La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado seis años y medio de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una multa de 817.180,37 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández por la ayuda sociolaboral concedida a la cooperativa sevillana Acyco.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta pide para el exconsejero seis años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa e inhabilitación por tiempo de cuatro años por un delito de tráfico de influencias.

De igual modo, la Administración autonómica acusa a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, para el que pide cinco años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, y seis meses de cárcel, multa de 707.560,37 euros y tres años de inhabilitación por tráfico de influencias.

Asimismo, también acusa al ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.

El resto de acusados son la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, para la que pide tres años y nueve meses de prisión; el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, que se enfrentan a tres años de cárcel; un 'intruso', para el que pide dos años de prisión; y dos extrabajadores de Vitalia para los que solicita tres años de cárcel.

La Junta pide que los acusados, además, indemnicen a la Administración autonómica de manera solidaria con un total de 612.884 euros.

Es la primera vez que, en el 'caso ERE', la Junta pide cárcel para un cargo de la Administración

Se trata de la primera vez en que, dentro del caso ERE, la Junta solicita una pena de prisión o inhabilitación para algún ex alto cargo de la propia Administración autonómica, pues cabe recordar que anteriormente pidió el archivo de la pieza del procedimiento específico, en la que hay encausados un total de 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Junta exculpa en la pieza separada de Acyco al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano, al considerar que "no son autores" de los delitos referidos.

Fuentes del caso llamaron la atención sobre el hecho de que el instructor presuma que Antonio Fernández -en su etapa como viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero del ramo a partir de 2004- tenía conocimiento y tuvo participación de las decisiones de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social sobre las ayudas otorgadas a Acyco y le acuse por ello, mientras que al consejero de Empleo en 2003 -José Antonio Viera- y al viceconsejero desde 2004 -Agustín Barberá- les presupone todo lo contrario y los exculpa.

En el ERE de Acyco se 'colaron' dos intrusos con un coste de más de 225.000 euros

En el escrito, los abogados de la Junta relatan que fue el 3 de julio de 2003 cuando el representante legal de Acyco presentó ante la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla una solicitud de ERE para la extinción de la relación laboral de 35 trabajadores, tras lo que el delegado provincial del ramo dictó una resolución el 23 de julio de ese año autorizando a la empresa la extinción de esos 35 contratos laborales.

El 26 de julio de 2003, "y con el conocimiento" de Antonio Fernández y del abogado de Acyco, Guerrero firmó un protocolo de colaboración con Encarnación Poto para la concesión de ayudas a la prejubilación de los trabajadores despedidos, existiendo en ese protocolo un anexo donde "aparecen como beneficiarios de la ayuda un total de 36 personas", entre ellas dos 'intrusos' "que nunca han trabajado en Acyco", uno de ellos ya fallecido.

"Ambas personas son naturales de la Sierra Norte de Sevilla y la única causa que determina su inclusión en el anexo de dicho protocolo es su relación personal con Guerrero", asevera la Junta, que indica que el total de las ayudas comprometidas en el citado protocolo asciende a 2,8 millones de euros (2,9 millones de coste aplazado). Además, el coste para la Junta de la póliza de los dos 'intrusos' asciende a 104.885 y 120.201 euros, respectivamente.

"Plenamente consciente"

La Junta añade que, "a pesar de lo anterior", en el anexo de la póliza de prejubilación aparecía Encarnación Poto con un coste de prima al contado de 261.046 euros, "satisfechos por la Junta", y ello "a pesar de que la citada continuó trabajando para Acyco y, en consecuencia, percibiendo retribuciones de la empresa". "El coste de la prima al contado de la póliza, así, se dispara hasta un importe de 3,1 millones (3,2 millones de coste aplazado", señalan los letrados de la Junta.

"De estos hechos serían plenamente conscientes" Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, asevera la Junta, que indica que el coste actuarial de la citada póliza se realizó por dos extrabajadores de Vitalia también acusados, los cuales "conocían la circunstancia de que había dos personas incluidas como beneficiarios que nunca habían trabajado en la empresa y una tercera que continuaba trabajando en la empresa".

Junto con las anteriores ayudas, la Junta afirma que Guerrero concedió a la Asociación 3 de Julio, constituida por los trabajadores afectados por el ERE, una ayuda de 243.600 euros "para paliar el adelanto hecho al pago de las primas de las pólizas por los asociados, si bien 33.600 euros de esa ayuda correspondían al 16 por ciento de IVA a que no tenían derecho".