El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará del 6 al 10 de febrero próximos al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta independentista del 9-N, según informa EFE.

En un auto, el TSJC ha notificado hoy la fecha del juicio del 9N, que presidirá el propio presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, y del que será ponente el magistrado Carlos Ramos, uno de los miembros de la institución designado a propuesta del Parlament

El ex presidente de la Generalitat ha asegurado que irá a juicio, no obstante, con la "cara bien alta" y sin "ningún problema", pues considera que cumplió con su "deber" en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El líder del PDeCat (antes CDC) ha recalcado que, en su opinión, se les juzga "por las ideas, por escuchar a la gente, por poner las urnas y por defender la libertad y la democracia". El ex presidente catalán ha concluido, en este sentido, que no tiene "ningún problema" por sentarse en el banco de los acusados. Mas acudirá esta tarde en el Parlament a la reunión del pacto a favor del referéndum.

La acción exterior de Cataluña no puede invadir competencias del Estado

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha dictaminado hoy que la acción exterior de la Generalitat catalana no puede invadir las competencias del Estado central, aunque quepa una cierta presencia internacional del ejecutivo autonómico siempre dentro de los límites constitucionales.

El Gobierno decidió el pasado 5 de febrero impugnar ante el Tribunal Constitucional la creación del Departamento de Exteriores por parte del Ejecutivo catalán al entender que vulneraba una competencia exclusiva estatal y pidió que fuese suspendida su puesta en marcha.

Ahora el TC ha dictaminado una sentencia de las denominadas interpretativas, de tal modo que no considera inconstitucional toda la norma, sino una parte de ella, mientras que admite otros artículos, pero siempre que se interpreten de manera armónica con las competencias exclusivas del Gobierno central.