Muchos hemos oído la anécdota de aquel primer ministro cuyo país estaba envuelto en una crisis económica muy profunda y que al proponer una nueva partida de gasto público se encontró con la firme oposición de su ministro de Hacienda. Su respuesta fue: "¿y entonces como voy a hacer política?". Seguramente esta historia es falsa, pero todos tenemos el convencimiento de que "hacer política" y "aumentar el gasto" son casi sinónimos. Incluso en sesudos informes que estudian cómo aumentar la competitividad de Europa –que no es otra cosa que hacer que Europa vuelva a crecer– la respuesta es que se necesitan 800.000 millones de euros (informe Draghi) para destinarlos a inversión y que una parte de los mismos deberán salir de las arcas públicas.

Si el incremento es estructural no debería financiarse con deuda sino con impuestos

Podemos hacer un sencillo ejercicio, comparando el crecimiento económico de las dos mayores economías del mundo –EEUU y China–, tres medianas –Francia, España y Polonia– y una pequeña –Irlanda– entre 2014 y 2023. El ganador es Irlanda, seguido, por este orden, de China, EEUU, Polonia y España. El farolillo rojo se lo lleva Francia (aunque nosotros estamos cerca). Si a ese cuadro le añadimos una nueva columna con el porcentaje del gasto público sobre PIB, el resultado sería justo el inverso: el ganador es Francia, con el 56%, seguido por España, Polonia, EEUU, China e Irlanda que pierde con el 27%.

Sin intención de que esto suponga un profundo estudio económico ni de llegar a conclusiones universales se puede intuir que existe una correlación negativa entre crecimiento económico y gasto público.

Todo ello viene a cuenta de la reciente polémica sobre el necesario aumento de las partidas de defensa en los países europeos, que la Comisión Europea cifra en 800.000 millones de euros (¿será magia que coincida con el déficit de la inversión?) y de cómo se van a financiar. Centrándonos en esto último, las posiciones varían entre endeudamiento o impuestos. Como partidarios de lo primero sorprende la postura de la austera Alemania, que va a reformar su constitución, con curiosas argucias legales, para poder aumentar las emisiones de deuda. Nuestro presidente del Gobierno es favorable a que la financiación corra por cuenta de la UE, argumentando que el déficit de defensa es un problema europeo. Afortunadamente sigue habiendo países serios que se niegan al endeudamiento europeo, ya que la defensa no es asunto de la Unión sino de sus países miembros, la mayoría de los cuales ya están en la OTAN.

En todo este tema sorprende la falta de reflexión y de espíritu crítico. El aumento de las necesidades de defensa no es algo coyuntural, sino que está para quedarse. El movimiento iniciado por el presidente Trump responde a un sentimiento muy generalizado en EEUU de que nuestro maravilloso Estado de bienestar está pagado por los norteamericanos con su paraguas defensivo. La OTAN va por el camino de europeizarse y de una manera muy rápida deberemos suplir la retirada, esperemos que parcial, de EEUU. Si este mayor gasto es estructural no se debería pagar con deuda sino con impuestos, ya que cubre una necesidad actual que no debe trasladarse a las generaciones futuras. La salida normal de nuestros políticos ante problemas complejos es siempre la solución más fácil, con tendencia a manipularnos, como cuando hablan de inversión en seguridad, para hacer más digerible el necesario aumento del gasto militar en una sociedad mayoritariamente pacifista. Y que precisamente el país con mayor déficit de gasto en defensa solicite que lo asuma la UE no es solo un ejercicio de cinismo sino un engaño a los ciudadanos españoles.

En cualquier caso, sea deuda o sean impuestos, el debate siempre es incrementalista. Como se dice en Cataluña, a más a más. Con ello, nuestro gasto público superará el 50% del PIB. Cómo afectará a la competitividad de nuestra economía, a su potencial de crecimiento o a la inflación no entra en el debate. O sí, ya que desde el partido del Gobierno se niega la posibilidad de que vaya a afectar al llamado gasto social. La alternativa de la gestión, es decir, la decisión sobre a que destinar un recurso escaso, como es el dinero público, es algo ajeno al mundo político, sin distinción de partidos, y al sector público en general. Para qué, si "el dinero público no es de nadie". O puede que incluso no sea un recurso escaso. El hecho de que ese dinero público antes fuera legítimamente de unos ciudadanos y que coercitivamente se les haya arrebatado no genera escrúpulos a nuestra clase política y, sorprendentemente, la sociedad civil no se lo exige. Y esto es así en nuestro democrático siglo XXI, cuando en las cortes medievales lo único que se negociaba duramente eran los impuestos. Puede que la falta de competitividad de la economía europea se deba, en una parte significativa, a la carencia de un enfoque de gestión.