Una de las definiciones más aceptadas de la Vivienda de Protección Oficial (también conocida como Vivienda Protegida o Vivienda de Protección Pública, dependiendo de la comunidad autónoma) podría ser aquella que busca “favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos precios asequibles a sus posibilidades”. Este concepto pierde su sentido en 17 provincias españolas y en dos regiones –Castilla-La Mancha y Murcia- en las que la VPO vale igual o más que la vivienda libre, según las tasaciones que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento.
No sucede lo mismo en Madrid, donde el caso Espinar (la plusvalía de 30.000 euros obtenida por el senador de Podemos al comprar y vender una VPO en un plazo de nueve meses) vuelve a cuestionar el negocio especulativo en torno a la vivienda social. “Desde 1977 con Joaquín Garrigues Walker [ministro de Urbanismo con UCD] e incluso antes con Franco la promoción de vivienda social ha sido un lodazal que ha enriquecido a tirios y troyanos”, critica una fuente del sector con un currículo dilatado en este área. “Por eso, porque ha afectado a todos los partidos, nunca se ha arrojado la suficiente luz sobre la corrupción en la política de vivienda".
Que la vivienda protegida sea más barata que la libre no impide que un particular –Espinar, el padre de Tania Sánchez- genere plusvalías. Pero si el precio de la VPO es igual o superior al de mercado quiere decir que el parque de la vivienda pública está completamente desfasado en varias provincias españolas, dando más bola a la especulación inmobiliaria.
El metro cuadrado de VPO es más caro que el libre en Jaén, Granada, Burgos, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Lleida y Castellón, según las tablas trimestrales que cuelga Fomento.
Otras ocho provincias igualadas
El valor de ambas viviendas está prácticamente igualado en otras ocho (la diferencia es menor de 50 euros): Almería, Córdoba, Huelva, León, Segovia, Valencia, Lugo y Murcia. En las regiones de Murcia y Castilla-La Mancha hay un sorpasso neto.
En Lugo (VPO:874 €; Libre: 877€) y Valencia (1.089€ y 1.096€) la diferencia de precio por metro cuadrado es irrisoria (tres y siete euros, respectivamente). Además hay otras provincias que aunque no publican sus datos, todo apunta a que tal desfase puede existir. Es el caso de ciudades pequeñas como Soria, Teruel, Guadalajara, Ourense…
Según informa la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, cuando Ramón Espinar compró la VPO el precio de módulos por metro cuadrado ascendía a 1.445, 36 euros mientras que cuando ejerció su derecho a la venta éste había sido modificado al alza en 466 euros, hasta los 1.940, 48 euros. El precio de venta fue, en consecuencia, conforme a lo marcado por la ley según el Gobierno regional.
En las dos últimas décadas las autoridades locales y autonómicas en España vieron un filón en el boom inmobiliario y potenciaron las empresas de la vivienda y suelo. Algunas han protagonizado sonados casos de corrupción, cuando no han quebrado. En Madrid el equipo de Manuela Carmena ha denunciado la venta de casas protegidas a fondos buitre por parte de los anteriores gestores. Muchos entes municipales de vivienda impulsaron alegremente VPO antes de la crisis, y también encarecieron paulatinamente las condiciones de acceso.
VPO en España de media: 1.107,8 euros/m2
La reducción del diferencial entre vivienda libre y protegida ha sido devastador en los últimos años, los de la crisis, marcados por el desplome del valor de las casas. Un desplome que no afectaba a las VPO, cuyo precio estuvo congelado mientras se hundía el sector del ladrillo y aparecían los bloques fantasma por toda la costa española.
En 2007 había una diferencia entre un tipo de vivienda y otra de 1.014, 6 euros, según Fomento: al cierre de 2013 la diferencia entre vivienda libre y protegida era de 364 euros, una reducción de dos tercios en apenas seis años. Actualmente el diferencial ha aumentado ligeramente. Según los datos disponibles en la web de Fomento, el metro cuadrado de vivienda libre se sitúa en 1.506,4 euros, frente a los 1.107,8 euros que vale el metro cuadrado en la vivienda protegida.
La ciudad de San Sebastián sigue siendo la más cara para adquirir una casa: hasta 3.132,1 euros se abonan en Donostia por metro cuadrado. Ibiza y Barcelona la siguen, pero bastante lejos, con 2.689,8 euros y 2.656 euros, respectivamente. En las tres ciudades la diferencia con el coste de la VPO supera largamente los 1.000 euros. Los municipios más baratos, por el contrario son Elda (Alicante, 508,0 euros el metro cuadrado), Jumilla (Murcia, 563,6 euros) y Villarrobledo (Albacete, 569,2 euros).
Alejandro Inurrieta fue de 2007 a 2008 presidente de la ya extinguida Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que promovía el alquiler de vivienda tanto pública como de particulares pero no construía vivienda social. “En Madrid Esperanza Aguirre creó un intermedio entre VPO y vivienda libre como la Vivienda de Protección Pública. Era un tipo de promoción dirigida a una nueva clase media pija”, bromea Inurrieta.
“También elevó el precio de los módulos, lo que dio pie a sacar plusvalías", dice este economista. "Yo abogaría por parar las VPO en España y fomentar la política social de alquiler, pero no se hace nada de eso”, concluye.
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