Nada de una foto y una gran declaración de intenciones con la que justificar la cita. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiere que esta sexta Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 17 de enero, tenga contenido y carácter decisorio, que lo que se debata allí se traduzca en actuaciones del gobierno central y de los autonómicos. El actual reglamento de la conferencia señala en su artículo 6.1 que se podrán adoptar acuerdos o recomendaciones que tendrán la consideración de "compromisos políticos", pero el empeño de Sáenz de Santamaría va más allá.
En la mañana del martes 17, los presidentes autonómicos deliberarán sobre distintos asuntos de la agenda, aún no cerrada, que maneja Moncloa, amén de los que puedan introducir cada uno de los convocados. Financiación autonómica, pacto educativo, infraestructuras de interés general y lucha contra la pobreza energética están sobre la mesa. Por la tarde, se pasará de las musas al "teatro", esto es, a los acuerdos concretos. Por ejemplo, la creación de un equipo de trabajo donde estén representadas las Comunidades Autónomas, para redactar el reglamento de la reforma de la Ley Eléctrica que incluya un protocolo de aplicación, que afecta también a los ayuntamientos y a las propias empresas del sector.
Financiación, educación, infraestruturas y pobreza energética, asuntos sujetos a debate
La actual legislación recoge aquellos servicios esenciales a los que no se puede cortar el suministro eléctrico, como hospitales, transporte público o prisiones. Las familias vulnerables se convertirán en un supuesto más y aunque el Decreto Ley entrará en vigor en cuanto sea aprobado en Consejo de Ministros, deberá ser convalidado en el Parlamento a finales de mes. Posteriormente se procederá a su desarrollo reglamentario posterior, proceso que se alargará hasta primavera, cuando entren en juego los gobiernos regionales.
También hay práctica unanimidad en abordar en la Conferencia de Presidentes la puesta en marcha de la negociación para el nuevo modelo de financiación autonómica, que debería haberse renovado en la legislatura 2011-2015. Las estrictas limitaciones presupuestarias lo impidieron. En el entorno de la vicepresidente aseguran que la del 17 de enero "será una cita muy distinta a las anteriores", por la importancia de los temas a tratar y los acuerdos que se deriven de ella.
El Gobierno no consigue convencer a Urkullu ni a Puigdemoint para que acudan a la Conferencia de Presidentes
Sáenz de Santamaría presidió este miércoles junto al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, la primera reunión preparatoria de la Conferencia junto a los consejeros de presidencia de cada Comunidad. Como estaba previsto, no acudieron ni el representante de Cataluña ni el del País Vasco, Neus Munté y Josu Erkoreka, respectivamente. No obstante, Moncloa les hará llegar el contenido de lo allí hablado por entender que "concierne también a sus territorios", según fuentes gubernamentales. El Gobierno acaricia la esperanza, remota por otra parte, de que terminen presentándose a la Conferencia el catalán Carles Puigdemont y el vasco Íñigo Urkullu, pero es un deseo condenado a la melancolía. "No tiramos la toalla", dijo al respecto el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
"Buen clima" de la cita
La agenda de la cita en el Senado se terminará de cerrar en otro encuentro preparatorio el 11 de enero, seis días antes del cónclave. Moncloa se felicita del "buen clima" que hubo en la reunión de este miércoles, incluidas las comunidades gobernadas por el PSOE gracias al apoyo de Podemos.
Denostada por el PP como una "ocurrencia" de José Luis Rodríguez Zapatero, allá por octubre de 2004, Rajoy, quiere arrancar el nuevo curso político con la imagen de una actuación coordinada entre el Ejecutivo central y los autonómicos. El objetivo presidencial es afrontar conjuntamente los grandes retos de la presente legislatura. La Conferencia de Presidentes es el máximo órgano de cooperación política entre el Gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, según señala su reglamento de funcionamiento, aprobado en 2009. Igual de vilipendiada, o quizá más, fue la "Alianza de Civilizaciones" "zapaterista" y el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo apeló a la misma en no pocas ocasiones.
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