociaciones directas con la UE sobre los términos de posibles acuerdos comerciales y pesqueros que afecten al Sáhara Occidental, de manera que los mismos redunden en beneficio del pueblo saharaui y se evite que el dinero de los contribuyentes europeos sirva para mantener una guerra injusta impuesta al pueblo saharaui y una ocupación ilegal de su territorio, el Sáhara Occidental.

“El colonialismo se desmonta, no se negocia” señaló el profesor Isaías Barreñada Bajo, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los ponentes del EIJ.

A lo largo de todos estos años el pueblo saharaui, a través de su representante legítimo y único, el Frente POLISARIO, y el movimiento de solidaridad con la justa causa saharaui hicieron oír la voz de ese pueblo y reivindicar por doquier el respeto de su soberanía permanente sobre sus recursos naturales y su oposición frontal al saqueo sistemático de los mismos en las partes del territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ilegalmente ocupadas por Marruecos. Un saqueo que permite a este último sufragar todos los gastos derivados de su “diplomacia de recursos naturales ensangrentados” y la compra de voluntades para perpetuar su ocupación ilegal.

Las batallas para poner término al pillaje de los recursos naturales saharauis han sido definidas por la República Saharaui, el Frente Polisario y varias organizaciones no gubernamentales no sólo como una parte esencial del conflicto del Sáhara Occidental, sino también como un campo de batalla que ha atraído el interés de la comunidad internacional.

La piedra angular en esta materia es el principio de la “soberanía permanente sobre los recursos naturales”

La piedra angular en esta materia es el principio de la “soberanía permanente sobre los recursos naturales”, basada en el derecho de los pueblos y naciones a usar y disponer de los recursos naturales existentes en su territorio en beneficio del desarrollo nacional y el bienestar, tal y como fue establecido por la Asamblea General (AG) de la ONU en su Resolución 1803 (XVII), de diciembre de 1962. Este derecho deriva del principio de soberanía territorial y del derecho de autodeterminación, y ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la AG de la ONU. El derecho a la libre determinación de todos los pueblos y a disponer de sus recursos y riquezas naturales es objeto también del artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos.

El cambio climático

Una de las ponencias del Encuentro resultó novedosa en el tratamiento del conflicto del Sáhara Occidental, ya que versaba sobre el cambio climático y la justicia climática para el pueblo saharaui. Para muchos de los asistentes al EIJ, esta ponencia, puede ser la base para un pacto fundamental, pues ofrece los cimientos para unificar los esfuerzos saharauis encaminados a adherirse a la batalla global contra el cambio climático, dado que el pueblo saharaui está cada vez más concienciado sobre esa cuestión, lo que va a requerir de un mayor acceso a los mecanismos internacionales de apoyo financiero y técnico.

En el debate de esta ponencia en torno a la crisis climática en el Sáhara Occidental en su conjunto, y particularmente en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos, se reivindicó la necesidad de que la República Saharaui esté  representada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la Conferencia de las Partes de la Convención (COP) Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y que la Parte saharaui firme el Acuerdo de París para participar en las negociaciones y presentar periódicamente a las Naciones Unidas informes sobre la implementación de su contribución, determinada a nivel nacional, subrayando que la voz saharaui será una voz africana que sumará y fortalecerá la posición africana.

La búsqueda de evasivas y subterfugios jurídicos para sortear las sentencias del TJU

Cualquier observador que siga de cerca las últimas respuestas escritas del, hasta hace poco, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el socialista español Josep Borrell, y de los demás jerarcas comunitarios, a las preguntas de los legisladores europeos y la prensa, respecto a las distintas dimensiones del conflicto en el Sahara Occidental (DDHH, etiquetado de los productos agrícolas y pesqueros, situación de los refugiados saharauis, etcétera) observará que existe un cierto cambio en el lenguaje, recurriéndose a malabarismos semánticos tendentes a eludir el cumplimiento escrupuloso de las sentencias del TJUE, mediante la presentación de propuestas y posiciones basadas en todo tipo de evasivas, con el fin de hacer que prevalezcan las relaciones estratégicas con Marruecos en detrimento del acatamiento de las decisiones de la máxima instancia jurídica europea.

Así, la Comisión y el Consejo de la UE, como también algunos Estados Miembros valedores de las tesis expansionistas marroquíes, estarían tratando de aliviar el potencial impacto de estos reveses judiciales para evitar que se ponga término a la conspiración europea y a la política de chantaje del Majzén marroquí, que sirvieron de paraguas para la adopción de los acuerdos ahora declarados nulos. Ese punto final será, sin lugar a dudas, un atisbo de esperanza para la lucha del pueblo saharaui y un espaldarazo a su apuesta legal. Quienes lean las respuestas escritas del jefe de la diplomacia europea no requieren de demasiada agudeza intelectual ni finura jurídica para llegar a esta conclusión.

