El enfoque es importante. Si me situara justo al lado de un foco de 2x2 metros y se proyectara mi sombra en una pared, la gente pensaría que soy gigante. Si me hicieran una fotografía en picado y a distancia, que mido 1.50. Si comenzáramos a recitar todos los días que el 28 de octubre de 2024 fallecieron 10 personas en el municipio de Picaña como consecuencia de la DANA, habría quien pensaría que ese día ocurrió allí una enorme desgracia. Acertaría. Si atribuyéramos la culpa a su alcalde (del PSOE) y pasáramos de largo sobre la nefasta gestión de Carlos Mazón, los espectadores considerarían casi de inmediato que, pese a que la tormenta no se pudo evitar, habría un único gran responsable político sobre la gestión anterior y posterior a su descarga.

Desde el fondo de la caverna platónica, se observan sombras que hacen pensar que existen seres materiales en el mundo. Quien observara el documental de la tragedia de Picaña, podría llegar a deducir que las grandes catástrofes no suelen afectar tan sólo a un municipio de 7,1 kilómetros cuadrados, dado que los negros nubarrones que aparecen con la gota fría suelen anegar comarcas enteras, por las que discurren los barrancos hasta su desembocadura. Nadie podría negar en ese caso que las familias de los 10 fallecidos han llorado un océano y han sufrido. Incluso que, en su búsqueda de respuestas, fruto de su luto y parte fundamental del proceso, se habrán visto tentadas a culpar a su alcalde por no haberles avisado de lo sucedido. Si les dijeran que todo era culpa del regidor, y no de Mazón, sabrían perfectamente a quién deberían señalar.

Si un documentalista quisiera hacer un reportaje sobre el dolor que genera una catástrofe natural, tan arbitraria e injusta, podría pefectamente recurrir a los testimonios de estas 10 personas para ilustrar sobre la penitencia de quienes perdieron a sus familiares. Si quisiera ayudar a Carlos Mazón a distribuir responsabilidades entre los socialistas, mostraría varias veces en la película al alcalde de Picaña. En cambio, si se propusiera ofrecer una panorámica completa sobre la DANA, hablaría de más municipios, de la Comunidad Valenciana, del Estado, de los bomberos, de la policía y de la sociedad civil. Si RTVE quisiera informar a los ciudadanos sobre el alcance de esta tragedia, optaría por emitir el segundo documental. Si quisiera hacer propaganda en favor del PP, ofrecería el primero. Si su presidente hubiera sido propuesto por los populares para su puesto, tendría muchas dificultades para oponerse a la consigna del partido.

Las víctimas de Madrid

La 2 y el Canal 24 Horas televisarán el próximo 13 de marzo un documental llamado 7.291, que es un documental filmado por Juanjo Castro sobre los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Su enfoque está muy localizado y es especialmente conveniente para quienes intentan atribuir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la responsabilidad de esta desgracia, que sucedió y es innegable, dado que, ante el desborde de los hospitales y la escasez de plazas en las UCIs y de respiradores, se negó a multitud de ancianos, enfermos de covid-19, el ingreso en la sanidad pública. Fue cruel porque agonizaron en las camas de los geriátricos, pero sucedió en toda España. En centros públicos y en privados.

Murieron en esa época alrededor de 35.000 personas en estos centros, según IMSERSO. En julio de 2020, cuando Extremadura registró el tercer porcentaje de fallecimientos en residencias -sobre contagiados- más elevado de España, el PSOE de esa región vetó una comisión de investigación parlamentaria que respaldaron el PP y Podemos. ¿Por qué tanta beligerancia en Madrid y tan poca en otras comunidades autónomas? Que nadie se confunda: ésta no es una defensa de aspectos que son indefendibles. Es una crítica al enfoque de 7.291, que, de tan reduccionista, parece dirigido. ¿Por qué se dedicó una obra a la revuelta del Potempkin? Fue una obra maestra y un prodigio técnico, pero... ya saben.

Resulta curioso cómo, cinco años después, la maquinaria pro-gubernamental intenta rescribir lo que sucedió durante aquellos meses nefastos de 2020, con un singular ejercicio de memoria histórica selectiva con el que intenta echar la culpa de todo al contrario... o al apuntador. Desde el punto de vista social, me parece un ejercicio 'largoplacista' más interesante el intentar analizar, a todo pasado, el motivo por el cual las autoridades nos hicieron despertar del letargo previo al confinamiento de un día para otro, justo después de que se permitiera la celebración de las manifestaciones del 8-M, y pese a las rotundas e innegables evidencias de que algo raro sucedía. De hecho, si se echa la vista atrás se puede ver que, el 30 de enero, con un total de 7818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países, La Organización Mundial de la Salud había advertido de la existencia de un riesgo "muy alto" de pandemia mundial.

Las claves del encierro

También sería muy relevante abundar en aquellos días de encierro y en los comportamientos que surgieron, tanto los insolidarios como los delatores o los paranoicos. ¿Qué nos sucede como sociedad cuando aparece una nueva amenaza y no la comprendemos? ¿Nos volvemos impredecibles o más fácilmente controlables? ¿Por qué nos mostraban uniformados en las ruedas de prensa? ¿Para amedrentar a la población? ¿Fue necesario que RTVE programara una serie de humor que romantizaba el confinamiento?

Incluso podría abordarse el debate sobre el destino de los impuestos, a la vista de que el Estado no es capaz de ser eficiente en caso de una tragedia -con la DANA, el covid, los incendios en montes sin desbrozar- a su población y se ve obligado a elegir entre quién vive y quién muere. En aquel caso, las decisiones auspiciadas por autoridades como las madrileñas -la patronal de residencias de ancianos aseguró que sucedió en varias comunidades- impidieron el ingreso de decenas y decenas de ancianos. ¿Cuántos se quedaron sin cama ni respirador? ¿Fueron sólo personas mayores? ¿Sucedió sólo en Madrid?

Politizar el dolor, como aquí sucede, sólo ayuda a desviarse de la verdad que merecen los familiares de las víctimas. Siempre sucede durante las grandes catástrofes. Pero, puestos a enfangar con cuestiones partidistas, a lo mejor el enfoque más incómodo para el poder, pero útil, sería el de tomar como referencia la auditoría que ordenó Óscar Puente sobre el Ministerio de Transportes para analizar la forma en la que se lucraron Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y compañía con los macro-contratos que rubricaron/disfrutaron en aquel tiempo, que, en algunos casos, derivaron en retrasos en la entrega o en la recepción de mascarillas que no estaban homologadas, dentro de un caso de corrupción que podría definirse mediante aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Sería también deseable que los gestores de RTVE actuaran con cierta valentía y pudieran llegar a la conclusión de que, pese a que todos los ciudadanos de bien celebraron la llegada de la democracia a España, a lo mejor resulta bochornoso y seguidista el presentar un documental sobre 'la libertad' -con Fortes como maestro de ceremonias- mientras el Gobierno ha declarado 2025 como el año de la propaganda antifranquista. ¿Ayuda eso a transmitir que la televisión pública es independiente y que merece ser 'pagada'? ¿Y lo de unirse a la campaña de los 7.291 iniciada por la izquierda madrileña para utilizar un drama -y fue un drama- a su favor?

Que cada cual cree lo que considere oportuno. Quien quiera usar esas obras para hacer propaganda, que lo pague de su bolsillo. Por supuesto, que los familiares pugnen por lo suyo, pero que se lo haga mirar quien los quiera utilizar, si es que eso sucediera o sucediese... que suele suceder.