Declaró ayer ante el Supremo la Fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Ella está imputada por un posible delito de revelación de secretos junto al Fiscal General, García Ortiz, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

Rodríguez, recordémoslo, fue la que, tras dar el OK a la nota de prensa en la que la Fiscalía salía al paso de un presunto bulo, añadió a su jefe el comentario: "Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro". Ja, ja, ja... A preguntas del juez sobre ese comentario, ella lo ha justificado diciendo que se "trató de un desahogo". Cianuro para algunos periodistas. Los del supuesto bulo.

Recordemos también que fue Rodríguez la que impidió al fiscal Julián Salto ver el final del partido del At. de Madrid contra el Inter de Milán, porque le requirió de forma urgente los correos que se había cruzado con el abogado del novio de Díaz Ayuso. Lo reclamaba el jefe. Ella ha declarado ante el juez que las órdenes del jefe ("a tu disposición"), no se discuten y que, por tanto, ella no tenía por qué saber para qué quería García Ortiz los dichosos correos, que luego fueron profusamente utilizados en filtraciones a la prensa y que llegaron oportunamente a Moncloa, que, a su vez, se los envió al portavoz del PSOE de Madrid, Juan Lobato, para que se los restregara a la presidenta de la Comunidad en el Pleno que se celebró el 14 de marzo.

Rodríguez ha negado en todo momento, como su jefe, que ella filtrara esos correos. Y, para extender el manto de la duda sobre la autoría, aportó dos datos escalofriantes. Dijo que al procedimiento sobre el presunto delito fiscal de González Amador habían tenido acceso 571 personas (¡el tiempo que habrá empleado esta funcionaria en contabilizar a todas esas personas de ámbitos tan distintos como el decanato de Plaza de Castilla, la Agencia Tributaria o la propia Fiscalía). ¡571 personas!. Ni una más, ni una menos.

Rodríguez ha revelado que a la información confidencial del novio de Ayuso tuvieron acceso cientos de personas. Incluso que hasta una señora de la limpieza pudo acceder a los correos

No contenta con eso, Rodríguez reveló que a los correos que ahora son objeto de investigación tuvieron acceso 60 personas y que el papel que ha generado la polémica estuvo durante 20 horas sobre la mesa de un despacho "que no se cierra con llave y al que tiene acceso la señora de la limpieza". ¡A ver si va a haber sido ella la responsable del desaguisado!

Tiene guasa Rodríguez. Lo demostró con el cianuro y ahora con la contabilización de todos los posibles responsables de una filtración de datos reservados de un contribuyente a los medios de comunicación.

Tras conocer su declaración no tengo por menos que sentirme alarmado. Se supone que la Fiscalía y la Agencia Tributaria tienen la obligación de preservar la confidencialidad de sus actuaciones. ¿Pero cómo se va a garantizar ese derecho si hay tanta gente con acceso a la información reservada?

La treta para eludir responsabilidades resulta insultante y, para los contribuyentes, preocupante.

Pero qué casualidad que de todos los medios habidos y por haber, sólo uno de ellos (elDiario.es) publicó la exclusiva de la investigación abierta por la Fiscalía por dos delitos fiscales al novio de Díaz Ayuso.

El hilo de la filtración inicial, esto es una deducción, me lleva al Ministerio de Hacienda. Eso explica que María Jesús Montero entrara en tromba justo la misma maña de la publicación de la noticia contra Díaz Ayuso, a la que acusó de estar viviendo en un piso pagado con el fraude fiscal de su novio.

Todo fue una reacción en cadena. Un día después, El Mundo publicó un correo en el que el fiscal Salto ofrecía un acuerdo de conformidad al abogado de González Amador, que, según una fuente de la Comunidad de Madrid, alguien quería frenar "desde arriba", y eso desencadenó la reacción de la Fiscalía General. Había que "ganar el relato", como dijo el propio Fiscal General. Al precio que fuera. Aunque eso significara saltarse la obligación de mantener la reserva sobre el posible delincuente fiscal. Ese fue el error de García Ortiz. El problema es que en su afán por "ganar el relato" se encontró con la resistencia de la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra. Sin su testimonio, este caso tendría una base muy débil.

Pero, volvamos a Rodríguez. El testimonio de la Fiscal, por más que sea un argumento legítimo con el objetivo de diluir su posible responsabilidad, dibuja una administración caótica y poco rigurosa, en la que hasta una señora de la limpieza puede entrar en un despacho y fotocopiar unos correos con información relevante. No hacen falta espías, ni Villarejos. Bastaría con darle una suculenta propina a esa señora para acceder a los secretos más jugosos, para tener el arma con la que destrozar a un enemigo político.

Si esto fuera así, más que cianuro, lo que necesitaríamos los sufridos contribuyentes es un poquito de arsénico, por compasión (en recuerdo a Frank Capra y al genial Gary Grant).