La respuesta es sencilla: quien contamina paga. Pero entonces no salen las cuentas… La energía nuclear es cara y peligrosa

El tema es más sencillo de responder de lo que parece, aunque luego veremos que se complica. Toda la legislación ambiental, desde sus inicios, ha tratado de transferir la responsabilidad de las “externalidades” ambientales -la contaminación, para entendernos- de quien las sufre a quien las origina, es decir: hacer realidad el viejo principio de “quien contamina paga”. Quien se beneficia económicamente de un determinado proceso debe hacerse cargo de la contaminación que ocasiona.

Aplicar el principio de que quien contamina paga es una necesidad imperiosa aunque difícil; valorar el coste real para la sociedad presente y futura de una gestión tan delicada y duradera no es tarea fácil.

Si aplicamos este sencillo principio a la energía nuclear, la respuesta es evidente: las empresas propietarias y que obtienen sus beneficios vendiendo su energía durante la vida operativa de las centrales deben responsabilizarse de los residuos. Parece sencillo, pero, claro, la huella de la producción nuclear es muy, muy alargada: sus residuos son altamente contaminantes y muy duraderos en el tiempo -hablamos de muchas generaciones, hasta decenas o cientos de miles de años-, y además, una mala gestión puede implicar accidentes devastadores para la salud de las personas y los ecosistemas circundantes. Aplicar el principio de que quien contamina paga es una necesidad imperiosa aunque difícil; valorar el coste real para la sociedad presente y futura de una gestión tan delicada y duradera no es tarea fácil.

Para dar un poco de luz a qué y cómo se gestiona y quién paga los residuos nucleares, el 27 de diciembre del 2023, el Consejo de Ministros aprobó el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (7º PGRR). En él, se establece la política de gestión de los residuos radiactivos y el cese ordenado de operación y desmantelamiento de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. El plan ha sido acordado con sus propietarios y con el operador del sistema eléctrico y prevé la instalación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las propias centrales nucleares. Una medida más lógica que el Almacén Temporal Centralizado (ATC)  de Villar de Cañas (Cuenca) propuesto en el anterior plan. En los ATD se almacena el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su entierro definitivo en un hipotético Almacén Geológico Profundo (AGP).

El 7º PGRR también prevé unos costes totales futuros de 20.220 millones de euros que, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’, se han de sufragar con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares mientras funcionan. El fondo recaudado actualmente cuenta con unos 7.400 millones y no da para pagar los costes milmillonarios de desmantelar los reactores, de los ATD y del AGP. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica, de forma lógica, pretendía subir en torno a un 40 % la tasa por cada megavatio hora (MWh) de electricidad nuclear producida. Decisión que ha sido impugnada por la patronal nuclear y ahora está en los tribunales.

En definitiva, el 7º PGRR es razonable. Las empresas y no la ciudadanía son las que obtienen los beneficios nucleares, y por eso son ellas quienes deben pagar los costes de su cierre. Las quejas recurrentes del sector nuclear -básicamente que el Estado los ahoga y por eso las centrales no son rentables y han de cerrarlas- son injustas, una cortina de humo para eludir el coste real que deberían pagar. Los impuestos y las tasas son necesarios y sacan a la luz la realidad: que la energía nuclear no compensa si es operada con seguridad y teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, desde su diseño hasta su desmantelamiento, y la gestión de todos sus residuos. El cierre y desmantelamiento del parque nuclear en España es necesario y no puede alargarse, para dejar camino a un sistema 100 % renovable. Las centrales nucleares no son rentables ni pueden ser el complemento flexible para las energías renovables. Cualquier inversión en alargar su vida útil es invertir en energía del pasado, es socializar las pérdidas tras haber privatizado los beneficios y generar un mayor coste para la ciudadanía, presente y futura.