El grupo parlamentario Unidos Podemos quiere evitar que la Administración sufrague la defensa de aquellos políticos acusados por delitos de corrupción, que según la ley actual tienen derecho a ser representados por el cuerpo de Abogados del Estado en cualquier situación procesal. El ex magistrado Juan Pedro Yllanes, junto con la diputada Auxiliadora Honorato y el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, han presentado una proposición de ley para impedir que los implicados en causas relacionadas con  corrupción no cuenten con la asistencia jurídica de la Administración.

El texto registrado en el Congreso propone reformar la ley 52/1997 de noviembre, que actualmente establece en su artículo 2 que las autoridades puedan solicitar la defensa del cuerpo de abogados estatal cuando la causa esté relacionada con el cargo que ocupa, incluyendo aquí asuntos relacionados con corrupción o financiación ilegal. En su reforma, Unidos Podemos pide la inclusión de un  segundo apartado en el que figuren algunas excepciones y que los altos cargos no estén bajo el amparo económico del Estado en los casos en que la causa esté motivada por delitos de corrupción en los negocios o contra la Administración Pública.

"Estamos contra los privilegios por las cuales las autoridades se defienden a sí mismas usando los recursos de todos los ciudadanos", ha destacado Errejón, que ha insistido en la importancia de que los implicados en casos de corrupción "no cuenten con más recursos que los de cualquier ciudadanos". "Queremos asegurarnos de que los presuntos corruptos no cuentan con mas recursos a favor que cualquier ciudadano", ha apostillado.

En este sentido, Yllanes ha expuesto que los servicios jurídicos del Estado no deberán ejercer la defensa en casos de esta naturaleza independientemente de cuál sea la sentencia final. "Sea cual sea el resultado final del procedimiento, aunque sea una sentencia absolutoria, nunca debe justificar que los ciudadanos corran con los gastos de la defensa jurídica de estas personas", ha apuntado el ex magistrado.

Honorato, diputada por Sevilla y responsable de Acción , ha señalado que "acabar con  la corrupción es una cuestión de voluntad política" y  ha denunciado que la legislación actual "permite defender jurídicamente a los altos cargos implicados en corrupción". En este sentido, ha destacado lo "sangrante" de la situación, en la que "el ciudadano tenga que defender ladrón que le ha desvalijado la casa". Así, ha confiado en  que el resto de administraciones autonómicas asuman esta reforma "para evitar casos como el de Andalucía, donde los andaluces tuvimos que costear la defensa de los implicados en el caso de los ERE".