El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los 26 altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza principal del caso ERE, descarga en un subordinado toda la responsabilidad por las presuntas irregularidades que ha puesto de manifiesto la instrucción y asegura que en ningún momento recibió "alertas" por parte de la Intervención acerca de que se estuviera incumpliendo la legalidad o de que existiera un posible riesgo de menoscabo de fondos públicos.

Así lo razona el titular andaluz de Empleo entre 2004 y 2010 en su escrito de defensa después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dictara auto de apertura de juicio oral en la pieza separada en la que se ha investigado el procedimiento por el que se repartió 941 millones de euros a prejubilados y empresas en crisis desde 2000 a 2011 con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández una pena de 8 años de prisión por malversación y 10 años de inhabilitación por prevaricación, delitos que él considera inexistentes al igual que el de asociación ilícita que el PP introdujo en su escrito de acusación y por el que le pide dos años de cárcel.

En su relato de los hechos, el ex consejero considera “desmesurada y absurda” la tesis defendida por la acusación según la cual durante una década operó en Andalucía "un sistema oculto, desviado de la legalidad y ajeno a toda clase de control" a fin de propiciar la arbitrariedad en la concesión de ayudas públicas para favorecer a los "políticamente próximos", al tiempo que considera que la causa "adolece de unos muy dudosos cimientos" que ha dado pie a "importantes disfunciones".

Antonio Fernández niega que interviniera en el diseño del sistema de ayudas bajo sospecha

En su escrito, la defensa de Antonio Fernández -dirigida por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo- sostiene que éste "no intervino directamente" en el diseño del sistema de ayudas bajo sospecha en su etapa como viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico (2000-2004) y que, ya como titular del departamento, "se limitó a continuar" la trayectoria de la Consejería en la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con el "conocimiento" que le daba la experiencia y la "convicción personal" de que ningún órgano había cuestionado la legalidad de las actuaciones. "De haberse producido, éstas jamás fueron conocidas por el señor Fernández", apostilla el letrado.

Uno de los principales pilares en los que descansa el escrito de defensa de este ex alto cargo es que la competencia para el otorgamiento de las ayudas era de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por lo que las presuntas irregularidades serían "exclusiva" responsabilidad de ese departamento. Según Fernández, el director general de Trabajo -Javier Guerrero hasta 2008, cuando lo destituyó- "jamás" le dio detalles de las subvenciones concedidas "ni en los consejos de dirección de la Consejería, ni en despachos siendo viceconsejero o consejero".

"El señor Fernández depositó confianza en el buen hacer del inferior jerárquico (DGTSS), titular de la competencia para conceder las ayudas (...), y no tuvo conocimiento ni consintió en relación a cualesquiera presunta irregularidades o excesos hipotéticamente producidos", razona. Y añade: "Entender que el señor Fernández debiera haber tenido conocimiento de expedientes concretos de la Dirección General de Trabajo o, mucho menos, intervenido en su tramitación es sencillamente desconocer realidades básicas del normal actuar en la Administración; y desde luego que presumirlo contra reo resultaría contrario a las exigencias del derecho al proceso debido".

Es por ello por lo que el ex consejero de Empleo concluye que no pudo cometer el delito de malversación que tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción le atribuyen indiciariamente, dado que "no tenía a su cargo los caudales públicos" y tampoco dictó o autorizó resoluciones de concesión de ayudas. Ni siquiera considera que concurra en los hechos la modalidad de malversación por comisión por omisión por ser el "superior jerárquico" del director general de Trabajo. "Las eventuales desviaciones que, en su caso y si así fuere, hayan podido cometerse por su subordinado el director general de Trabajo en cada época no entraban dentro del dominio del hecho del señor Fernández, que hubo de confiar y siempre confió en la adecuación a la legalidad de la actuación de aquél", expone.

El ex consejero dice que la competencia para dar las ayudas era de su director de Trabajo, al que él cesó

También rechaza de plano que su conducta fuera prevaricadora por cuanto la comisión de ese delito exige el "dictado de una resolución administrativa" y el convenio marco que firmó el 17 de julio de 2001 -en su calidad de presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el ente que actuaba de 'caja pagadora' de las ayudas concedidas previamente por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social- y que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles "no lo es".

