A los pocos días de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, se dio la orden a algunas empresas públicas de reducir la inversión publicitaria en determinados medios de comunicación digitales. Lo calificaron de bulo, pero no lo era, para variar. Hay una conocida cabecera que entre 2023 y 2024 ha pasado de ingresar 400.000 a 4.000 euros en este concepto.

Puede que este movimiento ocasionara sorpresa en los más cándidos, pero era previsible. El PSOE ya había adoptado durante la campaña electoral un discurso hostil contra el sector que fue similar al que abrazó Pablo Iglesias cuando se inició la decadencia de Podemos. El exlíder morado hablaba de “la cloaca mediática”, mientras que los socialistas, de “bulos”. Ambos compartían la expresión “la máquina del fango” y la teoría de la conspiración de que existe en España un poder oculto, conformado por prensa, jueces y ultras, que boicotea a la izquierda. Pedro Sánchez dejó clara su opinión al respecto en su segundo libro: “Nuestro país tiene un problema de pluralismo periodístico. La España progresista no está representada en los medios de comunicación de acuerdo con su dimensión y su peso social. Esto genera un clima de opinión que no recoge con fidelidad la realidad de España. Cuando falla el periodismo, se resiente la democracia”.

La estrategia para corregir este desequilibrio y frenar este deterioro es bien conocida: ha consistido en torpedear a todo aquel que disienta. Digamos que el plan tiene una vertiente política, una económica y una ‘social’. La última la ha desplegado un grupo de periodistas y activistas que se ha dedicado a atacar de forma machacona y pueril a la prensa crítica. No puede decirse que en la derecha mediática haya aspirantes a la santidad o individuos y empresas que no merecerían la calificación de ‘pirómanos’ o de ‘matarifes’. Pero, ¿acaso no es eso quien recorrió la provincia de Ávila en busca de un chalé del juez Peinado o quien le atribuyó dos DNIs? En todos los sitios cuecen habas, pero ese mensaje no lo transmitió la centuria periodística gubernamental. Su objetivo era atribuir la exclusiva de la mentira a la fachosfera, que, casualmente, era la que publicaba las mentiras de la UCO o del propio Ministerio de Transportes sobre el ‘caso Koldo’; o la que contaba las investigaciones sobre Begoña Gómez o David Sánchez.

Lluvia de millones

Esta avanzadilla de ‘informadores’ -que estaría muy mal alimentada si no se dedicara a la delación y el insulto- preparó el terreno para justificar las otras dos medidas. La más lesiva para el contribuyente asciende a 124,5 millones de euros y se destinará a ayudar a la prensa en su proceso de digitalización. El Gobierno asegura que este tipo de partidas también se han repartido en otros países de la Unión Europea y no miente. Ahora bien, oculta -seguramente, por un olvido- que en esos casos no existía una confrontación tan evidente del Ejecutivo con la prensa crítica. ¿Acaso, a tenor de los precedentes, hay que confiar en que estos fondos se distribuirán de forma equitativa? No conviene ser iluso.

Mientras el ‘pagador de impuestos’ acepta que le metan la mano en el bolsillo para ‘digitalizar lo digitalizado’ y para implantar la IA en medios que ya la utilizan -para generar churros sin valor informativo y dopar su dato de visitas, en muchos casos-, una comisión interministerial regula la aplicación del famoso Plan de Regeneración Democrática, que pretende limpiar el panorama informativo y reducir las malas prácticas que dan lugar a un ecosistema en el que abundan las falacias y el odio. Entre medias, se avivan debates que se inician con la exhibición de una estampita en las Campanadas de TVE y derivan en debates sobre la reforma del Código Penal -que comparto- para eliminar el delito contra los sentimientos religiosos y, de paso, en otros que pretenden imposibilitar la presentación de demandas “basadas en recortes de prensa” y limitar la acusación popular. Esto último, incluso en procesos abiertos que afectan a ministros y familiares de Pedro Sánchez.

