La Historia de la Constitución española se parece extraordinariamente al proceso de transición política que tan sólo unos meses antes llevó a cabo el país. Es un relato cargado de desencuentros, rupturas, sobresaltos, acercamientos y acuerdos finales, todo ello dominado por una decisión compartida por todos los que tomaban parte del proceso: la decisión de no volver a romper, una vez más, la convivencia pacífica entre los españoles.

La parte más difícil camino de España hacia la democracia estaba ya hecha y se había culminado con éxito. Las primeras elecciones libres de los últimos 40 años se habían celebrado en junio de 1977 y los ciudadanos habían votado por la moderación. La coalición UCD presidida por Adolfo Suárez había ganado las elecciones con 166 escaños, seguida por el PSOE con 118. A una enorme distancia los electores habían situado, para su estupor, al Partido Comunista que sólo obtuvo 19 escaños. Muy cerca del PCE se colocó Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga que se había presentado rodeado de ex ministros de Franco, lo que valió a la candidatura el apodo de "Los siete magníficos". Los nacionalistas catalanes en coalición con otras fuerzas catalanistas se alzaron con 11 escaños y los nacionalistas vascos obtuvieron 8 diputados.

En estas condiciones y con este reparto de fuerzas políticas se acometen inmediatamente los primeros trabajos constitucionales bajo una premisa compartida por todos: ninguno deseaba que la futura Constitución fuera el resultado de la victoria de unos sobe otros, que al final el texto acabara siendo asumido por unos pero no por otros. Todos sabían bien que eso habría arrastrado al fracaso todo el proceso de transición que con tanto esfuerzo y tantas renuncias se había logrado llevar a término en su primera y más arriesgada fase.

Pese a la determinación por que albergara a todos, el nacimiento de la Constitución no fue fácil sino todo lo contrario

Pero, a pesar de la determinación compartida de alcanzar el acuerdo en una Constitución que albergara a todos, hay que decir que su alumbramiento no fue fácil sino todo lo contrario. Para empezar porque los desacuerdos comienzan en el mismo momento en que se constituyen las primeras Cortes democráticas. El Gobierno se propone inicialmente elaborar un borrador de Constitución que sirva de base a los trabajos posteriores. Pero la oposición se niega en redondo.

El presidente del Gobierno piensa luego en nombrar una comisión de expertos que elaboren un texto como base de trabajo. Pero la oposición vuelve a negarse porque, recién salida a la luz de la vida política española, tiene un gran temor a quedar apartada en esta tarea que consideran, con razón, es de la máxima trascendencia para la vida política futura del país. Por eso plantea claramente su exigencia: que la Constitución sea elaborada desde su mismo comienzo por los representantes elegidos por el pueblo que se sientan en las Cortes Generales. Y el Gobierno acepta.

Discrepancias desde el inicio

Así, un mes después de celebradas las elecciones generales se constituye la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. De su seno salen los siete ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto constitucional. Son los llamados "padres de la Constitución". Iban a ser nueve en principio pero tanto UCD como PSOE se niegan, cada  uno por distintos motivos, en general excluyentes. El primer problema que se plantea es que de esos siete ponentes constitucionales han quedado excluidos los nacionalistas vascos y los catalanes. Y eso era un error mayúsculo, de modo que el PSOE cede uno de sus puestos en favor de Miquel Roca, quien se compromete a defender también las posiciones de la minoría vasca, que queda fuera de la ponencia Pero pronto se vio que no sucedía así, con lo que los vascos se sintieron desde el comienzo marginados y lo hicieron notar con frecuencia.

Los trabajos de la ponencia comienzan en un clima que se quiso vender públicamente como de acuerdo casi total: falso de toda falsedad

Los trabajos de la ponencia comienzan en un clima que se quiso vender públicamente como de acuerdo casi total. Falso de toda falsedad. Las discrepancias aparecieron desde el primer momento, como no podía ser de otro modo: la forma del Estado, Monarquía o República; la unidad de España; la organización territorial y la regulación de las autonomías; el reconocimiento o no de las nacionalidades; la no confesionalidad del Estado; el reconocimiento explícito o no de la Iglesia católica; el divorcio; la pena de muerte; los derechos y libertades de los ciudadanos... La simple enumeración de estas cuestiones da una idea de la enorme distancia que separaba a unos partidos de otros a la hora de abordar su tratamiento en la Constitución.