La presentación de propuestas y posiciones basadas en todo tipo de evasivas, con el fin de hacer que prevalezcan las relaciones estratégicas con Marruecos

Pero lo que realmente aumenta la confusión de los políticos europeos es que las anteriores sentencias del TJUE sobre el Sáhara Occidental (agricultura, pesca y navegación aérea), ya empiezan a aparecer como parte de la jurisprudencia y el acervo del Alto Tribunal applicables a otros acuerdos similares entre la UE y terceros países, como ha sido el caso con la causa palestina, en el fallo del tribunal sobre los productos provenientes de Israel, del 12 de noviembre de 2019. En ese fallo, el TJUE argumenta su sentencia recurriendo a lo establecido en las disposiciones de sus respectivas sentencias sobre la explotación de los recursos naturales saharauis mediante los acuerdos de pesca y agricultura suscritos entre la UE y Marruecos. En la sentencia del 12 de noviembre de 2019, el TJUE, en su explicación del concepto del territorio y del Estado (párrafos 29, 30 y 31) se remite a sus sentencias de 2016 y 2018, en las que se afirma que el estatuto jurídico del Sáhara Occidental está muy claro desde el punto de vista legal y que constituye un ejemplo extrapolable a los territorios sujetos al principio de descolonización y el derecho a la libre determinación.

La batalla jurídica por los recursos naturales del Sáhara Occidental

Antecedentes

En el año 2012 el Frente Polisario inicia la batalla legal contra el expolio de los recursos naturales, en el corazón de Europa, ante el TJUE.

Más tarde, el 23/04/2015 hace una incursión en el Reino Unido.

El 01/05/2017, el Frente Polisario acude a Port Elizabeth, en Sudáfrica, para plantar batalla al expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

El 16/05/2017, se planta en el Canal de Panamá para interponer una demanda contra un carguero que transporta fosfatos del Sáhara Occidental.

El 25/10/2017 se interpone una demanda contra TRANSAVIA (filial de Air France), ante el Tribunal de Commerce de Créteil (Francia).

El 18/09/2018, se interpone una demanda contra CHANCERELLE, ante el Tribunal de París.

El 19/10/2018 se interpone una demanda contra BNP PARIBAS, AXA ASSURANCES y CREDIT AGRICLE ante el tribunal de París.

El 09/10/2018, se presenta una demanda contra CONXEMAR, una empresa gallega (España) que se dedica a la importación y transformación de productos de la pesca.

El 14/11/2018 se interpone una demanda contra varios Estados africanos, ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

El 12/06/2020, se planta en Nueva Zelanda contra la importación de fosfatos procedentes del Sáhara Occidental.

El 12/10/2022 se interpone una demanda contra Africa Eco Race ante la Fiscalía de París.

Como ya se ha señalado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), declaró nulos los acuerdos de pesca y agricultura suscritos entre la UE y Marruecos por vulnerar la soberanía permanentemente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, ignorar su consentimiento, violar su derecho inalienable a la autodeterminación y el principio del efecto relativo de los tratados, además de omitir el etiquetado de los productos originarios del Sáhara Occidental, etiquetado que ya no puede aplicarse en el territorio ocupado.

De forma abreviada, señalamos varios puntos clave:
TJUE: “Los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos de 2019 en materia de pesca y productos agrícolas, a los que no dio su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, se celebraron violando los principios de autodeterminación y el efecto relativo de los tratados”.

Dichos acuerdos --afirma el máximo tribunal-- no contemplaban el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental.

Las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son definitivas y no están sujetas a apelación.

El TJUE emitió su fallo en contra de la Comisión Europea, al afirmar que la UE ha violado el derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental mediante de los acuerdos comerciales con Marruecos. A pesar de varias apelaciones, la sentencia sigue en pie y afecta a los acuerdos sobre pesca y agricultura establecidos en 2019.

El Tribunal de Justicia anula esos acuerdos y ordena que el etiquetado de los tomates y melones cosechados en el Sáhara Occidental mencione Sáhara Occidenyal como país de origen.

“Las sentencias del Tribunal representan una gran victoria para el pueblo saharaui, sin precedentes en la historia de la descolonización, y fortalecen su lucha por la libertad y la independencia”, como afirmó en un comunicado de prensa el representante internacionalmente reconocido del pueblo saharaui, el Frente POLISARIO.

“Al marcar el triunfo de la legalidad internacional sobre los hechos consumados, las sentencias asestan un golpe fatal al ocupante marroquí, privándolo de influencia económica y política para mantener su presencia ilegal en el territorio y continuar su política ilegal de colonización del territorio saqueando los recursos naturales saharauis”, añade el movimiento saharaui;

Tras dos días de deliberaciones, en la sesión de clausura del Encuentro Internacional de Juristas, los expertos presentaron las conclusiones y recomendaciones, extraídas del análisis de las ponencias magistrales. Los participantes en el EIJ mostraron su satisfacción por el contenido de las citadas conclusiones y recomendaciones.

En recuerdo de la contribución de Emhamed Jadad

Para concluir, porque es de justicia decirlo y reconocerlo, no puede hablarse de la batalla legal saharaui sin hablar de Emhamed Jadad, que nos dejó hará algo más de cuatro años. Fue él quien trasmitió la condena del Frente POLISARIO a la actitud de los líderes de la Unión Europea, que han hecho todo lo posible por eludir las decisiones judiciales, abusando de su poder político y financiero en contravención de la  sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara que Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios distintos y separados, y que no podría haber actividad económica en el territorio del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Una situación que era inaceptable porque violaba los derechos soberanos de ese pueblo. Pese a tales maniobras, las acciones del Frente POLISARIO ante los Tribunales de la UE reflejan, en palabras de Jadad, la confianza del pueblo saharaui en la justicia europea

En la estela de Emhamed Jadad, el Frente POLISARIO como único y legítimo representante del pueblo saharaui, seguirá la batalla contra el saqueo de sus riquezas y contra los acuerdos ilegales que perjudican la soberanía y los derechos de ese pueblo.

Mohamed Limam Mohamed Ali es embajador de la RASD en Kenia