Todavía no sabemos la causa última de la caída del sistema que provocó el mayor apagón de nuestra historia. Lo que sí sabemos es que hay una discrepancia fundamental entre lo que opina el presidente del Gobierno y lo que sostiene Red Eléctrica, empresa pública que gestiona el funcionamiento del sector eléctrico.

Red Eléctrica advirtió en un informe dirigido a los inversores, hecho público hace tan sólo dos meses, de los riesgos de que se produjeran "desconexiones de generación severas" por la elevada penetración de las energías renovables. Esa tesis no es política, sino técnica. Coinciden con ella fuentes de la CNMC y del sector eléctrico consultadas por El Independiente. Cuando se produjo el apagón, a las 12,30 del mediodía del lunes, casi el 70% de la energía que se suministraba al sistema provenía del sol.

Advertir sobre los riesgos que supone ese exceso de dependencia no significa estar contra las energías renovables, pero el presidente asumió que tenía que salir al paso de esas evidencias para no alimentar a los que proponen alargar la vida útil de las nucleares. En definitiva, para no dar cuartel a los que no comparten su fundamentalismo verde.

Pedro Sánchez salió en tromba contra las "empresas privadas", y tuvo el atrevimiento de meter en ese saco a Red Eléctrica, cuyo principal accionista, con un 20% del capital, es la SEPI. Fue Sánchez quien nombró a Beatriz Corredor presidenta de la compañía, no el fondo Blackrock o Pontegadea (propiedad de Amancio Ortega, dueño de Inditex). Con tal de eludir sus propias responsabilidades, y de mantener inamovible su agenda climática, el presidente del Gobierno ha puesto a su fiel Beatriz Corredor en una posición insostenible.

El presidente ha prometido en su comparecencia que llevará a cabo una investigación para evitar que el apagón se vuelva a repetir. Sin embargo, su compromiso es poco creíble. Él mismo afirmó no hace mucho que era imposible un apagón en España dada la solidez de nuestro sistema.

Expertos del sector, sin ninguna etiqueta política, señalan que el riesgo de que se vuelvan a producir episodios como los del lunes es elevado si no se introducen modificaciones sustanciales en el sistema. España ha sido el país europeo en el que ha crecido más la aportación renovable al mix eléctrico. Pero el gobierno no ha tenido en cuenta las consecuencias de ese cambio radical en el modelo. Tan sólo se ha preocupado de alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de CO2.

Con tal de eludir sus propias responsabilidades, y de mantener inamovible su agenda climática, el presidente del Gobierno ha puesto a su fiel Beatriz Corredor en una posición insostenible.

El fundamentalismo climático, cuya principal inspiradora es la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha llevado al presidente del Gobierno a poner a España en una situación inédita de crisis eléctrica. El país se detuvo en algunas zonas durante más de doce horas, lo que ha provocado pérdidas multimillonarias y generará reclamaciones ingentes por parte de los perjudicados. Pero eso no ha sido lo más importante. Se han puesto en riesgo vidas humanas, se ha incomunicado al país, y se ha dado una imagen nefasta ante los inversores extranjeros. Precisamente el lunes, con la asistencia del rey Felipe VI, el presidente tenía previsto asistir a una cumbre en Madrid con 75 multinacionales de la automoción, tecnología y energías renovables (Invest in Spain) que tuvo que ser suspendida por el apagón.

La trifulca no se limitó a las discrepancias sobre el exceso de las renovables en la producción de electricidad. Mientras que Red Eléctrica emitía ayer un comunicado rechazando un ciberataque como causa del apagón, el presidente volvió a insistir en no descartar ninguna hipótesis. Casi al mismo tiempo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abría una investigación sobre un posible sabotaje en los sistemas informáticos de la red, lo que sería considerado delito de terrorismo.

Esa falta de coherencia, esa discrepancia pública, no hace sino alimentar las dudas sobre el verdadero objetivo del presidente a la hora de abordar la solución al histórico apagón.

Una vez más, Sánchez ha vuelto a poner sus prejuicios ideológicos por encima de los criterios técnicos y de los intereses generales. Y lo hemos pagado todos los ciudadanos.