![La Policía sostiene que la Alhambra se gestionaba como una “organización criminal”](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2016/09/PATRONATO-DE-LA-ALHAMBRA.jpg)
Mar Villafranca, en una conferencia durante su etapa como directora general de la Alhambra.
La Policía Nacional considera que la anterior directiva del patronato y los responsables de varias ‘empresas amigas’ gestionaban la Alhambra como una “verdadera organización criminal”, creando “necesidades ficticias” y amañando contratos con la única finalidad de beneficiar a sociedades afines.
Así lo expone el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Andalucía Oriental en un oficio entregado el pasado 9 de junio al juzgado de Granada que investiga desde julio de 2015 graves irregularidades en la contratación del servicio de audioguías, al que ha tenido acceso El Independiente. Esta causa suma ya 16 investigados (antes imputados), entre ellos los integrantes de la antigua cúpula directiva del monumento nazarí.
Tirando de ese primer hilo, los agentes policiales han reunido nuevos indicios que apuntan a la comisión de otros delitos y que llevaron el pasado 29 de junio al Juzgado de Instrucción 4 de Granada a ampliar el objeto de la investigación a otras siete empresas. En concreto, las diligencias judiciales tratan de esclarecer si se cometieron delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y organización criminal.
Los agentes creen que los administradores de las 'empresas amigas' eran "testaferros" de directivos del monumento nazarí
En el atestado, los investigadores dicen que han quedado patentes “las connivencias” entre los anteriores directivos del patronato de la Alhambra -el conjunto monumental más visitado de España con 2.474.231 visitantes durante el pasado año y un presupuesto superior a los 27 millones- y los responsables de varias empresas licitadoras, hasta el punto de considerar a los administradores de estas sociedades como “simples testaferros cualificados” de los primeros.
La investigación patrimonial llevada a cabo ha permitido constatar “traspasos de fondos de administradores de empresas [adjudicatarias] a miembros del patronato”, caso de los ingresos realizados en la cuenta del ex jefe de Comercialización José María Visedo por parte de Heritage SL. Esta empresa tiene como administradora a la pareja de Visedo.
Igualmente, los agentes detallan vinculaciones entre la ex directora general y la ex secretaria general de la Alhambra, María del Mar Villafranca y Victoria Chamorro, respectivamente, y las empresas SIC Nomade y Azafatas de Congresos Alhambra SL. De esta última compañía, según la Policía, “han percibido sueldos” tanto Villafranca como Chamorro.
Los agentes han contado con el testimonio de una funcionaria interina de la Alhambra, que voluntariamente prestó declaración como testigo el 14 de octubre de 2015 ante el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental tras tener conocimiento por los medios de comunicación de la investigación que se estaba llevando a cabo. Se trataba de la persona que entre 2008 y 2012 ejerció de secretaria de la secretaria general de la Alhambra, entre cuyas funciones –según detalló en su comparecencia– se incluían llevarle la agenda y recibir y contestar los correos electrónicos que aquélla recibía.
Una funcionaria declara a los investigadores que se creaban "necesidades ficticias para repartirse los contratos"
La declarante no tiene dudas de quiénes manejaban los hilos en la gestión del monumento nazarí. “Tanto de las reuniones que Dña. María Victoria [Chamorro] mantenía casi a diario con Pepe Visedo y los responsables de las empresas externas como de la lectura de los correos electrónicos enviados por éstos era evidente que quien dirigía totalmente el patronato era Dña. Victoria Chamorro y D. Pepe Visedo junto a los administradores de varias empresas, diseñando entre todos los planes y previsiones de contratación, estrategias futuras y líneas de trabajo”, aseguró.
La testigo defendió que “el último y único objetivo” de las reuniones era “crear estudios y necesidades ficticias para repartirse los contratos y por ende el presupuesto de la Alhambra”. En este sentido, dado que algunas necesidades de contratación podrían ser innecesarias, los investigadores creen necesario comprobar en qué sentido informaba el gabinete jurídico de la Junta en relación a los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de los contratos bajo sospecha.
La funcionaria explicó que, atendiendo al contenido de los correos electrónicos “recibidos y enviados por Victoria Chamorro”, eran los responsables de las “empresas amigas” a las que se otorgaban los contratos los que “se hacían ellos mismos los pliegos que iban a licitarse y que de antemano se sabía que les iban a ser adjudicados”.
A este respecto, en el sumario del caso consta un correo enviado el 5 de julio de 2011 por una contratista a la jefa del departamento de Asuntos Jurídicos del patronato del que se deduce la connivencia en la adjudicación de obras y el paripé de las invitaciones a otros supuestos aspirantes: “Os envío la documentación que he preparado para el contrato de Señalización. Creo que la medición, presupuesto, resumen del presupuesto y los tres archivos de ubicación de señales deben ir en el contrato, pues describen con precisión el trabajo a realizar. También te mando el nombre de las empresas a invitar en su correspondiente archivo. Si necesitas algo más, dímelo”.
Contratación "encubierta"
No es la única irregularidad que investiga la Policía. Los agentes han detectado que los gestores de la Alhambra abusaban de la “contratación directa encubierta” mediante el procedimiento negociado sin publicidad: se invitaba a licitar los contratos a empresas afines a las finalmente adjudicatarias, quienes renunciaban posteriormente y posibilitaban así la ausencia de competencia “en detrimento de los intereses generales”, exponen los investigadores en su informe.
Los agentes también ha constatado otra “irregularidad manifiesta”: la práctica del “fraccionamiento de los contratos” con el fin de eludir el procedimiento de contratación aplicable, asegurando así la adjudicación a un contratista y eliminando tanto a eventuales competidores como las ventajas para la Administración de la concurrencia competitiva.
En su declaración como testigo, la funcionaria también relató a la Policía la amenaza que recibió de Victoria Chamorro, después de que un inspector se personara en su puesto de trabajo tras presentar ella una denuncia por la situación irregular en la que prestaba sus funciones: trabajaba para la Administración autonómica, pero su sueldo llegaron a pagarlo hasta tres empresas privadas.
El día que se personó el inspector, narró, su jefa le dijo “muy enfadada” que se marchara puesto que “había documentación”. Le llevó a una sala y, “cerrando la puerta”, le espetó: “Como saques alguna información de aquí no solamente irá el patronato a por ti sino toda la Junta”.