La autorización del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que se personara en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a retirar los correos electrónicos de los funcionarios y altos cargos que participaron en el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, desvelado este lunes por este diario, ha vuelto a poner el foco sobre una licitación promovida por el Gobierno de Susana Díaz y en la que la Audiencia de Sevilla ha apreciado "indicios de ilegalidades severas". ¿Qué es lo que está bajo sospecha? ¿Qué buscan los investigadores policiales con la remesa de correos? ¿Qué puede aportar en la instrucción del caso la práctica de esta diligencia de investigación? ¿Hay altos cargos del gabinete de Díaz imputados? Elindependiente.com da respuesta a las preguntas clave.

  1. ¿Qué licitación pública es la que está bajo sospecha? El concurso convocado por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía el 13 de enero de 2014 -publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tres días después- para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), sin actividad desde la rotura de la balsa que contenía los lodos tóxicos en abril de 1998 y que provocó un desastre medioambiental de grandes proporciones en las puertas del parque nacional de Doñana. La Administración autonómica resolvió la licitación a favor de Minorbis SLU en detrimento de la oferta presentada por Emerita Resources España SLU, que recurrió la resolución -primero en vía administrativa y después en los tribunales- por haber sido dictada "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido".
  2. ¿Qué irregularidades se investigan? El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha reabierto la investigación sobre la adjudicación del concurso de Aznalcóllar después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla revocara íntegramente el pasado 19 de octubre el auto de la juez de instancia por la que archivó el caso al apreciar "indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo" que podrían ser constitutivos al menos de un delito de prevaricación. ¿Cuáles son esas irregularidades? De un lado, se investiga por qué la presentación de la oferta que resultó ganadora se hizo en nombre de un consorcio formado por la compañía azteca Grupo México y la andaluza Minorbis (Magtel), a la que la Junta otorgó la explotación de los derechos mineros, y sin embargo la aceptación de la adjudicación se formalizó mediante un escrito presentado por una tercera empresa: Minera Los Frailes SL, controlada mayoritariamente por una filial de Grupo México a través de AMC Mining Iberia. Después de iniciarse la investigación judicial, la Junta ha emitido diversos informes en los que ha tratado de hacer ver que, para ella, la única licitadora era Minorbis y que todo obedece a un error que se fue arrastrando, pero ha mantenido la eficacia de la resolución de adjudicación a favor de Minorbis-Grupo México. De otro lado, la juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue si Minorbis "disponía o no de medios personales, económicos y materiales para asumir el pago de unos honorarios de 1.200.000 euros" por parte de AMC Mining Iberia (Grupo México) o si, por el contrario, fue un peaje por conseguir que el concurso se decantara a favor de esta oferta en detrimento de la de Emerita Resources por la supuesta afinidad de Magtel con el Ejecutivo socialista de Andalucía.
  3. ¿Alcanza políticamente a Susana Díaz? A la espera de que avance la instrucción judicial, la sospecha de irregularidades alcanza políticamente al Gobierno de Susana Díaz, al ser un proyecto no heredado sino pilotado por su gabinete. La puesta en servicio de este yacimiento sevillano después de casi 20 años de inactividad es uno de los proyectos 'estrella' del Ejecutivo de Díaz, que ve en la minería uno de los pilares del desarrollo económico de la comunidad. El anuncio del concurso se hizo con Susana Díaz ya en la Presidencia de la Junta y la adjudicación se dio a conocer en vísperas de las últimas elecciones andaluzas.
  4. ¿Se ha cobrado ya esta causa la imputación de altos cargos? Sí. La decisión de la Audiencia de Sevilla de ordenar la continuación de la instrucción del caso ha supuesto que recupere su condición de investigada María José Asensio, principal responsable del concurso para la adjudicación de la mina por su entonces condición de directora general de Energía y Minas. Cuando fue imputada antes del archivo de la causa, la presidenta andaluza se vio obligada a destituir a Asensio, restituida en el puesto cuando se archivaron las actuaciones. Fue una destitución... con reserva de plaza. Hoy, María José Asensio es la número dos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. También figuran entre los investigados otros altos cargos del departamento que dirige José Sánchez Maldonado por su vinculación directa con el proceso de adjudicación.
  5. ¿Qué documentación ha requerido ahora la Guardia Civil? La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la mañana de este lunes en la sede de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con un mandamiento del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla exigiendo la entrega de los correos electrónicos enviados por funcionarios y altos cargos que participaron en el procedimiento administrativo de licitación de la mina. Esta posibilidad se prevé en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y se justifica en aquellos casos es los que se desprendan que por esta vía se pueden obtener pruebas relevantes para la causa, si bien se circunscribe su aplicación a delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de una organización criminal y por terrorismo. Sobre el papel, los investigadores policiales y la instructora podrían obtener información interesante para esclarecer si se produjo el amaño del concurso, como sostiene la otra empresa finalista (Emerita Resources).
  6. ¿Cómo ha recibido la Junta esta medida? El Gobierno de Susana Díaz ha admitido este martes la presencia de los agentes de la UCO en la sede de la Consejería con un requerimiento para retirar documentación relativa al concurso de Aznalcóllar que no ha querido detallar. De forma pública, el discurso del Ejecutivo andaluz es el que viene esgrimiendo con otros casos de presunta corrupción: "Máxima colaboración con la Justicia". En privado, en el gabinete se reconoce la preocupación por la autorización de esta medida, que permitirá a los investigadores policiales acceder a correos que no guardan relación con el objeto de la causa. No hay discriminación. La Junta tendrá que hacer entrega de todos los emails enviados por los funcionarios y altos cargos que tuvieron algo que ver con la licitación. La duda que se plantea es si entre las cuentas de correo corporativas solicitadas se encuentra la del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que goza de aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su condición de miembro del Gobierno autonómico. En caso de apreciar indicios constitutivos de delito, la juez de instrucción tendría que elevar una exposición razonada ante el alto tribunal andaluz. Sea como fuere, la medida cuenta con el apoyo de la Fiscalía, según ha podido conocer este diario.
  7. ¿Se ha decretado el secreto de la causa completa? No, si bien la Lecrim prevé que, ante la solicitud de la intervención de la correspondencia, las actuaciones posteriores a la adopción de esta medida se sustanciarán "en una pieza separada y secreta". Es como ha procedido la juez Patricia Fernández Franco.