El juez de refuerzo del caso ERE ha mandado al banquillo de los acusados a 19 imputados en otras dos piezas separadas, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía que ya han sido procesados en la rama política. Ésta, en la que figuran como acusados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, será la primera que enjuiciará la Audiencia de Sevilla.

Tras recibir los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones, el magistrado Álvaro Martín Gómez ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral en las piezas relativas a las ayudas concedidas por la Administración autonómica con cargo al fondo de reptiles para sufragar el coste de las prejubilaciones de trabajadores de las empresas sevillanas Acyco y Surcolor. En ambos ERE se colaron intrusos.

En el caso de Surcolor, el instructor formula acusación contra 16 personas, entre ellos un ex consejero (Antonio Fernández), un ex viceconsejero (Agustín Barberá), tres ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera) y un ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla (Antonio Rivas). Éstos se enfrentan también a penas por su responsabilidad en la ideación, implantación o mantenimiento del procedimiento específico por el que se otorgaron las subvenciones (rama política del caso) y serán acusados con seguridad en otras piezas cuya instrucción aún no se ha dado por terminada.

La acusación se formula por la comisión de hasta seis delitos, cuatro de ellos continuados

El resto de procesados son el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, el testaferro de éste Juan Francisco Algarín Lamela, los ex directivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, los empresarios Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante, el abogado Carlos Leal, el ex dirigente de CCOO-A José Hurtado y los intrusos José Antonio Márquez Sánchez y Juan Manuel López Espadas.

Los encausados se sentarán en el banquillo por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y en documento mercantil -todos ellos continuados-, asociación ilícita y tráfico de influencias.

En cuanto a la responsabilidad civil, se tiene por formulada petición de condena con carácter subsidiario en favor de la Junta de Andalucía contra la Federación de Industrial Textil, Piel, Química y Afines (Fiteqa) de CCOO -de la que Hurtado fue secretario general en Andalucía-, la mediadora Vitalia Vida, las empresas Surcolor SA y Surcolor Óptica SA y el bufete Estudio Jurídico Villasís -del que era socio Carlos Leal-, como había pedido en su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción.

Las piezas de Surcolor y Acyco son las primeras del caso en las que se procesa a intrusos

Respecto a la pieza de Acyco, el juez abre juicio oral contra siete de los procesados en la pieza de Surcolor. A saber: Antonio Fernández, Agustín Barberá, Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Rivera, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo. La nómina se completa con los directivos de esta cooperativa sevillana Encarnación Poto y Gabriel Barrero, el abogado José Miguel Caballero, el ex secretario general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano y el falso trabajador Andrés Carrasco. Churrero en la localidad sevillana de El Pedroso, Carrasco se coló en el ERE de Acyco por su amistad con Javier Guerrero, el ex alto cargo que tenía a su cargo la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

En Acyco, es la primera vez que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía pide pena de prisión para un ex consejero. En su escrito de conclusiones provisionales, los servicios jurídicos de la Administración autonómica solicitaban seis años de prisión y 17 de inhabilitación para Antonio Fernández por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa e inhabilitación por tiempo de cuatro años por un delito de tráfico de influencias.

Escritos de defensa

En el auto de apertura de juicio oral de la pieza de Acyco, el instructor señala como delitos objeto de acusación los de malversación y prevaricación continuadas, falsedad en documento oficial, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Según detalla Álvaro Martín en sus autos, contra los que no cabe recurso, los procesados disponen ahora de un plazo de 15 días para presentar sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas, concediéndoles 10 días para que comparezcan de manera voluntaria en el juzgado para que se les dé traslado de las actuaciones.