Esta semana se presentó en Casa de América de Madrid el informe Perspectivas económicas de América Latina 2024: Financiando el desarrollo sostenible. El documento, también conocido como LEO, está firmado en esta ocasión por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Comisión Europea a través de su Comisariado para Asociaciones Internacionales.

Además de ofrecer indicadores que muestran claramente un escenario y perspectivas de futuro poco halagüeñas, el informe aborda los problemas económicos latinoamericanos, focalizándose en la baja calidad del gasto público en todas sus dimensiones, la insuficiente recaudación fiscal, la poca financiarización de la economía y el peso de la informalidad, sobre todo laboral. Un abanico de problemas bastante evidente sobre los que vienen hablando desde hace años las mismas agencias, sobre todo la OCDE, promotora en origen del LEO, y con lo que casi todos podríamos estar de acuerdo.

Centrándonos en el análisis que se hace de la informalidad, el informe señala de forma literal lo siguiente: "El empleo informal está muy extendido en los mercados laborales de la región. En 2022, más de la mitad de los trabajadores de ALC tenían un empleo informal (55.7%), lo cual constituye una ligera mejora con respecto a 2010 (59.4% con empleos informales). La informalidad afecta tanto a hombres (55.9%) como a mujeres (55.4%), pero en los países donde la informalidad general es especialmente alta, las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres a tener un empleo informal".

Algo sobre lo que ya se advertía en el informe LEO 2011 en los siguientes términos: "En América Latina, la cobertura de los regímenes de protección social sigue siendo baja, bien por debajo del 50% de los trabajadores. La estructura dual de los mercados laborales de la región contribuye a explicar este fenómeno: la informalidad laboral sigue siendo elevada en América Latina y el Caribe, y la mayoría de los trabajadores informales cotizan irregularmente, si cotizan".

El hecho de que trece años después la situación no haya mejorado, es más, que haya empeorado, me lleva a preguntarme por qué no se ha tenido éxito en las intervenciones que se han hecho para reducirla. Una explicación a este y otros fenómenos la dio el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, cuando habló de la necesidad de poner el foco en las debilidades estructurales de los gobiernos de América Latina y en su escasa capacidad de incidir para generar desarrollo.

Durante su intervención en la presentación del LEO 2024, puso énfasis en el limitado margen de maniobra debido a que la casi totalidad de los presidentes latinoamericanos no cuentan con mayorías suficientes en los parlamentos para aprobar sus propuestas de política pública; problema que se acrecienta con el aumento de la fragmentación del sistema de partidos y la debilidad de estos. Por último, pero no menos importante, también aludió a la falencia de capacidad técnica, ya sea en el ámbito parlamentario o en el gubernamental.

Quizás se sume un problema de análisis y diagnóstico. Creo que el informe mantiene una visión bastante convencional de la economía que deja de lado factores que afectan al sistema económico de la región, factores que no forman parte del mainstream que manejan las comunidades epistémicas que controlan las instituciones multilaterales. 

El texto nos ofrece una explicación clásica de la informalidad centrada en las relaciones laborales que se realizan al margen de la legalidad y la normativa. Como esas relaciones económicas no tributan, ni se registran en el sistema financiero, se desarrollan al margen del control y la regulación estatal, llegando a contravenir las leyes. Ahora bien, hay otros sectores de la economía informal que tienen un profundo peso en el funcionamiento del sistema, distorsionándolo. Es más, pueden convertirse en elementos que impulsen la informalidad porque se trata de actividades económicas que por su propia naturaleza no pueden estar reguladas y para intervenir en la economía tienen que actuar fuera del radar. El mejor ejemplo sería el narcotráfico, palabra que aparece una sola vez en todo el informe y es cuando se listan programas de cooperación. 

Hay casi tantos cálculos sobre el tamaño de la economía de las drogas en América Latina como autores que los hacen, pero acá propongo uno simple. Según cifras de las propias autoridades colombianas, en ese país se incautaron en 2024 un total de 848 toneladas de cocaína que, según la mayoría de las fuentes, tendrían un precio que oscila entre los 2.000 dólares el kilo en la zona productora y 4.000 una vez que colocada en los puertos de exportación, y antes de que salga del territorio. Tomando este último valor, las capturas ascendieron a 3.392 millones de dólares, es decir 2,64% del Presupuesto General de Colombia de 2025, cifrado en 128.646 millones de dólares.

Aunque pueda parecer una cantidad menor, eso solo la punta de un iceberg más grande que el que hundió al Titanic, puesto que se suele estimar que las capturas de cocaína representan, como mucho, el 20% de lo que finalmente se exporta. Si esto es así, la exportación total de cocaína de Colombia en 2024 habría sido de 4.240.000 kilos, con un valor en puerto de 16.960 millones de dólares, cantidad equivalente al 13,18% del presupuesto estatal colombiano. Semejante cantidad de dinero tiene que moverse al margen de los sistemas formales, más allá de que luego se blanquee. Así, la informalidad, entendida en términos amplios y no solo como algo de vendedores ambulantes y mercadillos, seguirá gozando de buena salud y creciendo.

Es necesario buscar formas para que la acción de los gobiernos genere un desarrollo sostenible que saque de la pobreza extrema al 10% de latinoamericanos que la padecen"

En esta línea, el politólogo peruano Carlos Meléndez recordaba hace pocos días en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca que han fallado las interpretaciones hechas sobre la informalidad. Por un lado, la de Hernando de Soto en El otro sendero que veía al informal como un adelantado liberal que se iría convirtiendo en empresario formal conforme se enriquecía y, por el otro, la de José Matos Mar, que lo veía como uno de los protagonistas del proceso del desborde popular y la crisis del Estado, como tituló su libro.

También señalaba Meléndez que la informalidad ha dejado de ser un asunto de pobres y que en su país hay informales que se han enriquecido, y mucho, gracias a ella. Por esta razón, no quieren formalizarse, porque su riqueza está vinculada a tener un Estado que no la pueda regular. Esta explicación le sirve para dar cuenta de lo que ocurre con el funcionamiento del sistema político peruano, donde se ha impuesto la informalidad en la política hasta el punto de que las normas también son negociables. 

En definitiva, si no queremos que el informe LEO del año 2038 tenga que volver a tratar la informalidad, será necesario hacer lecturas más detalladas, y con otras variables, de la situación económica, política y social de la región. Sobre todo, es necesario buscar formas para que la acción de los gobiernos genere efectivamente un desarrollo sostenible que saque de la pobreza extrema al 10% de latinoamericanos que la padecen y al 26,8% de la población total de la región que son pobres.

Francisco Sánchez es director de Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer los artículos que ha publicado en El Independiente.