En mitad de este camino hacia el ensanche de las libertades y el respeto a la prensa, se ha producido un fenómeno que ha pasado desapercibido, pero que conviene señalar, sea 4 la suma de 2 y 2 o algo diferente, como acostumbran a decir. La cuestión se reveló hace unos días, cuando el Gobierno anunció la designación de Ángel García Castillejo como vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y, por tanto, como responsable de la Sala de Supervisión Regulatoria. Es decir, la que toma decisiones relevantes sobre la factura de la luz, sobre el cada vez más desregulado mercado de las telecomunicaciones, sobre el transporte, sobre el sector postal y… sobre el audiovisual.

Movimientos concéntricos

El candidato es un viejo conocido en este último mundillo. Fue directivo de Radiotelevisión Española durante la etapa de José Manuel Pérez Tornero; y sonó como secretario general de la corporación cuando los astros se alinearon -y por los astros me refiero a ciertas corrientes de la izquierda- y obligaron a dimitir a Alfonso Morales de ese puesto, después de un Consejo de Administración conocido como el de Puerto Hurraco, en el José Pablo López y Elena Sánchez fueron destituidos de sus puestos tras dos conjuras simultáneas de consejeros. Ahí participaron los del PP, los del PSOE y algún rebotado. Fue dantesco. Entre bambalinas, los de siempre: los zapateristas. O gente cercana a José Miguel Contreras y su 'ecosistema', como la propia Concepción Cascajosa.

García Castillejo no es ajeno a ese entorno empresarial. De hecho, fue asesor de Miguel Barroso en la Secretaría de Estado de Comunicación cuando el PSOE se sacó de la chistera la licencia de LaSexta, de la que se beneficiaron Mediapro -hoy dueña de El Terrat, productora del programa de Broncano- y Globomedia, de la que formaba parte Contreras, quien fue el primer consejero delegado. La intención del Gobierno de Zapatero era entonces crear un grupo de medios de izquierdas alternativo al Grupo Prisa, al cual, por cierto, se obsequió después con otra licencia, la de Cuatro. Ambos empresarios vendieron unos años después sus canales con deudas que rozaban lo insostenible.

Prisa no oculta que está interesada en la licencia de televisión que sacará a concurso el Gobierno en los próximos meses. Lo hará el Ministerio de Transformación Digital. El de los 124 millones de euros para “digitalizar lo digitalizado”. El de Óscar López, el candidato contra Ayuso. La CNMC ha reclamado disponer de toda la información sobre ese proceso. Entonces, se espera que García Castillejo ya esté al mando de esa sala. Que nadie interprete que aquí se lanza ninguna sospecha. Tan sólo se subraya que los nombres de entonces, de hace 20 años, ocupan actualmente posiciones relevantes, fruto de la influencia del zapaterismo en la política mediática española.

Frentes abiertos

Conviene, en cualquier caso, extremar las precauciones, dado que la batalla del Ejecutivo contra la prensa crítica sigue viva y la CNMC ha asumido -y asumirá- competencias bastante sensibles con respecto al sector mediático, pero también sobre el de los influencers, los cuales, por ciertos, también dan información. Mala en algunos casos. Crítica y buena en otros. 

El organismo regulador es desde hace un año quien ejerce “la coordinación, la supervisión y el cumplimiento efectivo coherente del Reglamento europeo de Servicios Digitales”, lo que puede llegar a chocar con la estrategia y los intereses de ‘plutócratas’ -así los apoda la centuria mediática- como Elon Musk, empeñado, por cierto, en influir en la política europea por meros intereses empresariales.

Próximamente, se espera que la CNMC se quede con el famoso registro de medios de comunicación en el que se detallarán los accionistas de las empresas informativas españolas y el dinero público que reciben en cada caso y su origen. El ejercicio de transparencia -impulsado por el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación- será positivo. Lo supervisarán los supervisores, nada ajenos. Pues eso.