1984: unos niños juegan fútbol en la playa cuando aparece Diego Maradona y se pone a jugar con ellos. La cámara se acerca y, desde un primer plano, la ex estrella del Barcelona dice: "Haceme un favor, disfrutá de la vida y si te ofrecen droga simplemente di no". Este fue uno de los anuncios más míticos de las campañas contra las drogas en este país. Sin embargo, el corte de ese vídeo y la foto de Maradona con Michel Platini, ambos vestidos de corto con camisetas rotuladas con un ¡no a las drogas!, en inglés y francés, mientras Pelé les sujeta las manos al tiempo que sostienen un banderín de Francia, se han terminado convirtiendo en memes que hacen mofa del consumo de drogas por causa de las múltiples adicciones de Maradona. Pero más allá de la anécdota, la campaña nos recuerda a una sociedad asustada por la devastación causada por la heroína entre una juventud desinformada sobre sus letales efectos.
Cuarenta años después tenemos más información sobre los efectos de las drogas en la salud pública y en la criminalidad. La prohibición ha sido el mecanismo por el que se ha querido controlar, pero la consecuencia ha sido el aumento de la rentabilidad del negocio y de su capacidad para corromper las instituciones. No obstante, a pesar de este dato y de esa mayor información, las Administraciones Públicas erran tanto en sus campañas de prevención como en ponderar el alcance de la prohibición.
Las campañas de prevención parecen sacadas de un libro de autoayuda, con videos molones cuya estética, narración y lenguaje sintonizan más con los grupos poblacionales de menor riesgo de consumo. En otras ocasiones, como ocurre con las campañas de prevención financiadas en 2024 que figuran en la página web del Plan Nacional sobre Drogas, giran en torno al juego, el alcohol y adicciones varias. También están las que se centran en grupos de género específico, si bien la casi totalidad están pensadas para jóvenes y adolescentes, a pesar de que drogas como la cocaína son consumidas por adultos con ingresos medios que pueden permitirse un vicio caro.
Siguiendo con los ejemplos, la Comunidad de Madrid tiene un plan regional de prevención centrado en el cannabis, sustancia que consideran puerta de entrada a otras drogas, como el fentanilo, obviando todos los datos que muestran que el consumo recreativo de drogas se inicia asociado al alcohol y que países como EEUU –poco sospechoso de no tener políticas restrictivas contra las drogas– precisamente están legalizando el cannabis.
Me sorprende que en las campañas de prevención la cocaína prácticamente no aparece como un peligro, cuando todos los datos señalan el aumento de su consumo en España y en toda Europa. El Reporte Europeo sobre drogas 2024 indica claramente que "la cocaína es, después del cannabis, la segunda droga ilegal más consumida en Europa" y que "la disponibilidad de esta droga ha ido aumentando durante varios años". Según las encuestas, casi 2,5 millones de jóvenes de la Unión Europea, de entre 15 y 34 años (el 2,5 % de este grupo de edad), consumieron cocaína en el último año. No hay que olvidar que es un consumo, sobre todo, recreativo.
Estos datos muestran por sí solos el fracaso de las políticas de prevención del consumo y de la prohibición como sistema de control. Otra evidencia del poco éxito de la política europea centrada en limitar la oferta de cocaína con acciones judiciales y policiales es que tiene a Italia como principal valedor, bajo la propia premisa de este país de que así ha controlado a las mafias. Sin embargo, la realidad muestra que, más bien, dichas organizaciones criminales han hecho una especie de outsourcing con las mafias albanesas que, entre otras cosas, controlan el ingreso de cocaína por el puerto de Vigo.
La letalidad y adicción causada por la cocaína es el principal argumento para convertir su consumo en un problema de salud pública. El mismo informe la responsabiliza del 28 % (1.739) de casos de toxicidad aguda por drogas registrados en hospitales, casos que, mayoritariamente, están asociados a la ingesta de alcohol.
En España, la cocaína estuvo implicada en el 52 % de las cerca de 1.000 muertes inducidas por drogas que se estimaron en 2020; y en Francia se calcula que la mortalidad pasó de 130 casos (el 22 % de todas las muertes inducidas por drogas) en 2020, a 259 casos (el 39 %) en 2021. Datos que son mínimos si se comparan con los 240.000 fallecidos en la UE, en 2019, por el consumo de alcohol (aún contando con que tres de cada 10 muertes atribuibles al alcohol las ocasione finalmente el cáncer). En el caso de España, cada año mueren alrededor de 1.500 personas en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol y otras 50.000 resultan heridas.
Uno de los peores efectos de la cocaína es su capacidad para carcomer las instituciones, corrompiendo a sus responsables administrativos o políticos"
Como anticipaba, uno de los peores efectos de la cocaína es su capacidad para carcomer las instituciones, corrompiendo o extorsionando a sus responsables administrativos o políticos gracias a los miles de millones de euros de ganancias que genera. Ello ha permitido a sus comercializadores, por ejemplo, comprar a los responsables policiales de la embajada española en Colombia, Galicia, el puerto de Valencia o al jefe de las aduanas de Málaga.
Hace poco saltó un caso que parece sacado de la serie Narcos. El jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid escondía 20 millones de euros tras las paredes de su casa, otro millón en su despacho de la Jefatura Superior de Policía y se presume que tiene 27 millones más escondidos en otra propiedad, dinero que pudo acumular gracias al millón de euros por cada contenedor con cocaína que ayudaba a colar. Ese dinero se lavaba con la compra de productos financieros y con más de 300 cuentas bancarias repartidas en media docena de países, entre ellos paraísos fiscales como Dubái –actual epicentro del narcotráfico mundial–, y negocios modestos como licencias de vehículos con chófer.
Ahora bien, me pregunto: ¿por qué la UE y España mantienen su política sobre la cocaína a pesar de su evidente fracaso y de que solo aumenta la rentabilidad y ganancias del negocio? El argumento de precautelar la salud pública no se sostiene porque resulta menos letal que sustancias legales como el alcohol o el tabaco y porque las campañas de prevención en este sentido son prácticamente inexistentes. Además, y sobre todo, no hay que olvidar el efecto de destrucción que genera en los países productores del Sur.
El futuro de América Latina depende del modelo de regulación de la cocaína. La situación actual ha provocado que con el 8% de la población mundial tenga una tercera parte de los homicidios globales. InSight Crime señala que el 50 % de los homicidios en la región se asocian al crimen organizado, el doble que a nivel mundial, con casos extremos como el de Ecuador donde la tasa de homicidios aumentó en cerca de un 800% entre 2018 y 2023 debido, sobre todo, a la reestructuración del mercado mundial de cocaína que implicó la salida de las FARC como dealer a causa de los procesos de paz de Colombia. En 2024 fueron asesinadas 7.878 personas en Ecuador, un país de 18 millones de habitantes cuyas instituciones y territorios están siendo destrozadas, como sucede en México o Colombia.
Por ello, España y la UE tienen una oportunidad de oro para tejer nuevos lazos basados en intereses conjuntos en torno al problema de las drogas que relancen las relaciones con América Latina. Para ello podrían comenzar abriendo un debate global que supere la visión moralista de Nixon que ha guiado los fracasos de la política mundial sobre drogas en los últimos 50 años.
Francisco Sánchez es director de Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer los artículos que ha publicado en El Independiente.
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