La fiscalía le ha pedido al Tribunal Constitucional que le remita el incidente por desobediencia al alto tribunal abierto a la Mesa del Parlament en relación con la convocatoria del referéndum de independencia, algo que representa un paso previo a una querella contra los implicados. El alto tribunal suspendió cautelarmente -el pasado 14 de diciembre- la resolución del Parlament de Cataluña que prevé un referéndum en 2017, al haber admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno en contra de aquella decisión.

En la tramitación de ese incidente el TC pidió alegaciones a la fiscalía, y es en su respuesta a esa petición en la que la fiscalía señala la posible desobediencia y pide al TC que deduzca testimonio. El TC pidió también sus alegaciones a los afectados: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el resto de miembros de la Mesa; el secretario general de la cámara; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los demás integrantes del Ejecutivo catalán.

A todos ellos les advertía el TC de su deber de "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibía de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Es decir, les advertía de que, de no asumir la suspensión del referéndum, podrían incurrir en desobediencia.

En sus alegaciones el fiscal señala que el alto tribunal debe deducir testimonio de los hechos, lo que supondría enviar la causa al ministerio público y que muy probablemente éste presentara una querella como la que ya presentó contra Forcadell en el anterior incidente por desobediencia al TC abierto por actuaciones del Parlament. El Tribunal Constitucional no ha recibido todavía las alegaciones de las defensas y no hay ninguna decisión adoptada, paso imprescindible para que la fiscalía, eventualmente, actúe.