El 18 de junio de 1970 La Vanguardia Española traía en su primera –que, en razón de las cuatro páginas anteriores en huecograbado, era en realidad la quinta– una nota titulada A partir de las cuatro de la tarde, festivo, abonable y sin recuperar. La nota la había emitido la Delegación Provincial de Trabajo a raíz de la visita a Barcelona de “Su Excelencia el Jefe del Estado” y coincidiendo con su llegada a la ciudad. Se trataba, sobra añadirlo, de una práctica habitual. Habitual en los regímenes totalitarios, donde el Estado ejerce su potestad de premiar o castigar, según le convenga, a quienes considera sus trabajadores, y habitual, por lo tanto, en la España de entonces. 

Como es lógico, en ésta y en las demás visitas del dictador a Cataluña –o en cualquiera de sus múltiples viajes por el territorio nacional– las horas de holganza tenían como objetivo facilitar la movilización ciudadana o, por usar el lenguaje de aquel régimen, la adhesión popular a la figura del Caudillo. Y, a juzgar por las imágenes que se han conservado de esa jornada, con las calles barcelonesas rebosantes de un público jubiloso y en apariencia entregado, justo es reconocer que el objetivo se alcanzó con creces.

​Algo similar parecía perseguir hace unos días la consejera de Gobernación de la Generalitat catalana, Meritxell Borràs, cuando además de afirmar que “vería bien que los funcionarios se cogieran un día de asuntos propios para ir a apoyar a Mas” y compañía el 6 de febrero, en el juicio que les aguarda por la celebración dela consulta del 9-N, añadió que lo creía “incluso necesario”. El modus operandi difiere, ciertamente, del empleado en la España franquista, acaso porque el actual Gobierno de Cataluña carece, muy a su pesar, de un Estado propio.

El espíritu es la consideración del trabajador o del empleado público como un siervo, como un súbdito

Pero el espíritu que le anima es el mismo: la consideración del trabajador o del empleado público como un siervo, como un súbdito, como un mero ejecutor de los designios del régimen, personificado en la figura de un caudillo al que, se supone, todos deben adhesión. Con el agravante, en el caso de la consejera catalana, de que la movilización, promovida por las entidades separatistas habituales, ha sido convocada a las puertas de un tribunal de justicia y en apoyo de unos gobernantes que desafiaron la ley organizando un referéndum de autodeterminación ilegal.

​Aun así, no ha sido ése el único episodio de manipulación de los ciudadanos, de falta de respeto por sus derechos y libertades; por su dignidad, en definitiva, del que hemos tenido noticia estos días. Ni el único, ni el más grave. Porque la revelación del contenido de las conferencias que el ex juez y ex senador Santiago Vidal ha ido pronunciando en los últimos meses por distintos foros de la geografía catalana ha puesto al descubierto una trama perfectamente urdida desde el poder mismo de la Generalitat para controlar los bolsillos y las conciencias de la población catalana.

​Con la sonrisilla de conejo que suelen esbozar quienes están en el secreto de algo sumamente importante, este apóstol de la independencia de Cataluña se ha vanagloriado sin rubor alguno ante sus auditorios del cúmulo de ilegalidades que, según él, estarían cometiendo el Gobierno de la Generalitat y parte de la administracióna su cargo con tal de lograr la tan ansiada desconexión del Estado español. Por ejemplo, la ilegalidad consistente en disponer de una base de datos fiscales propios, empeño imposible a no ser que se contravenga la Ley de Protección de Datos. O la que se concreta en la elaboración de una lista con los jueces sospechosos de desafección, a los que se invitaría a abandonar Cataluña o, en caso de que optaran por permanecer en ella, a acreditar un nivel mínimo de catalán y aceptar someterse a un informe favorable de una comisión de evaluación. O, en fin, la ilegalidad de haber alcanzado acuerdos con gobiernos de otros Estados o con la propia OTAN para favorecer, de un modo u otro, la larga marcha hacia la independencia.

Todo régimen totalitario quiere controlar a los ciudadanos: eso es lo que está en juego en Cataluña y en toda España

​Cabría la posibilidad, claro, de que Vidal hubiera entrado en una suerte de ensoñación, o incluso en un desvarío; al fin y al cabo, se trata de algo propio de visionarios. Pero resulta que muchas de sus afirmaciones coinciden con otras ya expresadas, de modo más o menos explícito, por miembros del Gobierno o de la Administración de la Generalitat. Es el caso, sin ir más lejos, del secretario de Hacienda de la Generalitat, quien ha admitido en más de una ocasión estar elaborando una lista con los datos fiscales de los contribuyentes catalanes.Todo indica, pues, que el ex juez no estaría faltando a la verdad. Lo único que le habría traicionado es su locuacidad.

​Uno de los principales objetivos de cualquier régimen totalitario –y el que lleva construyendo el nacionalismo catalán desde hace años con total impunidad en la trastienda de nuestro Estado de las Autonomías se ajusta perfectamente a este modelo– es el control sobre los ciudadanos. Sobre su forma de pensar y de actuar. Sobre su libertad. O, si lo prefieren, sobre su propia condición de ciudadanos. Eso es lo que está en juego hoy en día en Cataluña y, por ello mismo, en toda España.