El Fiscal General del Estado sólo ha contestado a las preguntas de su abogado -abogado del Estado, por cierto-, José Ignacio Ocio Martínez de la Puente. La fiscal, teniente fiscal del Supremo, y subordinada suya, Ángeles Sánchez Conde, no ha hecho preguntas porque, a su entender, el origen de este procedimiento es una entrada y registro "ilegal" en los despachos de la Fiscalía, cosa que llevó a cabo la UCO por orden del juez instructor.

Álvaro García Ortiz tiene todo el derecho del mundo a no responder a ninguna de las partes y hacerlo sólo a las preguntas de su abogado. Pero no responder ante el juez es poner en duda la objetividad misma del instructor.

Esto no es sólo una impresión, sino que el propio Fiscal General se lo dijo en la cara a Ángel Hurtado, a quien atribuyó que "parte de una certeza que le impide descubrir la verdad". En efecto, García Ortiz ha negado la obligatoria imparcialidad del juez y, con su afirmación, avala la teoría difundida desde el Gobierno de que el juez del Supremo tiene ya un criterio asentado, "predeterminado", que le lleva a atribuir al investigado el delito de revelación de secretos que es la almendra de esta causa.

De ahí a acusar a Hurtado de prevaricación sólo hay un paso. Algún ministro ya ha ido por ese camino.

Desde luego, esa no es una buena táctica si lo que se pretende es demostrar que el Fiscal General no filtró ningún dato confidencial y reservado del expediente del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Más que defenderse, lo que parece pretender García Ortiz es cargarse al instructor, utilizando criterios poco jurídicos. Ha optado por una defensa política.

El Fiscal General cuestiona la imparcialidad del juez y atribuye el testimonio de Almudena Lastra a una especie de ajuste de cuentas entre fiscales

El Fiscal, que lo negó todo, no sólo descalificó al juez, y de ahí su negativa a responder a sus preguntas, sino que también cuestionó la veracidad de lo declarado por la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien describió ante el Supremo las tensas horas de los días 13 y 14 de marzo. Su relato explica su "convicción" de que fue García Ortiz quien ordenó filtrar a los medios párrafos textuales del expediente de González Amador. "¿Has filtrado tú?", dijo que le preguntó al Fiscal General; a lo que este respondió: "Eso ahora no importa".

García Ortiz ha declarado a preguntas de su abogado que ningún subordinado le habla así a su jefe. O sea, que Lastra mintió. Y, no contento con eso, justificó el presunto falso testimonio en que la Fiscal Superior de Madrid siente "desafecto" hacia la cúpula fiscal. Sin mencionarlo, García Ortiz se refiere la dimisión de Lastra y otros cuatro fiscales (Juan José Pereña, Javier Zaragoza, Carlos Castresana y Lorena Álvarez) de la Asociación Progresista de Fiscales (APF) cuando él ascendió a su anterior jefa, Dolores Delgado, para que asumiera la Fiscalía de Memoria Democrática.

Es decir, que ha actuado por venganza, pasándole la factura por una decisión que la Sala de lo Contencioso del Supremo estimó como una evidente "desviación de poder".

Como vemos, tanto García Ortiz como su subordinada Sánchez Conde han optado por cuestionar la imparcialidad del juez, la actuación de la UCO y el testimonio clave que puede sentar en el banquillo al Fiscal General.

Tal vez, desde el punto de vista mediático, esta estrategia dé resultado. Al fin y al cabo, coincide con lo que sostiene el Gobierno. Pero es una desastrosa opción si lo que quiere García Ortiz es evitar el procesamiento. Tal vez le guste asumir el papel de mártir.