La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de diez años de inhabilitación para el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir con la consulta del 9-N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.
En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición de condena, que incluye multas de 35.000 euros para el ex presidente catalán y de 30.000 para las dos ex conselleras. La acusación popular, por su parte, ha introducido cambios en su petición, al eliminar el delito de malversación de fondos públicos que llevaba asociada una petición de pena de prisión.
Mañana se cerrará la vista oral con la exposición de los informes finales de las partes, momento en que está previsto que el ex president tome de nuevo la palabra para defender su actuación del 9 de noviembre de 2014.
Los voluntarios lo encontraron organizado
Todo ello en una jornada dedicada a primera hora a las declaraciones de los testigos de la ex consellera Joana Ortega, centrados en intentar demostrar que ningún funcionario de la Generalitat participó como tal en la celebración de la consulta del 9-N. Los voluntarios ha reconocido, eso sí, que cuando llegaron ese día a los "colegios electorales" se encontraron la consulta organizada, gracias al trabajo previo de la administración autonómica.
También se han visto hoy las periciales de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la web creada por la Generalitat para guiar el proceso participativo, web que en sus declaraciones Mas, Ortega y Rigau aseguraron que no se podía detener porque ya había sido replicada por otras entidades. Los técnicos de la Guardia Civil han negado este extremo y han añadido que la web se siguió actualizando después del 4 de noviembre, fecha en la que el Tribunal Constitucional dictó la suspensión de la consulta por segunda vez.
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