El llamado “caso Kutxabank”, que afecta al ex presidente de la entidad financiera que agrupó a las tres cajas de ahorro vascas, Mario Fernández, y al ex delegado del Gobierno en el País Vasco en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mikel Cabieces, ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Vizcaya. Tanto Fernández como Cabieces, además del abogado titular del despacho con el que trabaja la entidad financiera, Rafael Alkorta, están acusados de sendos delitos de administración desleal y falsedad documental.

La acusación popular y la Fiscalía les imputan haber trabajado en connivencia para colocar en el citado despacho de abogados a Cabieces, cuando éste abandonó sus responsabilidades políticas, y haberlo hecho de modo irregular y al margen de los procedimientos establecidos por la entidad y siguiendo directrices expresas del entonces máximo responsable de Kutxabank. De este modo, Cabieces, abogado de formación, habría recibido desde 2012 y durante casi tres años pagos por un importe superior total a 243.000 euros de modo supuestamente irregular y valiéndose para ello de los pagos que Kutxabank había hecho al despacho de Alkorta, con el que trabaja de modo habitual, y de los que una parte irían a manos del ex delegado del Gobierno.

El caso saltó poco después de que Fernández abandonara Kutxabank y fuera sustituido por Gregorio Villelabeitia al frente de la entidad. La enemistad entre ambos es evidente. Mario Fernández ha asegurado en varias ocasiones que se sintió engañado por Villelabeitia, tras comprobar que éste ponía en conocimiento de la Fiscalía el caso. Poco después Fernández aseguró que su defensa sería contundente y que no dejaría “heridos”. En su momento Fernández justificó este tipo de contrataciones en una "ley no escrita" según la cual las instituciones debían colaborar para dar acomodo a las personas que habían estado en la primera línea de la lucha contra ETA y que esta circunstancia se daba en el caso de Mikel Cabieces, delegado en el País Vasco desde 2008 hasta 2012.

El ex presidente de Kutxabank está acusado de contratar de modo irregular al ex delegado del Gobierno con Zapatero

En la vista preliminar celebrada hoy los acusados han evitado sentarse en el banquillo y han acudido ataviados con toga por su condición de abogados, lo que les ha permitido sentarse junto a sus defensas. Sus abogados han esgrimido la falta de “legitimidad” del proceso y de la petición de un delito de administración desleal cuando la principal perjudicada, Kutxabank, no ejerce acusación alguna y se ha limitado a poner los hechos “en conocimiento” del Ministerio Fiscal. Incluso han apuntado que si lo hizo es porque se vio obligada por los órganos de regulación bancaria, como el Banco de España. También se cuestionan la acusación de falsedad documental por no aclarar sobre qué documentos se basa. Ponen en da la instrucción que se ha hecho en aspectos como el análisis de información bancaria de algunos de los encausados, en relación al acceso a sus cuentas bancarias, y que habría supuesto una vulneración de su intimidad.

"Es una denuncia como un castillo"

La fiscalía considera que Mario Fernández se extralimitó en sus funciones "comprometiendo indebidamente fondos de la entidad" al impulsar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento "ajeno a los cauces establecidos” en la entidad financiera. El Fiscal ha subrayado que en este proceso existen indicios más que suficientes para acreditar una acusación como la que presente. Recuerda, por ejemplo que poco después de que el caso saliera a la luz el propio Mario Fernández procedió a devolver el importe abonado a Mikel Cabieces -243.592 euros- “lo que es un reconocimiento implícito de la irregularidad” con la que se le habrían realizado los pagos al ex delegado del Gobierno. La fiscalía ha señalado que la puesta en conocimiento de los hechos que hizo  Kutxabank de los hechos es por si “una denuncia como un castillo” y que viene acompañada además de informes emitidos por la propia entidad en este que son “contundentes” y “demoledores” de las irregularidades que se pretenden acreditar en la vista oral.

La Fiscalía recuerda que las irregularidades están avaladas por informes "demoledores" de la propia entidad financiera

La defensa de Mario Fernández, que la ejerce el magistrado Carlos Bueren, ha solicitado el sobreseimiento del caso, así como las de Mikel Cabieces y Rafael Alkorta. Todos ellos consideran que no se ‘pueden acreditar los delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental. La acusación popular la ejercen diversos sindicatos de Kutxabank y la lidera la abogada de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia. Tras la vista de las cuestiones preliminares, la sala debe decidir sí sobresee el caso total o parcialmente o si por el contrario mantiene las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Acusación popular. La próxima vista está prevista para el 14 de este mes.