![Manos Limpias pide que aparten a la Junta como acusación en la pieza clave de los ERE](https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2016/10/el-pp-a-denuncia-a-la-juez-nunez-bolanos-ante-el-cgpj-por-los-cursos-de-formacion-623x368.jpg)
La instructora del 'caso ERE', María Núñez Bolaños, saliendo de los juzgados de Sevilla.
Manos Limpias ha pedido al juez que aparte ya a la Junta de Andalucía como acusación particular en la pieza política del caso ERE, después de que haya solicitado el archivo de las actuaciones por entender que los hechos que se investigan no son constitutivos de delito.
En un escrito presentado este lunes ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico, el colectivo de funcionarios defiende que la representación de la Administración autonómica debe quedar fuera del procedimiento sin más dilación para evitar la situación de que sea “acusador formal y defensor material de los investigados” a la vez.
“Nuestro Derecho brinda a las víctimas la oportunidad de personarse en el proceso en demanda de sus pretensiones y, siendo en el presente caso su intervención completamente ajena a cualquier otro pedimento que no sea el archivo y sobreseimiento de la causa para beneficio de todos los acusados, debe apartársele de la ‘pieza política’ que nos ocupa, sin perjuicio de su posición procesal en la causa principal o cualesquiera otras piezas”, expone.
El colectivo dice que hay que evitar que la Junta sea acusador y defensor a la vez de investigados
En su escrito de calificación provisional de la rama en la que se investiga la legalidad del procedimiento utilizado para la concesión y pago de las ayudas con cargo al fondo de reptiles, la Junta ha pedido el sobreseimiento al entender que de lo instruido durante casi seis años no ha quedado acreditado ni que se implantara un sistema específico para el otorgamiento de subvenciones con “una finalidad ilegítima” ni la existencia de una “trama criminal”.
Se trata de la pieza en la que están imputados 26 ex altos cargos, todos por la presunta comisión de un delito de prevaricación y, 18 de ellos, también por malversación de caudales públicos. Es el caso de José Antonio Griñán, para el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación.
Para Manos Limpias, desde que la Junta presentó el escrito de calificación provisional “no ejercita acción civil ni penal, de modo que han dejado de satisfacerse las exigencias del principio acusatorio”. Y añade: “No es que no sostenga pretensiones acusatorias diferentes a las otras acusaciones personadas: es que no sostiene más pretensiones que las puramente defensivas de los investigados”.
La Junta no ve delito y ha pedido que se dé el carpetazo a esta pieza separada del caso
Aunque implícitamente la Junta quedará al margen de esta pieza del caso al haber solicitado el carpetazo y no acusar, Manos Limpias quiere que el juez Álvaro Martín la aparte ya de forma expresa para que no se le siga dando traslado de las actuaciones. De esa manera, no tendría acceso ni al resultado de los recursos que se han interpuesto contra el auto por el que el instructor transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado.
La pieza política es la primera cuya instrucción se ha terminado y, por tanto, la primera que se elevará a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. Es la rama clave, como dejó patente la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla cuando acordó desgajar la causa en más de 200 piezas separadas, accediendo así a la petición que de forma reiterada y sin éxito había planteado la Fiscalía Anticorrupción a la juez Mercedes Alaya.
La pieza clave
Tras abrir seis piezas separadas -las correspondientes al ‘procedimiento específico’, la de las sobrecomisiones a las mediadoras y las de las ayudas a Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica SA, Cemforpre y al entramado societario controlado por los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago-, la juez María Núñez Bolaños llegó a plantear que no desgajaría más ramas del tronco principal hasta que hubiera sentencia sobre la legalidad o ilegalidad del instrumento utilizado para la concesión de las ayudas a prejubilados y a empresas en crisis, al considerar que ello podría ser determinante para calificar otras conductas objeto de investigación. No es lo que finalmente ha llevado a cabo, puesto que formalmente ha abierto ya más de medio centenar de piezas.