No hay que perderse en la jungla de las fechas y las horas, ni en los personajes de segundo orden. La importancia del caso en el que está imputado Álvaro García Ortiz es que puede evidenciar la utilización de una institución clave del Estado (la Fiscalía General), por parte de la presidencia del Gobierno para destruir a un enemigo político (la presidenta de la Comunidad de Madrid).

Díaz Ayuso ha comparado este asunto con el Watergate. Las diferencias son evidentes. Su único nexo es que en ambos casos está en juego la honestidad del presidente. Si Pedro Sánchez termina cayendo como Nixon, eso ya es harina de otro costal.

Hoy publicamos en exclusiva en El Independiente la declaración íntegra de la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que tuvo lugar el 13 de junio de 2024. Recordemos que Almudena Lastra se opuso a avalar con su firma la nota de prensa de la Fiscalía, que se publicó el 14 de marzo de dicho año, con la que el Fiscal General pretendía "ganar el relato" ante una información publicada unas horas antes por El Mundo.

Quiero que presten atención a las razones que da Lastra al juez de su negativa para firmar la nota impulsada por García Ortiz: "Una cosa es que haya que salir a atajar un bulo de estas características... y otra cosa es la forma de contarlo. Y, a mi juicio, no era necesario relatar los correos, ni si el señor González (el novio de Ayuso) había reconocido o no había reconocido los hechos, porque, insisto, como existe una norma de actuación establecida bastaba con explicar en la nota de prensa que había habido una filtración irregular quebrando la confianza con el letrado y la fiscalía... Se podía haber explicado eso... sin necesidad de dar ningún dato de cuál había sido la posición, ni si se había reconocido o no había reconocido (el delito)".

Este testimonio establece claramente la diferencia entre lo que debía haber hecho la Fiscalía en el cumplimiento de sus funciones, y lo que hizo García Ortiz con el único objeto de destrozar políticamente a Ayuso, usando información reservada de un contribuyente cuyo anonimato está obligado a preservar el ministerio público.

El origen de la guerra que se desata en las últimas horas de la noche del 13 de marzo de 2024 está en una información publicada un día antes por elDiario.es. Dicho periódico, cuya cercanía al Gobierno no es ningún secreto, tituló a cinco columnas en su portada el 12 de marzo que el novio de Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid por "defraudar a Hacienda 350.000 euros a través de sus empresas", que, añadía elDiario.es, se dedicaban a intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. Fuera de su círculo familiar, prácticamente nadie sabía quién era un tal Alberto González Amador.

Sólo podía haber dos fuentes para esa noticia: Hacienda o la propia Fiscalía. Que dicha filtración hecha a un medio amigo tenía una finalidad política lo demuestra la declaración que hizo ese mismo día 12 de marzo la ministra de Hacienda en el Congreso de los Diputados, en la que acusó a Ayuso de "estar viviendo en un piso pagado por un fraude fiscal". Por cierto, esa afirmación propició una denuncia del novio de Ayuso contra María Jesús Montero, que fue admitida a trámite por el Supremo el pasado 16 de diciembre.

El testimonio de Almudena Lastra arroja luz sobre el delito de revelación de secretos del Fiscal General

Ante ese ataque, la respuesta de la Comunidad de Madrid fue inmediata. Tampoco hacía falta ser un lince para adivinar quién era el estratega. Miguel Ángel Rodríguez reconoció ante el Supremo que él había filtrado el correo que publicó El Mundo entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador en el que daba la impresión de que era la Fiscalía la que ofrecía un pacto al novio de Díaz Ayuso.

Esa reacción provocó la guerra del relato. El gran error de García Ortiz; el gran error del gobierno. Para contrarrestar la información de El Mundo, el Fiscal General utilizó todo su poder para salir al paso de ese correo equívoco con una nota de prensa en la que, según lo declarado por Almudena Lastra, se dan datos que no se deberían haber hecho públicos. Y esa es la base precisamente del delito de revelación de secretos.

Moncloa no debió ser ajena a esta "guerra del relato". Como todos ustedes saben, el día 14 de marzo, desde el despacho del jefe de Gabinete del presidente (entonces Oscar López) y desde el gabinete de prensa del PSOE se presionó al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid para que difundiera un correo en el que el abogado del novio de Ayuso se mostraba dispuesto a admitir dos delitos fiscales a cambio de un pacto que evitara la entrada en prisión de su defendido. Juan Lobato se resistió a ello porque sabía que hacer público un documento confidencial podía implicar la comisión de un delito. Esa muestra de prudencia fue, probablemente, la causa de su defenestración.

Los propagandistas que defienden a capa y espada a García Ortiz se empecinan en definir a González Amador como "defraudador confeso". En efecto, él estaba dispuesto a declararse culpable en virtud de un pacto con la Fiscalía, algo que es habitual según constata Almudena Lastra en su declaración ante el juez del TSJM. Pero ser un defraudador o admitirlo no limita los derechos de un ciudadano. La Fiscalía tiene que actuar con arreglo a sus propias normas y no en función de la fabricación de un relato de los hechos cuyo fin era estrictamente político: hacer daño a Ayuso.

También aluden los medios afines al gobierno a la capacidad de manipulación de Miguel Ángel Rodríguez (MAR) que, se escandalizan, no ha sido investigado por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Pero se olvidan de algo fundamental: no es MAR el imputado por un delito de revelación de secretos, sino García Ortiz.

Veremos en este caso muchas triquiñuelas y trampantojos. Pero no se pierdan en vericuetos inútiles. Este caso preocupa y mucho al Gobierno. Ayer mismo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, insinuó que el juez Hurtado está prevaricando, porque, según dijo, acusa "sin pruebas" al Fiscal General y, además, "elucubra" cuando dice en su auto que la Fiscalía remitió los correos entre el fiscal y el abogado de Ayuso a Presidencia del Gobierno. Por el momento, no hay nadie de Presidencia imputado. Pero sólo estamos al principio del proceso. No hay que descartar nada.