Hay 671.000 hogares que subsisten en España con el Ingreso Mínimo Vital, lo cual le cuesta mensualmente al Estado 384 millones de euros, con una cuantía media por hogar -según el Gobierno- de 516 euros. Podría afrontarse el debate sobre esta prestación desde múltiples perspectivas, pero hay un hecho incontestable al respecto: todos los que la cobran son pobres o están a tan sólo un paso de despeñarse por el abismo de la miseria, que es lóbrego y fangoso; y del que cuesta un mundo escapar.

Debería perderse el miedo a llamar a las cosas por su nombre. Eufemismos como el de 'personas vulnerables' o 'en riesgo de exclusión social' son injustos con la circunstancia de sus pacientes. Son pobres y eso no es vergonzante, pero sí dramático. En ese espacio confluyen quienes tuvieron mala fortuna y quienes nunca la buscaron, pero todo el mundo comparte una misma circunstancia. Es la que provoca que sus proyectos vitales no sean más importantes que cubrir las necesidades básicas diarias, cosa que es imposible con 516 euros.

Una persona que ingresa mensualmente esa cantidad es pobre. También quien percibe el salario mínimo, aunque la propaganda se empeñe en transmitir lo contrario y celebre los incrementos de esta variable como un logro sublime. La última encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística muestra que, en 2022, el 17,1% de los trabajadores españoles ganó, como mucho, un SMI al mes, frente al 19,46% de 2020... y el 8,86% de 2008. Casi la mitad de los empleados percibe entre 1 y 2 veces esa cantidad. 

La izquierda ha vendido por activa y por pasiva una idea de justicia fiscal un tanto singular, dado que el discurso (que paguen los ricos) hace aguas cuando se analizan los impuestos directos e indirectos que pagan quienes se encuentran en dificultades. Según los cálculos de Bankinter, un trabajador que disponga de un contrato de 18.000 euros -1.500 brutos en 12 pagas- percibe al mes 1.261,42 euros. Es decir, paga casi 240 euros de impuestos. Su empresa, 471 adicionales. El 'neto' es mayor que los 1.184 euros del SMI, pero igualmente escaso.

Con ese sueldo no se es tan pobre, pero se vive igualmente en la cuerda floja. El dentista se financia en varios meses y lo importante siempre se deja para el mes que viene, aunque en realidad sea imprudente en un contexto de inflación. Hace unos días, Félix Bolaños hacía referencia a la situación de la economía española, que crece, y eso está bien. Tuiteaba un cohete. A lo mejor no es para tanto la cosa, a tenor de los datos anteriores. Quizás, quien pertenezca al amplio grupo de españoles que pasa dificultades cada mes lo tome como una ofensa.

Una herramienta "hiperpoderosa"

También atenta contra la inteligencia el discurso de Yolanda Díaz. En general y en particular. Hace unas horas, mientras anunciaba la nueva subida del SMI, definía esta retribución como “una herramienta hiper-poderosa” para luchar contra la desigualdad. Es cierto que si no existiera esa barrera habría indeseables que se verían tentados a retribuir a sus empleados con cuencos de arroz. Lo que sucede es que no es una buena noticia que un porcentaje tan elevado de los trabajadores no supere ese nivel. Sugiere que hay un mercado poco competitivo que empuja a la oferta hacia la precariedad. Quien sólo cuenta con esos ingresos... no se sentirá 'híper-poderoso', a buen seguro.

Dicho esto, está en lo cierto Díaz al criticar la voracidad de Hacienda al querer cobrar el IRPF al 20% de quienes perciban el nuevo SMI, tras su subida hasta los 1.184 euros anuales. Los técnicos de Hacienda de Gestha han propuesto que la tributación mínima se adapte para que sólo grave los salarios de más de 16.576 euros anuales, pero María Jesús Montero opina lo contrario. Los mismos que anunciaron que serían los ricos quienes asumirían las cargas fiscales que aumentarían para garantizar el 'escudo social', ahora pegarán un tijeretazo a la renta de los salarios más bajos.

Los pagadores de impuestos

Se aprecia aquí una realidad que poco a poco se impone, y que es acuciante e inevitable, más allá de los datos y de las prometedoras propuestas que todos -y digo todos- los partidos mayoritarios españoles realizan a su electorado. Es la que dicta que el gasto público -45% del PIB- tiene un coste y que éste recae sobre el grueso de los contribuyentes, que está conformado por la mayoría de los ciudadanos -los de rentas medias-; y no por la clase alta. Detrás de las promesas electorales y de las ruedas de prensa propagandistas hay una realidad: estas rentas son las que sufragan 'la fiesta' y las que más sufrirán si el Estado mantiene su espiral expansiva. Máxime si se resiente -o se resintiera- la salud del sector privado.

Hablaba este martes Pilar Alegría de la necesidad de hacer pedagogía para explicar a los ciudadanos que los impuestos que pagan, desde que se levantan hasta que se acuestan, sirven para engrasar los servicios públicos y pagar sanidad, pensiones, educación o carreteras. Sonaba a tomadura de pelo después de que se conociera el tijeretazo que le van a meter a una parte de los contribuyentes que cobran el SMI. A un engaño que es similar al que afirma que España es hoy un país más próspero -"la mejor economía del mundo", dijo Pedro Sánchez- en el que sus ciudadanos gozan de más derechos y un mejor nivel de vida que nunca.

A la vista está que no es así; y que la situación empeorará si no se realizan reformas estructurales sobre la economía y si se desincentiva la actividad privada. La propaganda ha conseguido convencer a los ciudadanos que lo público es un bien etéreo y cuasi gratuito, cuando, en realidad, resulta demasiado caro y ruinoso si no se gestiona con prudencia. Tanto, que acaba por comerse una parte de la renta de quienes intentan sobrevivir con el SMI. Un sacrificio intolerable.