Mira que es difícil poner de acuerdo a la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) y a JyJpD (Juezas y Jueces para la Democracia); casi tanto como que la AF (Asociación de Fiscales) y la UPF (Unión Progresista de Fiscales) firmen un comunicado conjunto. Pues bien, este Gobierno ha obrado el milagro.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras, progresistas y otras de colores menos intensos han avalado un comunicado en el que piden "que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial".

El escrito viene a cuento de las manifestaciones contrarias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por la que se revoca la sentencia que condenó en febrero de 2024 al futbolista Dani Alves a cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual, por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y, en especial, de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Este fin de semana, en tono mitinero, Montero dijo que la sentencia del TSJC era "una vergüenza", calificativo que reiteró, porque "antepone la presunción de inocencia al testimonio de mujeres jóvenes y valientes que han denunciado a los poderosos y a los famosos".

Hasta el editorial de este lunes del progubernamental El País ha calificado de "desafortunada" la frase de Montero. En realidad, las palabras de la vicepresidenta, más que un ataque a la sentencia, son una andanada al Estado de Derecho.

Lo más grave en las manifestaciones, jaleadas por sus seguidores, de la vicepresidenta Montero no es que cuestione una sentencia judicial -cosa ya de por sí insana para la democracia- sino la razón por la que la califica de "vergüenza". Montero no entiende, o no quiere entender, que para condenar a alguien hacen falta pruebas. Que el juez o el tribunal tiene que demostrar que alguien es culpable para condenarle. Si no se entiende eso, es difícil que se entiendan cosas más complejas. Pero aquí estamos ante el tuétano de la democracia.

Exhibir sin pudor la desigualdad ante la ley es algo propio de los que desconocen las bases del Estado de Derecho. Eso es justamente lo que ha hecho la vicepresidenta Montero

La esencia de la ley del sólo el sí es sí, norma que luego ha servido para acortar la estancia en prisión de centenares de violadores, era precisamente esa: el testimonio de la victima está siempre por encima de las pruebas. No hacía falta que se demostrara la culpabilidad del supuesto agresor, ya que la verdad estaba de parte de la victima en cualquier circunstancia.

La sentencia del TSJC cuestiona justamente la base del anterior veredicto de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el sentido de que la versión de la victima resulta poco "fiable" y, por tanto, es insuficiente para socavar la presunción de inocencia del acusado. Es decir, que el TSJC devuelve el caso Alves al criterio que debe guiar la acción de la Justicia, en el que hay dos principios esenciales que sólo se vulneran en los estados totalitarios: la presunción de inocencia y el in dubio pro reo (en caso de duda se favorece al acusado).

El Gobierno de coalición con Unidas Podemos generó no sólo un bodrio legal, sino una concepción de la justicia propia del populismo. Se puso el prejuicio político por encima de la ley y todo ello con el fin de amoldar un reparto de poder que suponía dar vía libre a las tesis maximalistas de Irene Montero. En definitiva, otra cesión más de Sánchez para mantenerse en el poder.

Dar marcha atrás en esa concepción antijurídica es muy complicado. Pero exhibir sin pudor la desigualdad ante la ley es algo propio de los que desconocen las bases del Estado de Derecho. Eso es justamente lo que hizo la vicepresidenta Montero este fin de semana y aún no ha rectificado.