El fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente de Murcia considera que las investigaciones sobre el auditorio de Puerto Lumbreras han aportado "indicios delictivos de gran relevancia" contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, por lo que ha pedido su imputación. Así se recoge en un informe presentado por el fiscal José Luis Díaz Manzanera en el Juzgado de Instrucción de Lorca que investiga la presunta adjudicación irregular del auditorio de Puerto Lumbreras cuando el alcalde de esta población murciana era Sánchez.

El escrito insta al Juzgado de Instrucción a que, sin mayor demora, eleve una exposición razonada a la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ), que es la competente para enjuiciar a Pedro Antonio Sánchez dada su condición de aforado. Añade también que desde marzo de 2015, en que la misma Sala acordó enviar la querella presentada por la Fiscalía del TSJ a los Juzgado de Lorca, se han practicada diligencias que confirman los hechos presuntamente delictivos contenidos en la misma.

Al referirse a Sánchez, el informe concreta los posibles delitos en los que pudo incurrir según el proceso administrativo que se desarrolló para la convocatoria de las obras del auditorio y su ejecución. Así, en cuanto al concurso de proyectos, que se convocó hace ahora más de 10 años, el entonces alcalde pudo incurrir en un delito continuado de prevaricación.

Sobre el concurso de obras expone que pudo cometer otro delito de prevaricación, mientras que respecto de la adjudicación y ejecución del contrato habla, además, de las figuras delictivas de falsedad documental, fraude y malversación. También se refiere a la actuación de Sánchez en la fase de las obras complementarias y dice que se habría cometido otro delito de prevaricación, junto con un delito de fraude, y, finalmente, sobre sus gestiones para la consecución de una subvención de la Comunidad Autónoma, señala que incurriría en los delitos de prevaricación, fraude y malversación. El fiscal no se olvida tampoco de exponer que también se pudo cometer otro delito de fraude al recibir las obras cuando las mismas, asegura, no estaban acabadas.

El ministerio público expone, por otra parte, que el procedimiento debe dirigirse no sólo contra el jefe del ejecutivo regional, sino, también, contra otras personas entre las que se encuentran la que era secretaria accidental del ayuntamiento, Caridad García, y la interventora, Francisca Romera. También aparecen el arquitecto Martín Lejárraga; el letrado asesor del consistorio, Ricardo Fernández, y los integrantes de la junta de gobierno local que tomaron decisiones sobre el proyecto del auditorio.