La ley de Memoria Democrática 20/22, de 19 de octubre, ha dado carta de naturaleza legal a una nueva especialidad en el Ministerio Fiscal, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuya principal función, es la persecución penal de los crímenes de derechos humanos ocurridos por la represión franquista.

La ley considera víctima a “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido daño físico, moral o psicológico, o daños patrimoniales, como consecuencia de acciones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos durante el período que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior guerra y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.”

La ley ampara a todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad, como el genocidio o los crímenes de guerra -crímenes que están expresamente castigados en nuestro Código Penal y que no prescriben nunca-  y a las víctimas de distintos actos de violencia, persecución y/o represión, perpetrados desde las estructuras del Estado o amparados por ellas, durante el régimen dictatorial hasta la Constitución.

El Sáhara Occidental, colonizada por España desde el siglo XIX, se convirtió en su provincia número cincuenta y tres con el Decreto de provincialización de 10 de enero de 1958 creándose un Gobernador General, representante de Franco en la provincia. 

A lo largo de la historia, Marruecos nunca envió ningún Gobernador marroquí al Sáhara Occidental, ni tampoco los saharauis han rendido pleitesía a ningún monarca marroquí

La represión franquista en el Sáhara Occidental comienza en torno al año 1968, con la figura de Mohamed Sidi Brahim, conocido como Bassiri, quién había fundado en Marruecos el periódico Al-Shihab. Un artículo suyo titulado “Sáhara de los saharauis”, provocó la clausura de la revista. En dicho artículo, Bassiri declaraba que el Sáhara nunca había sido marroquí, afirmando que “A lo largo de la historia, Marruecos nunca envió ningún Gobernador marroquí al Sáhara Occidental, ni tampoco los saharauis han rendido pleitesía a ningún monarca marroquí.” 

Tras el cierre de la revista, Bassiri traslada su residencia a la ciudad española de Esmara, donde funda el “Movimiento de Vanguardia por la Liberación del Sáhara”, precedente del Frente Polisario. 

El 17 de junio de 1970, el líder saharaui organizó una concentración en el barrio de Zemla, en El Aaiún. Hasta dos mil saharauis acudieron. La manifestación pacífica, acabó en tragedia, siendo conocida como la “Masacre de Zemla”. 

La disolución de la manifestación por la policía territorial y la legión, se saldó con cuatro muertos, todos ellos saharauis, más de veinte heridos, numerosos detenidos y quince desaparecidos. Bassiri fue interrogado por la policía franquista durante varios días, y más tarde fue declarado desaparecido. 

Sería reconocido posteriormente como el primer mártir de la lucha saharaui.

A partir de estos trágicos sucesos, el régimen de Franco creó un aparato represivo en la provincia. 

España, además, continúa siendo la potencia administradora del Sáhara, y sigue vinculada por la obligación de asegurar la protección de su población contra todo abuso

El 1 de septiembre de 1971, se creó la Jefatura de Policía Interior, órgano político del régimen para el control del territorio. Comienza una oleada de represión. Se persigue toda actividad política. Se instaura una estructura de espionaje y de control bajo las órdenes del Gobernador General, jefe de las Fuerzas Militares al mando de una policía con competencias militares. Se envía una sección de la policía armada, los “grises”, junto con diez inspectores de la policía secreta. 

Todo ello para impedir, de cualquier modo, cualquier posible expresión de revolución nacional. 

El movimiento de liberación surgiría nuevamente en la clandestinidad. En 1973 en el Congreso celebrado en la ciudad mauritana de Zuerat, se adopta la vía armada, y el 10 de mayo, surgiría el Frente Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, o Frente Polisario.

 La lucha armada desplegada contra las tropas españolas tendría como respuesta la torturas y los fusilamientos extrajudiciales de los saharauis detenidos. El 17 de diciembre de 1974 fueron detenidos y ejecutados sin juicio ni defensa: Abdi Brahim Mohamed, Fadel Mohammed Lamin Brahim y Embarek Hossein Hameida.

Los estudios desarrollados por el Dr. Omar Emboirik acreditan que las tropas españolas detuvieron, encarcelaron y torturaron a seiscientos ciudadanos saharauis que acabarían presos en el penal de Tenerife o en las cárceles del Sáhara Occidental.

Siendo el Sáhara Occidental una provincia española, y de conformidad la Ley de Memoria Democrática, los crímenes perpetrados por la represión franquista sobre el pueblo saharaui se considerarían crímenes de lesa humanidad susceptibles de ser investigados por las autoridades españolas.

España, además, continúa siendo la potencia administradora del Sáhara, y sigue vinculada por la obligación de asegurar la protección de su población contra todo abuso. 

En virtud de ello, el pueblo saharaui, víctima de la represión ejercida por las instituciones políticas franquistas, ostenta la condición de víctima y  le corresponden los derechos que le atribuye la ley: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.

Óscar Presa González es fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática en Alicante.