El otro cimiento en el que la defensa del ex consejero hace recaer todo el peso argumental es en la actuación de la Intervención General de la Junta. La defensa de Antonio Fernández considera "enteramente incierto" que el órgano de fiscalización denunciara la "ilegalidad" del procedimiento utilizado para la concesión y pago de las ayudas y asegura que "en ningún momento recibió alertas" por incumplimientos legales o por riesgo de menoscabo de fondos públicos. Frente a este planteamiento, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez -procesado también en esta pieza separada del caso- sostiene en su escrito de defensa que alertó repetidamente de las "irregularidades" y los "riesgos" que entrañaba el sistema de concesión de ayudas utilizado.

El ex consejero va más allá y defiende la "invalidez" del informe adicional al definitivo de cumplimiento del IFA correspondiente a 2003 -emitido en julio de 2005 y al que el juez ha concedido una gran relevancia, por cuanto le sirve para delimitar qué acusados habrían cometido tan sólo prevaricación y cuáles también malversación- toda vez que se habrían omitido en el informe provisional los resultados de la revisión realizada por el servicio fiscal de la Intervención General de la Junta sobre determinados expedientes y ello habría impedido ejercer el derecho de defensa contradictoria.

"Los hechos evidencian que el sistema de transferencias de financiación y la gestión y ejecución de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA/IDEA no era opaco al control por los órganos de la Intervención General de la Junta, que al menos desde el informe complementario de 2005 eran plenamente conocedores de la gestión real de las ayudas por el citado centro directivo", argumenta.

El ex alto cargo considera inválido un informe de gran relevancia para el instructor de la causa

A mayor abundamiento, Fernández recuerda que nunca se emitió informe de actuación -alerta que da la Intervención cuando aprecia riesgo de menoscabo de fondos públicos o no se adoptan sus recomendaciones-, lo que "fue un factor determinante para consolidar en el tiempo la presunción de legalidad y conformidad a Derecho del modelo de gestión instaurado".

La defensa del ex consejero sí admite que la concesión de estas ayudas debió haberse regulado mediante "decreto", como finalmente acordó el Gobierno de José Antonio Griñán tras estallar el escándalo, lo que "hubiera posibilitado armonizar las competencias normativas de la Comunidad Autónoma ex artículo 13.22 del Estatuto ('asistencia social') con la atribución de la gestión a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, tal y como se venía realizando tradicionalmente y como preveían las Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma en sus programas de gasto".

Borrador de decreto

En su etapa como número dos de Empleo se abordó en tres reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -los consejillos, sesiones semanales en las que se analizan los asuntos que posteriormente se elevaban a Consejo de Gobierno para su aprobación- un proyecto de decreto para establecer "el procedimiento para la concesión de ayudas sociales a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza". Aquella propuesta quedó en un cajón y, meses después, se optó por firmar el convenio marco de 17 de julio de 2001 que dio pie al nacimiento del fondo de reptiles.

Con todo, la defensa de Antonio Fernández recuerda que, de los 6.300 trabajadores afectados por ERE que recibieron ayudas de la Junta, los intrusos representan el 0,3% y que las ayudas para los prejubilados legales -"fuera de discusión en cuanto a su legitimidad material", puntualiza- concentran el 85% del total de la partida presupuestaria en cuestión.

Como medios de prueba para el juicio, la defensa del ex titular de Empleo pide 15 testificales -entre ellas las de los ex presidentes del Parlamento andaluz Manuel Gracia, Javier Torres Vela y Fuensanta Coves, y la del ex consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía Rafael Navas- y, como pericial, la ratificación del informe emitido por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla José Ignacio López González.

Procesado en dos piezas más

Antonio Fernández, para el que la la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de más de 807,4 millones de euros en mayo de 2012, también ha sido procesado en las otras dos piezas que ya se han terminado de instruir: las correspondendientes a las ayudas a las empresas sevillanas Acyco y Surcolor.

En el caso de Acyco, es la primera vez que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía pide pena de prisión para un ex consejero. En concreto, los servicios jurídicos de la Administración autonómica solicitaban seis años de prisión y 17 de inhabilitación para Fernández por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y seis meses de cárcel, 817.180,37 euros de multa e inhabilitación por tiempo de cuatro años por un delito de tráfico de influencias.

En el caso de la pieza de Surcolor, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el titular de Empleo en su escrito de acusación la pena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por un plazo de veinte años por delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.