Honduras, un país de cerca de 10 millones de habitantes, tiene 16.441 millones de dólares de presupuesto general del Estado, solo un 23 % más de los 12.700 millones de dólares que Telefónica pagó en el año 2000 por Lycos, un portal de internet que, como otras empresas del sector, no resistió el cambio de dueños y de la tecnología de búsqueda que implicó la llegada de Google. Era la época loca de las puntocom y, aunque no se sabía muy bien cómo, todo el mundo intuía que "internet" daría mucho dinero y nadie quería quedarse fuera. Intuyendo negocio, Telefónica, que en ese momento era el buque insignia de la internacionalización empresarial española, ansiaba su veta en la nueva fiebre del oro.

Uno de los objetivos de la compra de Lycos por más del doble de su valor en bolsa fue entrar en el mercado "hispano" de EEUU. Pero las aventuras mil millonarias de Juan Villalonga, infausto ex CEO de Telefónica, no acabaron ahí, también se dio batalla en Europa. Para ello, el mismo año que se compró Lycos, se pagaron 8.400 millones de euros por las licencias de móviles 3G de Alemania. Los dos negocios fueron ruinosos: Lycos cambió de manos varias veces y la última noticia que se tiene es que fue vendida en 2010, por 28 millones, a una empresa india de soluciones de marketing digital. La aventura alemana fue tal desastre que las concesiones tuvieron que devolverse sin reembolso porque el consorcio del que formaba parte Telefónica no cumplió con los objetivos contractuales. 

Estas dos operaciones fueron el canto del cisne del agresivo proceso de expansión internacional de Telefónica, que arrancó en 1990 con la compra de una parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) argentina durante el proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno peronista de Carlos Menem. La adquisición, que contó con el apoyo político del gobierno de España, se hizo a través de un consorcio cuyo socio local era el Grupo Techint que, para que se hagan una idea, es como tener de socio a Odebrecht para una operación en Brasil.

A lo largo de estos 35 años hubo de todo, desde los felices primeros años del "champán con pizza", con un peso convertible que valía un dólar e hizo de Argentina el país del "deme dos", hasta los duros momentos del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que nacionalizó YPF, propiedad de REPSOL, y siempre pidió mayores inversiones a una empresa a la que presionaba con la regulación de las tarifas telefónicas. Todo esto en medio de severas crisis políticas y de pérdidas provocadas por la debilidad del peso y las dificultades para repatriar ganancias.

También en 1990, la compañía negoció la compra de la empresa de teléfonos de Chile con el grupo privado al que ya le pertenecía. Y en 1994, cuando el gobierno peruano privatiza su empresa de teléfonos, Telefónica se hizo con el paquete mayoritario por 2.200 millones de dólares. Finalmente, Telefónica ha terminado teniendo, en 2025, nueve filiales en América Latina.

Aunque José María Aznar culminó el proceso de privatización de la antigua Compañía Telefónica Nacional de España, tanto los distintos gobiernos como sus directivos se han comportado como si de una empresa estratégica del Estado se tratara y como si su rendimiento fuese más bien una responsabilidad pública y no de su Consejo de Administración.

Ahora que  vuelve a estar controlada oficialmente por el gobierno de España a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la empresa acaba de dar su mayor paso desinversor en la región con la venta de Telefónica Argentina y con la presentación voluntaria de concurso de acreedores de Telefónica del Perú. El primer proceso ha sido bloqueado por el presidente argentino, preocupado por la concentración de cuota que se daría en el mercado. Pero si Javier Milei es consecuente terminará no interviniendo porque, según él, los vicios del mercado –y el monopolio lo es- no existen.

En cuanto a Telefónica del Perú, ha optado por esa desesperada vía debido a sus pérdidas que aumentaron un 450 % en 2024 y a los permanentes conflictos con la autoridad fiscal y reguladora de las telecomunicaciones del Estado peruano. A eso se suma la mala imagen de la empresa por quejas de sus clientes que ha provocado pérdidas en la cuota de mercado.

Este proceso de expansión y el de otras trasnacionales se enmarcó en el afán de construir un nuevo modelo de poder blando de España en América Latina. Así, aprovechando la privatización del sector público latinoamericano, se buscó internacionalizar unas empresas aún participadas por el Estado y manejadas por el gobierno, si bien muchas también estaban siendo privatizadas. Por eso, no es de extrañar que durante ese periodo se confundieran los intereses de las transnacionales con los de España como Estado, prueba de ello es que los gobiernos destinaron grandes esfuerzos a la gestión de conflictos particulares.

Pero el mayor inconveniente es que este proceder ha establecido un patrón de relaciones con América Latina del que aún no hemos podido salir y que se caracteriza por priorizar un esquema vertical desde el que España –y por añadidura la Unión Europea– se perciben sobre todo como socios inversores en la región, al tiempo que dejan de lado la narrativa política y social.

De ese modelo de acción exterior han derivado, al menos, tres potenciales riesgos. Primero, se ha transmitido la idea de extracción de recursos naturales y económicos, más aún siendo empresas que operan en sectores altamente regulados, materias primas o servicios públicos. A mayores, la "extracción" está asociada a imaginarios coloniales y contribuye mucho a que se ataque a España como Estado. Segundo, puede parecer más relevante la relación económica o los intereses particulares de los inversores que los objetivos políticos, los valores e intereses de España como un Estado con una agenda propia. Y tercero, se confunde a España y a su gobierno con las empresas y su actuación, asumiendo que el Estado responderá por las consecuencias de las acciones negativas de las empresas.

Siendo optimista y viendo el vaso medio lleno creo que los anuncios empresariales antes señalados son una buena noticia para la acción exterior porque la libera. Sin duda, ya no se sostiene el discurso centrado en las ventajas que las inversiones de las empresas con sede fiscal en España –que no de capital español, basta con ver la composición accionarial de Telefónica en la que Arabia Saudí sobresale– tienen para el Estado, y eso nos obliga a pensar nuevos temas con los que dar contenido a las relaciones con América Latina.

Con América Latina es necesario reconstruir una relación desgastada en los últimos años y aprovechar mejor el potencial de la proximidad cultural"

Es necesario reconstruir una relación desgastada en los últimos años, en buena medida, por los conflictos con las empresas y aprovechar mejor, por ejemplo, el potencial de la proximidad cultural que nos ofrece la lengua compartida. Es éste un capital político, social y económico que es preciso dimensionar, en la medida en que conecta a todo un continente a pesar de su diversidad.

Además, para no caer en los mismos errores, creo que debemos prestar más atención a las necesidades de la región y pensar en el papel que podemos jugar en un nuevo orden internacional hegemonizado por la alianza entre Trump y Putin con los chinos contralando la economía. En este sentido, y pensando en una agenda de intereses compartidos, no me cabe duda de que, por ejemplo, la migración y la gestión del narcotráfico son los temas de interés mutuo que deben tratarse como prioritarios entre España –y por extensión la UE– y América Latina. No se puede seguir insistiendo desde la superioridad moral en que lo que necesita la región es una transición energética y digital, olvidándonos de retos como la pobreza, la falta de infraestructuras o la inseguridad.

Francisco Sánchez es director de Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer los artículos que ha publicado en El Independiente.