Muchas de las polémicas que circulan por España y que rigen la vida pública son absurdas porque nos entretenemos-o nos entretienen- en nimiedades, perdiendo el foco de lo principal. Entre ellas, destaco la de la subida del salario mínimo y su tributación. Nuestro Gobierno progresista se pone la medalla de las subidas desde que están en el poder, como si fuesen ellos quienes las pagan. Luego la vicepresidenta y ministra de Trabajo se revuelve porque los beneficiarios de la subida van a tener que empezar a pagar IRPF, por lo que parte de la subida se la queda Hacienda. Ello no es más que un ejercicio de cinismo o de ignorancia culpable. Debería saber, aunque estoy seguro de que lo sabe, que una cosa es subir el salario mínimo y otra modificar la tabla del IRPF.

Lo que sería interesante es si, en momentos inflacionarios, habría que deflactar el IRPF para evitar que simples subidas nominales de renta se conviertan en descensos reales como consecuencia del carácter progresivo del IRPF. Es lo mismo que dice la ministra de Trabajo, pero elevado a una categoría general y no al caso puntual del salario mínimo. Como es lógico, la vicepresidenta y ministra de Hacienda no está de acuerdo, ya que le corresponde subir el gasto público y, en paralelo, la presión fiscal como consecuencia de la línea ideológica de su gobierno y también, aunque en grado menor, cuadrar las cifras por la débil ortodoxia fiscal impuesta por Bruselas.

En 2024 se estima que el gasto público puede haber llegado a 670 mil millones de euros y el déficit público sobrepasar el 3% del PIB, que es el objetivo para que no nos regañe la UE. Debería sorprendernos que, con un crecimiento económico del 3,2% y sin que haya habido deflactación del IRPF, sigamos teniendo ese déficit. En la misma línea, es difícil explicar la situación de la Seguridad Social, que también arroja cifras negativas -incluidas en el déficit público- a pesar del récord de cotizantes.

Deberíamos preguntarnos si nuestras vidas han mejorado por esta subida del gasto público. La mayoría diríamos que no lo hemos notado

La voracidad del gasto público es imparable, como lo demuestra que desde 2018 haya subido el 37%. También deberíamos preguntarnos si nuestras vidas han mejorado por esta subida del gasto. La mayoría diríamos que no lo hemos notado. Es más, muchos pensaríamos que estamos peor porque pagamos más impuestos. Aunque hay que reconocer que a algunos les habrá tocado una especie de lotería en forma de subvención. Pero de eso no se habla, solo y mucho de si el bono transporte tiene que seguir siendo gratuito, en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, incluido el PP.

A todo esto, llega el presidente Trump a EEUU y nos dice que tenemos que triplicar el gasto en defensa porque el paraguas americano se va a acabar y pronto. Supondrá fácilmente dos puntos porcentuales de PIB adicionales. Casi nadie se manifiesta claramente sobre si hay que aumentarlo, salvo los partidos de extrema izquierda y los nacionalistas, negativamente, con un PSOE que habla en voz baja y un PP que mira de perfil.

¿Hay margen para aumentar el gasto en defensa? Dentro de nada empezaremos a discutir cómo se paga y Von der Leyen propone relajar los límites de endeudamiento. Nuestro presidente del Gobierno, que no puede aprobar unos presupuestos, indica que es un problema europeo y que lo pague Europa. Solo nos falta que sugiera que lo pague la UE, emitiendo deuda y que la compre el BCE como con la pandemia. Esperemos que el BCE haya aprendido se sus errores de hace poco, porque la consecuencia sería, otra vez, una tremenda inflación.

La necesidad de gastar más en defensa no es coyuntural, ha llegado para quedarse, como en la época de la guerra fría. La defensa solo se puede pagar con impuestos y es una obligación ineludible y la más importante de los estados: para eso vivimos en sociedad. Y nosotros enredados con el bono transporte.