Pero para entonces la opinión pública desconoce por completo el contenido de las deliberaciones y la intensidad de las discrepancias. El problema salta el 22 de noviembre. La revista Cuadernos para el Diálogo publica los 39 primeros artículos del borrador que están elaborando los siete ponentes. Y al día siguiente varios periódicos hacen pública la totalidad del articulado. El escándalo estalla entonces en toda su enorme magnitud. Los españoles se enteran ese día de que en ese primer texto se habla de nacionalidades; de que los socialistas emiten un voto particular en favor de la República; de que no está claro que se asegure la libertad de enseñanza; de que no se habla de la Iglesia católica; de que se dice que el Estado podrá intervenir en la economía y en la dirección de las empresas si fuera necesario; de que no se descarta el divorcio y así sucesivamente.

La derecha pone el grito en el cielo; los empresarios se levantan indignados; la banca expresa su alarma; el sector de la enseñanza privada se pone en pie de guerra y la Iglesia católica se prepara para dar la batalla y ganarla.  En definitiva, todos los sectores sociales se ponen en guardia y se aprestan para influir en el texto que está destinado a regular la vida de los españoles por muchos años.

El primer portazo lo da el PSOE para advertir a UCD contra la tentación de ganar cada votación a base de aliados circunstanciales

Cuando todavía el primer borrador del anteproyecto está en las manos de los siete ponentes suena el primer portazo: el socialista Gregorio Peces Barba anuncia que deja los trabajos de la ponencia. La razón esgrimida son dos enmiendas presentadas por UCD. En una de ellas se intenta suprimir el control del Estado sobre los centros de enseñanza subvencionados con fondos públicos. La otra pretende introducir en el texto constitucional la posibilidad del cierre patronal o lock-out. Pero esa no es la razón del puñetazo en la mesa dado por los socialistas. Lo que ha movido a la dirección del PSOE a amagar con abandonar los trabajos constitucionales es advertir a UCD contra la tentación de ganar todas las votaciones a base de buscarse en cada ocasión un aliado circunstancial.

Con este primer portazo queda en evidencia la tensión que se esta viviendo en el seno de la ponencia constitucional. Y esa es la realidad: cada partido está intentando llevar el agua a su molino con toda la fuerza que le proporcionan los votos obtenidos pero también con toda la cautela necesaria para evitar que se produzca una ruptura, lo que tendría unas consecuencias catastróficas. Y los diputados de UCD saben perfectamente que no pueden intentar forzar la mano del PSOE en exceso porque si ese partido se descuelga de los trabajos para elaborar la Constitución todo el esfuerzo hecho durante la transición habrá sido en balde.

El 5 de mayo de 1978 el anteproyecto entra en la Comisión Constitucional. A partir de ese momento los debates sobre el articulado van a ser públicos. Pero una vez más en ese tiempo político, los hechos irán por delante del Derecho: las negociaciones y los acuerdos se alcanzarán en secreto.

El consenso pende de un hilo

Doce días más tarde el PSOE vuelve a plantarse y esta vez la amenaza va muy en serio. El motivo esgrimido es una enmienda in voce que ha salido hace apenas unas horas del ministerio del Interior y que no está suficientemente perfilada. El caso es que eso da pie al PSOE para acusar a la UCD de querer colar, camuflada, la posibilidad de declarar el estado de excepción. Y en ese momento los dos máximos dirigentes socialistas asestan al proyecto constitucional un golpe mortal que, de mantenerse, hará imposible su supervivencia. Dice Alfonso Guerra: "Esta va a ser una Constitución reaccionaria. Va a ser obra de UCD y de AP exclusivamente". Y remata Felipe González: "El consenso ha quedado roto. Si las cosas siguen así nos veremos obligados a incluir en nuestros programas electorales la reforma constitucional".

Suárez sabe bien que si esta Constitución no es de todos y para todos él habrá fracasado y, con él, habrá fracasado el propio Rey Juan Carlos

Este sería, de materializarse, el tiro de gracia no sólo al texto de la Constitución sino a todo el trabajo realizado con tanto esfuerzo hasta ese momento por Adolfo Suárez, con el cerrado apoyo del Rey. Suárez sabe bien que si esta Constitución no es de todos y para todos él habrá fracasado y, con él, habrá fracasado el propio Rey Juan Carlos, que el día de su proclamación se comprometió a "ser el Rey de todos los españoles". Ni Suárez, ni el Rey, ni el país en su conjunto pueden permitirse tirar por la borda en el último tramo del camino toda la tarea realizada.

A partir de ese momento las cosas dan un giro radical. Lo primero que hace Suárez es encargar a su vicepresidente primero, Fernando Abril Martorell,  que recupere al PSOE para el consenso. La estrategia de UCD gira 180 grados. Comienzan las negociaciones secretas y paralelas a los trabajos de la Comisión Constitucional del Congreso. Son los llamados "pactos del mantel". Los representantes de los grupos parlamentarios empiezan a reunirse en restaurantes, en casas particulares, en despachos profesionales de alguno de los diputados y van alcanzando a gran velocidad acuerdos sobre los artículos que se van a discutir  y a votar al día siguiente en la Comisión Constitucional.

En una cena, el 22 de mayo de 1978, Abril Martorell y Guerra pactan 25 artículos de las Constitución en una sola noche

La prueba más fehaciente: el 22 de mayo de 1978 en una cena en el restaurante José Luis de la calle de Serrano de Madrid a la que asisten un grupo de diputados de UCD encabezado por Abril Martorell y otro del PSOE dirigido por Alfonso Guerra se pactan 25 artículos de la Constitución. En una sola noche. El papel desempeñado por estos dos hombres en los trabajos constitucionales y en la consecución del imprescindible acuerdo básico es, por eso, trascendental y debe ser puesto en valor.  Ambos intervienen desde entonces personalmente para negociar mano a mano en todas y cada una de las ocasiones -y llegan a ser muchas- en que las negociaciones sobre el articulado encallan. Y todo esto se desarrolla en el mayor de los secretos y sin que ningún periodista tenga la menor noticia de lo que está sucediendo entre bambalinas.

En vista de que el sistema da resultado ambos partidos deciden continuar con él e invitan a sumarse a ellos a los comunistas y a los nacionalistas.  Así es como van salvándose poco a poco casi todos los escollos aunque, lamentablemente, no todos. Se salva por ejemplo, el escollo de la enseñanza, el punto más discutido del texto constitucional, sobre el que se estuvo negociando desde el mismo comienzo de los trabajos y sobre el que la Iglesia católica se empleó muy a fondo. El hecho es que durante casi año y medio ese artículo fue objeto de largas deliberaciones, motivo de rupturas, de reconsideración, de negociaciones secretas, de fortísimas presiones y, por fin, de acuerdo y de pacto final.  Se salva también, y sin grandes dificultades, el escollo inicial sobra la forma del Estado porque el PSOE deja claro enseguida que su voto particular a favor de la República tiene más de testimonial que de otra cosa. Y así, llegado el momento de votar en el Pleno, el Partido Socialista acepta plenamente la Monarquía como la forma del Estado español que la Constitución consagra.

Se salva también el escollo de la pena de muerte, aunque con la salvedad de lo que dispongan las leyes militares para tiempos de guerra. Y se salva la inclusión del término "nacionalidades", que genera una activa oposición por parte de Alianza Popular pero que permite  el acuerdo de los nacionalistas catalanes y su plena implicación en los trabajos constitucionales. Y así sucede con el divorcio, el derecho de huelga, la mayoría de edad, la propiedad privada, el jurado y tantas otras cuestiones en las que las posiciones iniciales estaban en las antípodas pero a las  que un esfuerzo sostenido de acercamiento y de cesiones recíprocas permite encontrar un espacio de consenso.

Sólo queda ya encontrar el encaje en la Constitución del planteamiento del nacionalismo vasco. Las posiciones llegaron a estar muy cerca pero en el último momento el Grupo Vasco anuncia que no acepta la fórmula que hoy recoge la Constitución. Se reanudan las negociaciones pero las posiciones de UCD y del PNV se enrocan cada vez más con el paso de las horas. Finalmente, el vicepresidente Abril Martorell deja claro que UCD no va a consentir en ningún caso que los derechos históricos vascos se coloquen al margen y por encima de la Constitución, como pretendía el PNV. Hay un momento incluso en que el senador vasco de UCD Luis Olarra coge de las solapas a Abril Martorell y le acusa de ser el único responsable "de lo que en el futuro suceda". El encaje del nacionalismo vasco queda, pues, sin resolver.

El 31 de octubre el Congreso y el Senado dan su aprobación final a la Constitución del consenso que el pueblo español refrenda por amplísima mayoría el 6 de diciembre de 1978. Nunca hasta entonces había existido en la Historia de España una Constitución que contara con el respaldo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Pero de este somero relato se desprende con claridad que el espíritu de consenso que alumbró la Constitución, como el que alumbró el proceso de transición política, no fue el resultado de una concordia de origen, que no existía, sino el fruto de un esfuerzo difícil, largo y sostenido de todos para lograr que España se instalara de una vez y para siempre por encima de la discordia que durante tantos y tantos años la había destruído.