La Justicia es lenta. Este lema es, sin duda, uno de los que más consenso alcanza en España. Ya sea por falta de recursos o porque las garantías del sistema contribuyen a añadir complejidad, lo ciertos es que son numerosos los procesos judiciales que se acaban prolongando durante años, sumiendo en la incertidumbre a las partes implicadas.

En los últimos días, el grupo energético Ence ha visto recaer sobre sí el peso de la incertidumbre judicial. Las acciones de la compañía se han dejado un 12,2% de su valor en tan solo tres sesiones, tras conocerse que el Gobierno que preside Pedro Sánchez no piensa oponerse a las reclamaciones presentadas desde diversos organismos contra la extensión de la concesión de su planta de Pontevedra hasta 2073.

A la espera de que el juez se pronuncie sobre la posible revocación de la concesión, la situación sume en dudas la capacidad de Ence para cumplir con los objetivos de su plan estratégico, en el cual se proyectaba casi duplicar el resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta alcanzar 550 millones de euros en 2023 a precios constantes de la celulosa, al tiempo que se había marcado el objetivo de llevar a cabo inversiones productivas de 1.100 millones durante los próximos cinco años.

Ence ya adelantó el pasado viernes que una decisión en contra de sus intereses tendría un coste máximo de 185 millones de euros. Y precisamente una cifra muy similar, 178 millones, es lo que ya lleva perdido el grupo en capitalización bursátil en estas tres jornadas.

Aunque Ence ha valorado en 185 millones el coste de perder la concesión en Pontevedra, los expertos calculan un impacto muy superior

Pero lo cierto es que el daño total para el grupo del cierre de la planta que genera alrededor del 30% de su Ebitda podría ser muy superior en función de cómo se llevara a cabo. Si en Alantra lo evalúan en torno a 390 millones de euros (equivalente a 1,6 euros por acción), un impacto semejante al que calculan en Sabadell, los analistas de Santander reducen hasta en un tercio su valoración de la compañía en el caso más extremo (el cierre inmediato de la planta).

La cuestión está en que este último parece poco probable. Entre otras cuestiones porque el proceso (con sus presumibles recursos a diferentes instancias judiciales) podría prolongarse entre 4 y 6 años, en los que la planta de Pontevedra podría seguir operando a plena normalidad. Y, en caso de que el proceso se cerrara de forma definitiva en contra de los intereses de Ence, los analistas esperan que el grupo que preside Juan Luis Arregui mantenga, al menos, la concesión hasta 2033.

Mientras tanto, la compañía tiene la posibilidad y así lo ha dejado entrever de trasladar parte de la producción a su planta de Navia. De hecho, la compañía ya ha comunicado que paraliza las inversiones previstas en Pontevedra (y de hecho, si pierde la concesión pretende reclamar los 132 millones de inversión comprometidos desde que el Gobierno aprobó la ampliación de la concesión en 2016) y desde Santander esperan que parte de las mismas se trasladen a Navia, donde a medio plazo Ence considera que se podrían alcanzar unos niveles de producción de celulosa semejantes a la capacidad total actual del grupo. Se espera que la compañía ofrezca en el próximo mes una reevaluación de su plan de negocios.

La incertidumbre sobre el futuro del grupo dificulta al mercado asignar un precio objetivo al fabricante de celulosa

Todo este abanico de posibilidades aparece como un atenuante de los riesgos que envuelven a la compañía y permiten a los analistas de Santander asegurar que "hay más vida tras la planta de Pontevedra, incluso en el peor de los casos de que la planta sea cerrada".

Pero lo cierto es que, actualmente, las certidumbres brillan por su ausencia. Y lo peor es que las dudas podrían prolongarse durante años. "Creemos que, a priori, la incertidumbre podría alargarse en el tiempo hasta que los tribunales emitan algún tipo de resolución definitiva y que se abrirán distintos escenarios posibles en función de las alternativas que presente próximamente la compañía a su plan estratégico actual", explican los expertos de Banco Sabadell.

Al mercado, del que siempre se ha dicho que rehuye la incertidumbre, se le hace difícil otorgar un precio a una compañía sometida a tales incertidumbres. Así, en Sabadell, por ejemplo, valoran actualmente un rango de precios objetivos de entre 4,1 y 6,6 euros -hasta un 20% por debajo y un 27,4% por encima de sus precios actuales- , "cuyos extremos se definen entre peor escenario (cierre en el corto plazo sin traslado de la producción a otra ubicación) y el escenario de continuidad (resolución de mantenimiento de la prorroga actual en el costo plazo)", observan.

Todo parece indicar que a Ence le queda por delante un largo periodo de incertidumbres y, para su bien y el de sus accionistas, le conviene ofrecer cuanto antes la mayor certidumbre posible sobre su futuro, con independencia de los tiempos que maneje la Justicia.