España debe afrontar en los próximos años el importante reto de garantizar el agua para los diferentes usos que se han ido generando. El contexto de cambio climático está provocando cambios en la aportación pluviométrica, con lluvias más irregulares y desarrollo de secuencias de sequía intensas, que ponen en jaque los sistemas de abastecimiento en el campo y en la ciudad. En nuestro país la planificación tradicional del agua ha estado presidida por la política de oferta continuada. Ante una demanda existente el Estado, responsable de la planificación hidrológica a gran escala, debía cubrir dicho uso con recursos propios de la cuenca hidrográfica o procedentes de otras cuencas cuando los propios no resultaban suficientes.

La solución a las situaciones territoriales de déficit de recursos hídricos es, sobre el papel, sencilla si dicho proceso se aborda bajo principios de solidaridad territorial. Allá donde hay recursos suficientes para abastecer las demandas existentes e incluso se generan sobrantes, éstos se podrían trasladar a aquellos territorios que muestran déficit en sus recursos y no pueden atender a todas las demandas existentes. Esta ha sido la filosofía de planificación del agua en España hasta principios del siglo actual: el agua como bien fundamentalmente económico al servicio de las demandas del ser humano.

Pero el siglo XXI ha traído consigo, en el contexto europeo, un cambio en la filosofía de planificación territorial y del agua. La Directiva Europea del Agua indica la necesidad de organizar los recursos de agua de los países europeos a partir de los principios de calidad -y no cantidad- de agua y del buen estado ecológico de los cursos fluviales. De manera que cualquier iniciativa de planificación hidrológica debe plantearse atendiendo al criterio ambiental como primer principio de actuación. Y a ello se han unido los efectos del actual calentamiento climático generado por la alteración del balance energético de nuestro planeta y en el que el ser humano tiene un protagonismo destacado.

La planificación hidrológica en España se enfrenta a otra cuestión no menor: la utilización política del agua. Una cuestión que en nuestro país ha sido una constante desde la implantación del estado democrático y que dificulta la labor de la planificación hidrológica. En España hemos llegado a la situación, absurda, de identificar soluciones de planificación hidrológica con ideologías políticas. Los trasvases son propios de ideologías conservadoras; la utilización de recursos no convencionales (depuración y desalación) son propuestas de ideologías progresistas. Pero esto es una vulgar simplificación de la complejidad que conlleva un proceso de planificación del agua. En los territorios deben aplicarse las soluciones que resulten, por este orden, menos impactantes para el medio natural y socioeconómicamente menos costosas para los territorios. Estos dos aspectos obligan a realizar análisis detallados de impacto ambiental, estudios rigurosos económico-financieros y procesos de participación ciudadana. Todo ello con visión multiescalar y multidisciplinar.

La futura planificación de agua en España debe plantearse desde la gestión eficiente de la demanda y desde la incorporación, en primera instancia, de recursos de agua “no convencionales”. España tiene un potencial de depuración de aguas residuales urbanas de 4.000 hm3/año. En la actualidad tan solo se están reutilizando 500 hm3/año. Apenas el 10% de todas las aguas que se depuran. El aprovechamiento del potencial de reutilización de aguas depuradas pasa por la mejora de las estaciones de depuración que deben ofrecer recursos de mayor calidad directamente aprovechables para diferentes usos agrarios, industriales y urbanos. Debemos, asimismo, incorporar aguas pluviales, procedentes de las lluvias que caen en los núcleos urbanos o en los entornos rurales próximos a las ciudades, mediante la construcción de depósitos de captación o parques inundables que permitan el almacenamiento de estas aguas, su posterior tratamiento de depuración y su uso para el abastecimiento de demandas urbanas (riego de parques, jardines e incluso de áreas agrícolas). Estos dos recursos hídricos suponen una apuesta por los principios de economía circular del agua. Y en aquellos territorios en los que todos los recursos existentes (superficiales, subterráneos, trasvases, reutilización de aguas depuradas y uso de las aguas pluviales) no resulten suficientes para garantizar las demandas, las aguas desaladas se presentan también como un recurso importante a incorporar a sus abastecimientos. Se trata de una tecnología que ha mejorado de forma acelerada en las últimas décadas, permitiendo la producción de agua potable para uso agrario y, sobre todo urbano. Se ha avanzado en las tecnologías de desalación y en el abaratamiento de su coste. Numerosos núcleos de población de nuestro país se abastecen, incluso con exclusividad, de las aguas desaladas para garantizar sus abastecimientos, tanto en los archipiélagos, como en el litoral mediterráneo. Y también se abastecen demandas agrarias con aguas desaladas.

Nuevos trasvases de agua entre cuencas hidrográficas que puedan plantearse van a resultar prácticamente imposibles. Los trasvases están cada vez más cuestionados por motivos ambientales, porque generan, como se ha señalado, conflictos entre territorios, y porque la directiva europea del agua no fomenta su desarrollo dentro del necesario contexto de la sostenibilidad. Y, además, porque el nivel de politización de esta cuestión en nuestro país impide su posible desarrollo por algún gobierno en los próximos años. Porque dentro de los mismos partidos políticos hay diferentes criterios sobre su futuro, según el territorio administrado. Lo único que podrá ponerse en marcha, en este contexto, son transferencias de agua en el seno de una misma cuenca hidrográfica, previo acuerdo de usuarios y cuando no exista impacto ambiental irreparable.

Una cuestión necesaria para todo el territorio es el diseño de sistemas de abastecimiento multifuente; esto es, que la garantía de recursos hídricos necesarios para satisfacer las demandas existentes en un espacio geográfico no dependa solo de las precipitaciones que puedan recogerse a lo largo del año. Deben desarrollarse sistemas que integren también los recursos “no convencionales” como algo habitual para el suministro de agua. Es la manera más sostenible de atender al principio de la “seguridad hídrica” que se recoge en la Ley de Cambio Climático de 2021. Estos supuestos deberían presidir la elaboración de un esquema de funcionamiento futuro del agua en España. Una tarea que debería abordarse sin mayor dilación en los próximos años. Porque el cambio climático es una realidad en nuestro país y nos obliga a adaptar la planificación del agua a unos efectos que se agravarán en las próximas décadas. No cabe otra. Y la ciencia debe guiar este proceso.

Jorge Olcina Cantos - Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante