El Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar, pese al voto en contra del PP, una proposición de ley del PNV para eliminar de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) la posibilidad de suspender del cargo a las autoridades y los funcionarios que no cumplan sus sentencias.

La toma en consideración de la iniciativa del PNV fue apoyada este martes por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea y los independentistas de Esquerra Republicana y del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), mientras que el PP y Ciudadanos votaron en contra.

A partir de ahora, la Cámara abrirá un plazo de presentación de enmiendas de totalidad --que en este caso exigen un texto alternativo-- y al articulado. Después, la ley y las enmiendas deberán examinarse en ponencia, en comisión y finalmente en el Pleno, donde requerirá apoyo de al menos 176 diputados ya que es una ley de carácter orgánico.

Actuaciones contra quienes incumplan sentencias

En concreto, la iniciativa del PNV elimina los artículos de la Ley del TC que dan carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias con un catalogo que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión de sus funciones.

En su lugar, los nacionalistas proponen "imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar".

Los socialistas aseguran que esa filosofía se ajusta más a las tesis que el PSOE defendió en 2015, cuando votó en contra de la reforma del TC que impuso el PP con su mayoría absoluta.

Eso sí, la proposición de ley del PNV incluye también la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía, una reforma que también se introdujo el pasado año, pero en este caso por acuerdo entre socialistas y 'populares'.

Conflictos de legitimidad

El PSOE mantiene su apoyo el recurso previo para evitar conflictos de legitimidad como el ocurrido con el último Estatuto catalán, aprobado en referéndum y después anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Por eso, cuando se tramite la reforma del PNV en el Congreso, los socialistas harán valer sus votos y los del PP para no dejar que se metan cambios en esta parte de la Ley del TC.

Por el contrario, el Pleno del Congreso ha rechazado tomar en consideración la otra iniciativa sobre el Tribunal Constitucional, presentada por la antigua Convergència, ya que a los votos en contra de PP y Ciudadanos se ha sumado la abstención del PSOE.

El PDECat se limitaba a derogar los artículos que añadió el PP hace un año y lo justificaba en que aquella reforma unilateral supuso "prácticamente una reforma encubierta de la Constitución", pero los socialistas no lo han apoyado al considerar que la derogación no es la alternativa adecuada.

Este debate ha tenido lugar apenas una semana después de que el Alto Tribunal paralizara el acuerdo del Parlament que abre la vía a convocar un referéndum sobre la independencia en septiembre de 2017. En su resolución el TC advierte a Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las posibles consecuencias de desobedecer su decisión.