El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha archivado la querella por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal que el ex ministro José Manuel Soria interpuso contra la juez Victoria Rosell, quien abandonó la política (Podemos) al verse imputada. La instructora del caso, Margarita Varona, ha tomado esta decisión días después de interrogar a Rosell y al empresario al que, según la denuncia de Soria, la juez podría supuestamente haber beneficiado, Miguel Ángel Ramírez, propietario del grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

Fuentes de la defensa han confirmado a Efe que esta tarde se les ha comunicado verbalmente el archivo de la causa, aunque tanto el procurador de Soria como el de Rosell todavía no han recibido el auto con las razones jurídicas de la decisión, debido a un fallo informático en el sistema de notificaciones. El asunto que da origen a esta querella se remonta a la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015, a las que Rosell se presentó como candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas.

Casi en los primeros días de campaña, la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a Rosell tras recibir en un sobre anónimo la copia de un contrato por el cual la UD Las Palmas compraba al periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, los derechos de una licencia de FM por 300.000 euros. En concreto, la Fiscalía pretendía averiguar si la juez había incumplido su deber legal de abstenerse de instruir una causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social abierta contra Miguel Ángel Ramírez, a sabiendas de que este hacía negocios con su pareja.

En las semanas siguientes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC anuló esa investigación de la Fiscalía por falta de competencias y por vulnerar los derechos constitucionales de Rosell como candidata al Congreso. El Consejo General del Poder Judicial archivó el caso en el plano disciplinario. Sin embargo, el entonces ministro de Industria y candidato del PP por Las Palmas en aquellos comicios, José Manuel Soria, llevó el asunto a la Sala de lo Penal del Supremo, inicialmente para denunciar que Rosell le había calumniado al acusarle de estar detrás de la investigación de la Fiscalía y de haber manejado el caso.

En esos momentos, el sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria volvió a tomar declaración al empresario Ramírez en el caso de fraude fiscal y este le dijo que había financiado durante años negocios periodísticos dirigidos o participados por la pareja de la juez.

Soria recogió el contenido de esa declaración para ampliar su querella contra Rosell y acusarla formalmente de delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso de la Justicia. Aunque en esta ocasión la Fiscalía consideró que no había indicios para sostener esos cargos, el Supremo admitió la querella y Rosell se vio obligada, por el código ético de Podemos, a no repetir como candidata.

Con el pleito ya en el TSJC, porque Rosell había dejado el Congreso, el caso dio un nuevo giro cuando el empresario Ramírez denunció que el juez Salvador Alba se había reunido en privado con él antes de tomarle declaración y le había dicho lo que tenía que manifestar para, presuntamente, perjudicar a la exdiputada de Podemos. Y, además, aportó una grabación de la charla. Ese audio ha dado lugar a otro caso penal contra el juez Alba, al que la Fiscalía acusa ahora ante el TSJC de negociaciones prohibidas a funcionarios y al que el Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por faltas muy graves.